En vísperas de Navidad, el juez de Garantías Diego González Pipino
dictó la orden de detención y la extradición contra el sacerdote
Alessandro De Rossi. El cura estuvo entre 2008 y 2013 en una vicaría en
el barrio San Isidro de la capital salteña, lugar donde funcionaba un
comedor y se realizaban tareas comunitarias con niños de escasos
recursos.
A lo largo de una investigación de dos años se juntaron pruebas que
comprometen gravemente al sacerdote en varios casos de pedofilia. El
cura, de origen romano, volvió a su país hace apenas unos meses, lo que
lo coloca en una situación beneficiosa, ya que Italia resiste
generalmente las extradiciones de los elementos de la curia que son
requeridos por diferentes motivos. Cuesta mucho no asociar su viaje al
avance de las investigaciones.
El verborrágico arzobispo salteño, Carginello, en esta oportunidad se llamó a silencio.
La curia encubrió los casos más escandalosos en nuestro país, como el
de Grassi. En Catamarca, el cura abusador de Fiambalá está resguardado
en el arzobispado de San Fernando. Igual destino corrió hasta ahora
Irrazábal, el cura entrerriano acusado de múltiples abusos a
seminaristas. Mientras en todo el país, oficialistas y opositores le
brindan honores al papa Francisco, los curas pedófilos siguen gozando
del pleno reconocimiento de la cúpula vaticana. Las medidas tomadas por
Francisco -2.500 excomulgaciones y 800 enclaustramientos de algunos de
los pedófilos denunciados- muestran los alcances potenciales de la
cantidad de abusadores que existe en la curia, el trato preferencial que
el Vaticano sigue teniendo con muchos de ellos y la continuidad del
reconocimiento para ejercer funciones sacerdotales, incluso de
condenados como ocurre con Grassi y Mercau en nuestro país.
No queremos más niños víctimas del abuso de las autoridades clericales,
que la asistencia social del Estado no se tercerice a través de la
Iglesia, que los curas pedófilos vayan a la cárcel sin privilegios -como
los que hoy goza Grassi- y por la definitiva separación de la Iglesia
del Estado. El arzobispo de Salta está inhabilitado para dar
recomendaciones sobre la moral y las normas de convivencia, cuando su
propia institución está recorrida no sólo por abusadores, sino de
impunidad y de encubrimiento por parte de las autoridades.
Desde los diferentes escaños parlamentarios que ocupa el Partido Obrero
local, presentaremos pedidos de informes sobre los niños derivados por
la Justicia y otros poderes a instituciones clericales, y reafirmaremos
el laicismo que debe primar reclamando la separación de la Iglesia de la
educación oficial.
No hay comentarios:
Publicar un comentario