El
gobierno decidió recurrir a la cadena nacional para festejar la
resolución de la ONU sobre la reestructuración de deudas soberanas. La
presidenta de la Nación y el ministro de Economía se jactaron de que
gracias a ellos tendríamos un "mundo sin buitres". Pero ¿hay motivos
reales para festejar o se trata de una puesta en escena para influir en
la campaña electoral?
La declaración no es vinculante para los países miembros de la ONU ni tiene efectos retroactivos. De acá podría desprenderse la conclusión de que no tiene consecuencias prácticas para el litigio entre Argentina con los fondos buitres. Pero esto es sólo en la mejor variante. Ocurre que el texto contempla puntos claves que refuerzan la posición de los buitres contra el país. Por lo pronto Paul Singer no debe ver con desagrado que "los términos y condiciones de los contratos originales seguirán siendo válidos hasta que sean modificados por un nuevo acuerdo formal" (punto 7), ni el rechazo a la "discriminación de los acreedores" (punto 5). Especialmente grave es el "pri! ncipio de transparencia que debe promoverse para aumentar la rendición de cuentas de los interesados" (punto 5), pues legitima el fallo Discovery de la Justicia de los EE.UU., que le permite a los fondos buitres reclamar información sobre los activos argentinos en el exterior y trabar embargos sobre ellos.
A su favor, el gobierno podría alegar que la resolución de la ONU convoca a los Estados a introducir cláusulas de ‘acción colectiva’ en los títulos de deuda soberana, de manera tal que una minoría de acreedores no pueda impedir una reestructuración de deuda aceptada por la mayoría. Sin embargo la experiencia internacional muestra que incluso allí donde estas cláusulas fueron incorporadas una minoría de acreedores ha logrado fallos favorables. La pretensión ! de imponer una ‘ley de quiebras’ a escala internacional choca con las rivalidades entre países y diferentes fracciones del capital financiero.
A la luz de lo dicho, el festejo es un acto de encubrimiento de parte de un gobierno que, a pesar de haber pagado más de u$s 200.000 millones, termina su mandato con la deuda pública más alta de toda la historia nacional (aproximadamente u$s 300.000 millones cuando luego del canje del 2005 era inferior a los u$s 150.000 millones). Por eso, y mientras se trasmitía la cadena nacional, los emisarios de Daniel Scioli, viajaban a EE.UU. para buscar un acuerdo con los fondos buitre, en los términos fijados por el fallo de Griesa. En los planes económicos que se pergeñan para la sucesión, la normalización de la deuda en default es un paso necesario para proceder a un nuevo ciclo de endeudamiento, que apuntale la megadevaluación del peso que se prepara para transferir el pago de la factura de la crisis a los trabajadores.
De las seis listas que se presentan a las elecciones la única que da garantías de rechazar un acuerdo antinacional con los buitres y de enfrentar un ajuste contra el pueblo en el Congreso es el Frente de Izquierda.
Gabriel Solano
@solanopo
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