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Impresa #1375
| Por Christian RathEn su encuentro con unos 3.000 dirigentes de unos 100 gremios, una mayoría de la CGT oficialista y una minoría de la opositora, Scioli se declaró defensor del modelo de sindicatos por actividad, del fortalecimiento del régimen de obras sociales y del Acuerdo Económico y Social.
Es el planteo casi textual hecho por Macri tiempo atrás, al proponer "un pacto social para acordar niveles de precios y salarios de manera anual" (Clarín, 23/3).
O por Massa y Margarita Stolbizer, sólo que en este caso la propuesta incluye la formación de un gobierno de coalición, lo que desnuda la pretensión de Progresistas de cogobernar con el PRO.
La propia CFK, en el reciente anuncio del nuevo salario mínimo, lamentó
no haber constituido un Consejo Económico y Social durante su gestión.
Tal unanimidad no debería dejar de lado un dato. Hugo Moyano y su hijo
Pablo, secretario general de Camioneros, han declarado su neutralidad en
los próximos comicios, cuando hace más de tres meses Moyano padre había
llamado al conjunto de la CGT que dirige a "no votar oficialistas"
(Clarín, 16/4). El viraje tendría que ver, más allá de la incertidumbre
electoral, con la decisión de presentarse como hombre no comprometido en
función de un eventual acuerdo.
También la UIA, ¿la Corte?
En la reciente conferencia de la Organización Internacional de Trabajo,
la delegación de la UIA comprometió al secretario general de la OIT "a
asistir al congreso de septiembre de esa asociación de empleadores en la
que se anunciaría ante los candidatos presidenciales, la propuesta de
celebrar un acuerdo social que consagraría la moderación salarial"
(Clarín, 2/7). Se plantearía una negociación de "máxima centralidad"
cuya contraparte sería la asistencia del Estado al fundido sistema de
obras sociales que controla la burocracia sindical y una acción de todos
los signatarios de un acuerdo para defender el "modelo" sindical. Un
punto que involucraría a la Corte Suprema (ver nota adjunta).
"Así, el ajuste no es viable"
Esta fue la conclusión de los economistas asesores de los distintos
candidatos patronales en el debate organizado por la UIA, inmediatamente
después del enorme paro general del 9 de junio. En mayo, el gobierno
había ordenado no aceptar acuerdos paritarios que superaran el 26%, lo
que no cubría la inflación de 2014 ni la prevista para el año.
Sólo un mes después, la Federación Aceitera arrancó un mínimo
equivalente al costo de la canasta familiar, luego de una huelga general
de 25 días, destrozando aquel tope. Por sus reclamos y sus métodos, la
huelga abrió un antes y después en la intervención del movimiento
obrero.
Lejos de apoyarse en este impulso la burocracia sindical apretó los
frenos y se empeñó en una tregua hasta el día de hoy y que con
seguridad, se prolongará al nuevo gobierno con el pretexto de que recién
acaba de asumir.
Peor aún, convenios posteriores a los del primer semestre se
extendieron a 18 meses, planteando un cuadro de paz social hasta el
primer trimestre o la mitad de 2016.
Agenda obrera
La intervención de la clase obrera, al desafiar el tope a las
paritarias, ha introducido un hecho nuevo en la situación política.
Confronta con la agenda de los candidatos del ajuste.
La burocracia ofrece la tregua en oposición a esta agenda y como prenda
a un Acuerdo. Fabula con un "pacto social" que reparta los costos de la
crisis y limite la posibilidad de una lucha aguda. La contraparte
debería ser un gobierno de unidad nacional, una perspectiva que nace en
crisis por la descomposición del PJ y del resto de partidos políticos.
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