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#Prensa Obrera 1379
| Por Christian Rath
La Corte Suprema de Justicia convocó, para el próximo 10 de septiembre,
a una audiencia pública sobre un tema crucial: cuáles son las
organizaciones habilitadas legal y constitucionalmente para disponer
medidas de acción directa en un conflicto laboral. Todo trabajador tiene derecho en un conflicto a tomar medidas de accion incluso contra la voluntad del o los sindicatos de la actividad
La convocatoria a la audiencia fue resuelta a raíz de una lucha que
llevaron adelante trabajadores del Correo sin el apoyo del sindicato de
la actividad, lo que derivó en el despido de 46 empleados.
Uno de ellos llevó su caso ante la Justicia. Un fallo de la Cámara del
Trabajo y otro de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones
consideraron que los despidos fueron discriminatorios, desde el momento
que los trabajadores fueron cesanteados por ejercer el derecho de huelga
y su ejercicio corresponde a cualquier colectivo de la actividad u
oficio aunque sus integrantes no estén afiliados a un sindicato.
El gobierno -el Correo es una empresa estatal administrada, además, por
la burocracia sindical de Foecyt- apeló y elevó un recurso a la Corte
impugnando este criterio y ésta convocó a la audiencia, habilitando la
presencia de "amicus curiae", es decir instituciones o personas
interesadas en fijar posición en este debate.
Un debate clave en tiempos de ajuste
La burocracia sindical de ambas CGT ha planteado que la titularidad del
derecho de huelga corresponde sólo y exclusivamente a las
organizaciones con personería gremial, lo que significa dar vía libre a
la represión patronal cuando una asamblea, cuerpo de delegados o
cualquier otra instancia colectiva emprenda acciones de lucha. Es lo que
se supone defenderá la UIA, que también ha pedido su participación en
la audiencia.
La Corte produjo fallos -en medio de la crisis política con el
gobierno, dos años atrás- a favor del reconocimiento de reclamos de
sindicatos simplemente inscriptos, pero no se pronunció taxativamente
sobre el derecho a decretar la huelga por parte de estas organizaciones.
Como jamás reparó en la situación de centenares de sindicatos que
reclaman su simple inscripción y no la tienen, por la "losa" impuesta
por el gobierno.
El derecho de huelga no se toca
Si se apela a esta historia, puede decirse que el derecho de huelga
seguirá en peligro, sobre todo cuando la totalidad de los candidatos que
dominan el escenario político tienen como centro de sus preocupaciones
inmovilizar al movimiento obrero en una etapa de devaluación, ajuste y
contención de salarios. Finalmente, en la supuesta década ganada, la
política del gobierno fue respetar a rajatabla el monopolio de la
representación sindical por parte de la burocracia sindical, un
monopolio garantizado no por la soberanía de las asambleas sino por la
acción despótica del Estado. La ley sindical que establece este régimen
dictatorial fue vuelta a poner en valor bajo el gobierno de la UCR en el
regreso al estado de derecho, como fruto de un acuerdo estratégico con
la burocracia y el peronismo.
Lo que guía la acción de la burguesía frente al movimiento obrero no es
la democratización de las relaciones al interior de los sindicatos,
sino la "máxima" del líder del PRO dirigida a la burocracia: "Yo los voy
a ayudar a frenar a los troskos que les están complicando la vida".
Exigimos y defendemos la más amplia libertad de organización, lucha y
representación sindical. La huelga es un derecho histórico inalienable
de la clase obrera, que hace a su existencia y a la de los sindicatos
que le responden.
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