18F: CONVOCAN ENCUBRIDORES
El 25 de enero pasado, una declaración de nuestro partido, Partido Obrero, caracterizó la muerte del fiscal Alberto Nisman, como “un crimen
de Estado”.
La caracterización apuntaba, en primer lugar, a la responsabilidad
política de los gobiernos que orientaron a los servicios de espionaje
desde que se tenga memoria y al gobierno en funciones de la última
década, y denunciaba, por otro lado, la prolija y tenaz política de
encubrimiento de esos aparatos por parte de esos gobiernos y del
gobierno actual. En esta trama conspirativa tuvo un papel relevante el
poder judicial, en la persona de jueces y fiscales, entrelazados con los
servicios de inteligencia y condicionando sus investigaciones y
sentencias a esos servicios y a los intereses económicos y políticos de
turno.
¿Escapa a esa caracterización la trayectoria de los fiscales, jueces y
políticos que ahora convocan a una “marcha del silencio”, que declara
como objetivo “proteger la independencia del poder judicial” y reclamar
“verdad y justicia” en la investigación de la muerte de Alberto Nisman?
¿Puede servir contra la impunidad una acción que cuenta con la simpatía
y el apoyo de una parte de los mismos servicios de espionaje que forman
parte del encubrimiento?
Si la aspiración es la verdad, ¿por qué no exigen la apertura de los archivos secretos de los aparatos de espionaje?
Justicia de cómplices
Ninguno de estos jueces y fiscales denunció nunca, en el transcurso de
décadas, el maridaje de los gobiernos de turno y el poder judicial al
que servían con los servicios de espionaje. La autoría del atentado a la
embajada de Israel, que tiene a su cargo la Corte Suprema, sigue
envuelta en la oscuridad. La Side hizo su prolijo trabajo de
encubrimiento de la desaparición de Jorge Julio López, pero ningún
fiscal pidió el allanamiento de su sede ni la indagatoria de sus jefes.
Ningún fiscal reclamó la investigación del rol de los servicios de
inteligencia de la policía en el despliegue de francotiradores durante
la movilización que culminó en el asesinato de Kosteki y Santillán. Ni
en este caso ni en el del asesinato de nuestro compañero Mariano
Ferreyra, se impulsó la investigación del poder político que liberó las
zonas para esos crímenes – en un caso el gobierno de Duhalde y su
gabinete, en el otro el de Cristina Kirchner y sus laderos.
Nadie salió a una marcha de silencio cuando fue puesta en evidencia la
existencia de un plan de infiltración de las organizaciones populares,
denominado Proyecto X. Tampoco para defender la justicia de las luchas
obreras.
El juez Larrambebere y el fiscal Raúl Plee, convocantes a la marcha,
fraguaron con otros 'juristas' alfonsinistas una causa falsa – como se
comprobó - contra toda la dirección del Partido Obrero, en 1989, que
habrían debido llevarlos a un juicio político y a la destitución. El
fiscal Stornelli, ex ministro de Scioli y ex jefe político de la
bonaerense, carece de autoridad para reclamar contra el encubrimiento.
Todos sirvieron a la Corte de la 'servilleta' de Menem; han dejado en
la impunidad los asesinatos para policiales del 19 y 20 de diciembre de
2001. La Justicia es cómplice con el estado de impunidad que rige en
todo el país, en especial para la mafia de la trata de mujeres y niños, o
los asesinatos del 'gatillo fácil'.
Hasta el día de hoy sigue en la nada la investigación por los incendios
de trenes del ferrocarril Sarmiento, a pesar de las conexiones entre el
grupo Cirigliano y el intendente Otacehé y el eterno alcahuete Aníbal
Fernández.
Toda esta conducta encubridora de fiscales y jueces justifica el
planteo del Partido Obrero para que sean elegidos y revocables por el
voto popular.
Descomposición del Estado
El poder judicial y el ministerio público 'compraron' la línea de la
responsabilidad iraní en los atentados de 1992 y 1994, que impuso el
gobierno nacional, incluso desde la tribuna de la asamblea general de
las Naciones Unidas, sin pruebas fehacientes, por indicación de
servicios de espionaje extranjeros. Esta complicidad se encuentra en la
base del proceso que culmina con la muerte de Nisman – un crimen de
Estado.
