La muerte del fiscal Nisman constituye un crimen de Estado. Es a partir
de esta caracterización que se deben sacar las conclusiones que
corresponden.
Se trata, en primer lugar, del último episodio de dos décadas de
encubrimiento de los atentados contra la embajada de Israel y de la
Amia, el cual involucra a todas las fuerzas políticas oficiales en
presencia que se han turnado en el gobierno en ese periodo, y a las
mayores instituciones del Estado, desde la Corte Suprema, los servicios
de inteligencia y las representaciones parlamentarias, incluso gobiernos
regionales como el de la Ciudad de Buenos Aires.
Es, en segundo lugar, otro momento de la guerra por el control del
poder judicial entre distintas fuerzas políticas, grupos económicos, el
gobierno nacional y las camarillas judiciales. En diciembre último, el
Poder Ejecutivo procedió a una purga del Servicio de Inteligencia, sin
brindar explicaciones, luego de algunos asesinatos mafiosos,
destacadamente el del llamado ‘Lauchón’, ordenado por otros servicios de
inteligencia, al cual se ha imputado vínculos con el narcotráfico y la
trata de personas. En el registro de este tipo de asesinato figura el
vinculado a la efedrina, cuyos participantes han sido aportistas a las
campañas electorales del oficialismo. La purga afectó al clan Stiuso,
que fuera reforzado con poderes excepcionales por el ex presidente
Kirchner. Alberto Nisman, según opinión unánime, formaba parte de este
círculo de espías.
El lado más oscuro del proceso que se ha abierto con esta muerte es la
consagración de un oficial de inteligencia, César Milani, como jefe del
ejército. Es imposible no ver en esta designación, predicada “en apoyo
al Proyecto Nacional”, el intento de centralizar las funciones de
espionaje, esto en el marco de la crisis con el Servicio de Inteligencia
comandado por Stiuso. El encumbramiento de Milani formó parte,
asimismo, de la doctrina de “Seguridad Democrática”, impulsada por el
ala progre y frepasista del kirchnerismo, que pretendía resolver las
repetidas acciones represivas del gobierno contra las luchas populares
por medio de una acción preventiva basada en informaciones de
inteligencia. De esta doctrina nació el Proyecto X de la Gendarmería
Nacional. La exclusión de una indagatoria al Servicio de Informaciones
del Ejército convertirá a cualquier investigación judicial de la muerte
de Nisman en una mascarada.
En cuarto lugar, la muerte del fiscal especial ha provocado un
estallido de las contradicciones insalvables de la política exterior del
oficialismo, en un asunto de interés estratégico para las potencias
imperialistas. En tanto el gobierno impulsó por vía judicial y en los
foros internacionales, la denuncia de la responsabilidad de Irán por los
atentados contra la embajada y el centro de la comunidad judía, esto en
consonancia con la orientación de Estados Unidos e Israel, otro sector
del mismo gobierno desarrollaba una actividad paralela de apoyo a los
distintos gobiernos del mismo Irán. Clarín y La Nación, por un lado, y
Tiempo Argentino y Página 12, por el otro, coinciden en que el fiscal
Nisman actuaba como operador de los servicios de inteligencia de
Estados Unidos e Israel. Los medios de prensa informaron, en ocasiones
reiteradas, de un acuerdo de seguridad y lucha contra el terrorismo
entre Estados Unidos y Argentina, que funcionaba como paraguas protector
de las relaciones entre los dos estados, frente a las reiteradas
controversias económicas que parecían oponerlos (Alca, por ejemplo). A
este acuerdo respondió la sanción de la ley anti-terrorista. El
Memorando de Entendimiento, que pretendía alcanzar “la verdad” de lo
ocurrido se inscribe en esta línea de acusación a Irán, poniendo al
desnudo la contradicción insuperable que llevaría a su fracaso.
La muerte del fiscal Nisman ha replanteado, de un modo trágico, el
estado de otros crímenes de estado, porque echa nueva luz sobre la
responsabilidad de los servicios de espionaje y de represión: desde el
asesinato de José Luis Cabezas, la masacre de Río Tercero y la
desaparición de Jorge Julio López, como igualmente, los asesinatos de
Kosteki y Santillán y de nuestro compañero Mariano Ferreyra, en los
cuales se encuentran involucrados la policía federal y la bonaerense.
Crisis política
Este crimen de Estado plantea una crisis política enorme. Si la
resolución de este crimen se confina a los despachos oficiales o
judiciales, o sea a “las instituciones”, el arbitraje lo tendrán los
mismos servicios de espionaje nacionales e internacionales responsables
de tantos encubrimientos. La alternativa a esta trampa mortal es la
intervención popular. Por eso el Partido Obrero plantea una campaña de
movilización política para que el Congreso Nacional interpele al Jefe de
Gabinete y al Ministro del Interior en sesión abierta y televisada,
para que el gobierno nacional responda a todas las indagatorias de los
representantes electos y en especial a los del Partido Obrero y del
Frente de Izquierda. Los responsables de esta crisis política no pueden
asumir la dirección de ninguna “reforma de las instituciones”, la cual,
en el mejor de los casos, no servirá para cambiar de perro sino
solamente de collar. El Partido Obrero, que plantea la disolución de los
aparatos represivos y el enjuiciamiento de sus jefes operacionales y
políticos, rechaza en forma terminante que esto pueda ser ejecutado por
este gobierno o cualquier otro que responda a los intereses de la
minoría capitalista explotadora que esos servicios protegen. La
reivindicación de la disolución de esos aparatos debe formar parte de un
planteo de conjunto que ponga su acento en la salida obrera y popular a
esta crisis política – de lo contrario sería distraccionista, sería
parte del arsenal desviacionista de los que hablan de la “reforma de las
instituciones” para salir del paso con un pagaré sin fecha.
