Al cumplirse nueve años de la segunda desaparición forzada de Jorge
Julio López, el 18 de septiembre se llevaron adelante movilizaciones,
tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en La Plata, para exigir al
Estado su aparición con vida y el castigo a los responsables políticos y
materiales.
Convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, desde Congreso a
Plaza de Mayo marchó una multitudinaria columna de agrupaciones
políticas, estudiantiles y de derechos humanos.
Hasta el día de hoy, tanto el gobierno nacional como el provincial
llevan adelante una política de encubrimiento. La Policía Bonaerense y
los servicios de inteligencia del Estado jamás fueron investigados. En
la causa, a nueve años del secuestro, no hay sospechosos ni imputados,
ni detenidos. En cambio, el Poder Judicial apuntó en su momento a la
familia y a los los compañeros de López.
Cristina Fernández jamás lo ha mencionado en ningún discurso oficial.
El gobierno nacional permanece en absoluto silencio, consecuente con la
falta de investigación sobre su paradero. Aníbal Fernández dijo, a horas
de su desaparición, que podía estar tomando té en la casa de su tía.
Garantizar la impunidad y el encubrimiento ante la desaparición de
López significa mantener vigente el aparato represivo para servirse de
él a la hora de reprimir las luchas obreras, espiar e infiltrar
organizaciones. Este gobierno es el del Proyecto X, de la Ley
Antiterrorista, de los más de 5.000 procesados por luchar, de la
reivindicación de la condena a los petroleros de Las Heras y de la
complicidad con las patotas de la burocracia sindical.
En la misma sintonía, los juicios contra los represores continúan
desarrollándose cada vez más en cuentagotas, los únicos cinco acusados
por los crímenes de la Triple A fueron excarcelados, y el kirchnerismo,
con la complicidad del macrismo, avanza en el desguace del Banco
Nacional de Datos Genéticos.
Frente a todo esto, nos hemos movilizado una vez más por la aparición
con vida de Jorge Julio López y el juicio y castigo a los culpables.
Basta de encubrimiento e impunidad. Cárcel a Milani y a todos los
genocidas. Por un Banco Nacional de Datos Genéticos público y el acceso
universal al derecho a la identidad. Por la aparición con vida de todos
los desaparecidos en democracia. No a la judicialización de la protesta.
No a la represión de los que luchan. Juicio y castigo a los
responsables de los crímenes contra el pueblo.
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