Edición
Impresa #1351
| Por A. Guerrero
El juez federal Daniel Bejas dio por válida una copia del informe
confeccionado por César Milani, en 1976, que da por desertor al soldado
Alberto Ledo, secuestrado y desaparecido por los militares. Ahora, la
familia de Ledo denuncia que es objeto de seguimientos y espionaje. Pues
bien: la nueva ley de inteligencia, que cambia la razón social de la
Secretaría de Inteligencia, deja en manos de ese hombre, de un represor
de la dictadura, ese aparato mafioso, esa cueva clandestina e ilegal que
es la Side, cualquiera sea el nombre que le pongan. Lo hace mediante un
artilugio: al disolverse la Dirección de Inteligencia Criminal, las
cuestiones relativas al narcotráfico pasarán, tal como pretende el
Pentágono, a la órbita del Ejército; es decir, de Milani. Otro logro
notable del gobierno K en materia de derechos humanos: el haber devuelto
a las fuerzas armadas un lugar relevante en la política nacional.
Las partidas presupuestarias de la Agencia Federal de Inteligencia
(AFI), dice la ley, "pasarán de ser reservadas a públicas". No es
cierto, porque un párrafo más adelante añade que "sólo serán reservados
aquellos fondos que se utilizarán en tareas de inteligencia cuya
publicidad pueda entorpecer su desarrollo". Es decir, en todas. Por
definición, las tareas de espionaje son secretas, reservadas, y
cualquier publicidad las arruina. Cuando aquel al que mandan a espiar
toca el timbre, la operación se estropea.
De esa plata salen lindezas como, por ejemplo, las coimas en el Senado,
los pagos secretos (corrupción) a jueces, camaristas y fiscales (muchos
de ellos convocantes al 18F), y por supuesto a periodistas. Y salen,
claro está, los fondos que alimentan el Proyecto X y tantos otros,
conocidos o aún secretos, para espiar a militantes de izquierda o de
movimientos sociales, sindicalistas, políticos opositores y periodistas
molestos (o que cobran en otra ventanilla). Y, en el caso que ocupa en
estos días las primeras planas, de ahí se pagó buena parte de todo el
armado que Alberto Nisman y Antonio "Jaime" Stiusso hicieron del caso
Amia por cuenta de Néstor Kirchner (recuérdese aquel "pibe, Stiuso va a
trabajar con vos", de NK a Nisman en 2004). Esa "investigación" fue
dictada, según admitió el propio Nisman, por la CIA, el FBI, el Mossad y
el espionaje alemán para orientar la causa hacia Irán, como pretendían
Washington y el sionismo. Toda esa canallada encubridora es pagada con
dineros públicos, con plata del pueblo.
Barril sin fondo
La Secretaría de Inteligencia (SI) tiene en el presupuesto 2015 una
asignación de 800.800.000 pesos, y otros 568.500.000 pesos se lleva el
espionaje del Ejército (había tenido en 2010 un presupuesto de
168.200.000 pesos, un aumento del 250 por ciento). En un país
supuestamente sin hipótesis de conflicto externo, corroído internamente
por el narcotráfico, el contrabando y la criminalidad de todo tipo, el
espionaje interior se lleva más de 1.300 millones de pesos sólo entre la
Side y el Ejército (faltan la Policía Federal y las provinciales, los
organismos de seguridad y las otras dos fuerzas armadas).
El descontrol
¿Control político a los servicios? Es un absurdo. Desde diciembre de
2001, cuando se aprobó la ley de inteligencia que ahora se modifica en
beneficio de Milani, se instaló una llamada Comisión Bicameral de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encargada
precisamente de ese control. Ahí están todos, desde macristas y
radicales hasta los "socialistas" del narco y la soja en Santa Fe. Desde
2004 esa comisión no presenta los informes anuales que está obligada a
elaborar, y casi ni siquiera se ha reunido. Todos son cómplices y
encubridores de Stiuso y de toda la porquería de los servicios. Por eso
nadie quiere hacer demasiadas olas con la Secretaría.
Por eso, hagamos que el 24 de Marzo sea multitudinario, para que se
vaya Milani, para que se abran los archivos de la Side, para que se
desmantele el aparato de conspiraciones permanentes contra el pueblo.
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