Desde todas las tiendas políticas del sistema se lanzan planteos para
ganar tiempo e impedir un protagonismo popular. Esto ocurre con los que
quieren resucitar a la Comisión de Seguimiento, con los que quieren
confinar todo a la investigación judicial, o los que ahora anuncian que
“Nisman miente”, cuando se trata del mismo fiscal que el gobierno ha
apoyado en todos los foros internacionales.
Transición
La muerte de Nisman plantea el agotamiento de la transición política
que debía concluir con las elecciones de octubre próximo. Desde “el 54
por ciento” de CFK, en 2011, este agotamiento ha estado presente en
forma ininterrumpida, en especial por la crisis financiera, luego la
devaluación del peso y el enfrentamiento con los fondos buitres, más
tarde la recesión económica y la inflación. Ha estado al acecho
igualmente en las crisis por la ley de medios, las acusaciones contra
Boudou, Báez y CFK y familia. La política de todas las fuerzas
tradicionales en presencia (más bien de sus restos) ha sido dictada por
la necesidad de llegar (‘con muletas’) a la renovación presidencial en
las urnas. La muerte de Nisman, un crimen de estado, pone al borde de
la ruptura esta transición, de ahí la apelación cada vez mayor a una
“unidad nacional” que evite el derrumbe de la transición política.
Mientras tanto, siguen desarrollando su acción disolvente los
desequilibrios económicos y la situación desesperante de la crisis
mundial, mientras se acrecientan las luchas populares contra las
tentativas de descargar la crisis capitalista sobre los trabajadores.
La crisis política integral y el agotamiento objetivo de la transición
política son un obituario para las fuerzas tradicionales en presencia,
que atraviesan, por otra parte, una aguda etapa faccional. En estas
condiciones, la izquierda y el movimiento obrero combativos emergen como
la única alternativa política a la descomposición del Estado. De lo que
se trata es que asuma la conciencia de esta situación y desarrolle un
fuerte liderazgo político en términos de programa, movilización y
organización. Que no acepte ninguna consigna distraccionista, por
radical que aparezca, pero que supone que el gobierno actual, los
partidos tradicionales y este mismo Estado tienen alguna reserva
transformadora. Solamente un gobierno de trabajadores pondrá fin a la
descomposición nacional y a la miseria prolongada y creciente de las
masas trabajadoras.
La crisis abierta exige enfrentar los nuevos pactos de impunidad entre
los partidos que gobiernan y que gobernaron: reclamamos una sesión
abierta del Congreso, sin límite de tiempo, televisada en directo, para
interpelar al gobierno, y a partir de ahí a todos los funcionarios que
aparezcan implicados en la interpelación, opositores u oficialistas,
incluida la Presidenta de la Nación. Reclamamos que se ponga en
funcionamiento la democracia que dicen reivindicar las fuerzas que
sostiene al sistema económico y político actual.
Rechazamos las “comisiones parlamentarias” clandestinas, o los debates
improvisados. Las propuestas de “comisiones investigadoras
independientes” también adolecen de un defecto distraccionista, porque
ninguna comisión podría ser efectiva sin los recursos del Estado, que es
el que está en cuestión. Hay que dar una respuesta a la crisis política
que se desarrolla delante de nuestros ojos, evitar que se disipe en la
dilación que lleva al encubrimiento. Las ‘salidas institucionales’ están
condicionadas a la naturaleza de la salida a la crisis política
inmediata. En función de esta caracterización reclamamos que el Jefe de
Gabinete y los ministros de las áreas involucradas comparezcan ante el
Congreso, en una sesión pública transmitida para todo el país, y que se
presenten en la misma todos los archivos de las fuerzas de espionaje
desde el atentado de la AMIA hasta la fecha. En una sesión de este tipo
cada fuerza política tendrá que explicitar sus programas y dar cuenta
también de sus responsabilidades, en los períodos que fueron gobierno.
Una sesión pública de este tipo, que transparente ante el conjunto de
la población lo sucedido, será también una confrontación de programas y
de posiciones, para clarificar qué intereses defienden cada partido
político.
El Partido Obrero, integrante del Frente de Izquierda, adelanta que a
una sesión de este tipo planteará el esclarecimiento de todos los
crímenes políticos o mafiosos de los últimos treinta años; la apertura
de los archivos de la dictadura y de todos los servicios incluidos los
del ejército (la ‘confidencialidad’ ha perdido toda utilidad y se ha
convertido en una amenaza contra la nación); los de la cancillería; la
expulsión de Milani, acusado de crímenes de lesa humanidad; la conexión
con los servicios extranjeros (CIA, Mossad, M15 inglés, alemán); y
apoyará todas las ponencias que sirvan para poner fin al estado de la
conspiración política permanente.
Por un gobierno de la izquierda y los trabajadores
Comité Nacional del Partido Obrero
25 de enero de 2015
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