El gobierno ataca 'post mortem' al fiscal Nisman, cuando fue su agente judicial durante casi diez años.
La 'línea iraní' ha servido para encubrir a los servicios de espionaje
locales que participaron en esos atentados criminales y en el sabotaje a
su investigación.
Los políticos, como Sergio Massa y Alberto Fernández, que apoyan la
marcha, han sido funcionarios del gobierno actual y por lo tanto
responsables del ocultamiento de la verdad que hoy reclaman. Macri, otro
animador, enfrenta un proceso judicial por espionaje, aliado a Fino
Palacios, también procesado por encubierto en el atentado a la Amia. El
resto de la casta política convocante integró los gobiernos precedentes,
donde se cultivó con esmero la serpiente y sus huevos.
No estamos ante una convocatoria por “la memoria, la verdad y la
justicia”, sino ante algo muy diferente: a la progresiva descomposición
de un sistema político que se ha convertido en una amenaza para la
inmensa mayoría del país. Esto, en el comienzo de la campaña electoral.
Al mismo tiempo, se trata de una polarización ficticia, porque han sido
socios durante décadas en el mismo sistema de complot contra los
intereses del pueblo.
Necesitamos una marcha sí, pero para exigir, en primer lugar, para que
el gabinete comparezca ante el Congreso para una interpelación
televisada.
Necesitamos una marcha para exigir la apertura de los archivos de la ex
Side y de todos los servicios de espionaje, y para imponer la
destitución de Milani y la investigación de todas las operaciones del
servicio de inteligencia del ejército, tanto en Argentina como en Haití,
donde opera como una fuerza ocupante desde hace una década, al servicio
del imperialismo norteamericano.
Para poner fin a la impunidad policial y judicial que está vigente en todo el país
Deben abrirse los archivos de la Cancillería, no solamente para
clarificar los acuerdos con Irán sino, por sobre todo, los diez años de
acuerdos con Estados Unidos bajo el rubro de la “lucha contra el
terrorismo”. Es esta política kirchnerista la madre de la injerencia de
la CIA y el Mossad en los aparatos nacionales de espionaje.
La convocatoria a las calles de una parte del poder judicial y del
ministerio público, contra el gobierno, muestra que los intereses
dominantes y sus partidos de siempre no pueden seguir gobernando como lo
venían haciendo, ni tienen idea de cómo hacerlo de aquí en más. Esto
explica la disgregación del oficialismo, que deja jirones propios para
lograr un salvataje de Scioli, así como las disputas facciosas de la
oposición. Es el impasse de la sociedad capitalista a nivel político y
del Estado.
Los trabajadores y el Estado
Rechazamos la decisión inconsulta de los sindicatos oficialistas de
alinearse con el gobierno y el PJ y la decisión inconsulta de la
burocracia sindical opositora de apoyar una marcha convocada por los
cómplices de este mismo sistema.
Llamamos a los trabajadores a deliberar sobre la crisis abierta con la
muerte de Nisman -un crimen de estado- , para poder desarrollar una
salida política independiente de conjunto, que satisfaga nuestras
reivindicaciones sociales e imponga una completa libertad política.
Los servicios de espionaje son el sistema nervioso del Estado y
responden a la orientación social y a la estructura de ese Estado. Por
un lado, espían y conspiran contra los trabajadores y sus
organizaciones, en función de los intereses de las diversas patronales y
de la burguesía en su conjunto, y por otro lado 'operan' a favor de
determinados sectores contra otros de esa burguesía, como expresión de
las contradicciones de clase que son propias del capital. Estas
condiciones no las va a cambiar que las “escuchas” sean responsabilidad
de la Procuración o de la Corte, ni tampoco van a impedir la acción
ilegal de los servicios, que gozan de la completa inmunidad de ese mismo
estado, en calidad de 'guardianes' de sus secretos. La llamada
oposición quiere sustituir a un Milani por otro. Para destruir este
sistema de conspiración contra los trabajadores y la mayoría del pueblo,
es necesario suplantar este Estado por otro que responda al interés
colectivo de los trabajadores.
Preparemos una respuesta del pueblo trabajador.
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