Roberto Carlés, el militante kirchnerista propuesto por el Ejecutivo
para integrar la Corte en reeemplazo de Raúl Zaffaroni, no encuentra
respaldo ni en su currículum ni en su trayectoria. Tampoco en el número
de votos que la Casa Rosada podría reunir en el Senado. En cambio, el
postulante del oficialismo encontró otra clase de respaldo, que puede
ser decisivo: Bergoglio lo recibió en el Vaticano y le dio su bendición.
El "cuiden a Cristina" del obispo de Roma ha pasado a ser política
activa de la facción de la curia que respalda a Francisco. Además, el
gesto papal es toda una señal al Poder Judicial cuando el gobierno busca
una tregua con los despachos de Comodoro Py.
Notablemente, la oposición patronal ha recibido la tregua judicial del
gobierno con mucha calma. Es lógico. Mauricio Macri, por ejemplo, no
puede tener interés alguno en remover la basura del encubrimiento al
atentado a la Amia, puesto que él mismo es parte de ese encubrimiento;
al menos, su policía de confianza es el represor Jorge "Fino" Palacios,
otro alcahuete de la CIA y el Mossad, procesado por encubridor en el
caso del atentado (él mismo busca su propia tregua judicial: quiere ser
sobreseído en la causa por las escuchas ilegales y la red de espías en
la Ciudad). Ni hablar de Sergio Massa y Daniel Scioli, que fueron
kirchneristas de la primera hora y parte orgánica del gobierno.
El Poder Judicial, que mayoritariamente fue una agencia del
kirchnerismo (el gran papel para que así fuera lo tuvo "Jaime" Stiuso,
operador de la Side en Tribunales desde los tiempos de Menem), giró
luego hacia la oposición, puso al gobierno bajo sitio y lo cercó con
diversas causas. Ahora, los jueces negocian un respiro. El caso por el
asesinato de Alberto Nisman promete perderse entre las maniobras
combinadas de encubrimiento de la fiscalía, la querella y el Ministerio
de Seguridad. En la unidad fiscal encargada del caso Amia, donde Nisman,
Stiuso y compañía pergeñaron la novela de la CIA y el Mossad, está
ahora al frente Juan Patricio Murray, del Movimiento Evita, un fiscal
represor que se especializó en mandar a la policía a levantar cortes de
rutas. Hasta puede zafar Amado Boudou, porque el juez a cargo del caso
Ciccone, Ariel Lijo, escucha a su hermano Alfredo, lobista de Julio de
Vido en Comodoro Py. Falta saber qué hará Claudio Bonadío con el asunto
de Hotesur, que podría terminar con la indagatoria y el procesamiento de
Máximo Kirchner.
Ahora, puesto que los camaristas desestimaron la denuncia de Nisman,
Cristina y los suyos han dejado de referirse al "partido judicial". La
soga de las causas judiciales, de todos modos, no dejará de apretar
extorsivamente el cuello de la camarilla oficial. Su propósito es
asegurar que la transición política transcurra en los carriles trazados
del capital financiero y sus candidatos. Los K, hundidos en el barro de
sus propias corruptelas, no tienen condiciones para enfrentar ese
chantaje.
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