A pocas semanas del fin de su mandato, el gobierno kirchnerista realizó
un nuevo rescate a la Ley de Educación Superior (LES) vigente desde
1995. La urgencia de sobreactuar una diferenciación con el macrismo
logró reactivar un proyecto de la diputada del FpV, Adriana Puigróss,
que hace dos años dormía en el Congreso por decisión del propio
oficialismo. La reforma a las apuradas de un par de artículos no puede
ocultar que su contrapartida es la convalidación del 99% del edificio
antieducativo montado por la LES menemista. No por casualidad tanto
radicales como macristas apoyaron las modificaciones de Puigróss, a
sabiendas de que el negocio capitalista con la educación superior se
mantendrá incólume.
Lo que sigue
A pesar de las promesas sobre "pensar nuevos mecanismos de
acreditación", se mantiene la conformación de la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) creada por la LES. Se
trata de una violación flagrante de la autonomía universitaria, ya que
el organismo regulador de las carreras tiene una mayoría impuesta por
los poderes Legislativo y Ejecutivo. Esta autonomía sólo es invocada
cuando sirve para vulnerar los derechos laborales de docentes y no
docentes. En la Coneau, las universidades públicas cuentan con uno de
doce integrantes, quedando en igualdad de condiciones con las privadas.
Esta equiparación es el corazón de la LES, que se mantiene intacto. La
consecuencia, en estos 20 años, fue la progresiva descalificación de las
públicas favoreciendo el crecimiento de la matrícula privada.
Otro punto significativo es la reafirmación del régimen de camarillas,
contra el cual la Fuba y el movimiento estudiantil y docente combativo
se han venido movilizando sistemáticamente desde el año 2006. El sistema
universitario queda ratificado en su forma piramidal. En la medida en
que se eleva el nivel de jerarquía los órganos son cada vez más
antidemocráticos, al punto que el Consejo Interuniversitario Nacional
(CIN) directamente no contempla la participación de estudiantes.
Lo que cambia
Al margen de la declamación de algunos derechos que no se cumplen, la
zanahoria del proyecto se refiere al ingreso y la gratuidad.
En referencia al primero existe mucho verso, ya que el ingreso "libre e
irrestricto" que se proclama contra los exámenes no rige en el caso de
los llamados "cursos de nivelación". Bajo esta fórmula encubridora se
esconden mecanismos expulsivos que rigen en la inmensa mayoría del país.
En una concesión a la lucha del movimiento estudiantil platense, la
reforma de Puigróss elimina la polémica cláusula del artículo 50 de la
cual se valió la Corte Suprema en 2008 para autorizar el examen de los
"bochazos" masivos en Medicina. Sin embargo, los "ciclos iniciales"
cumplen un papel similar en Rosario o en la UBA, donde el CBC deja
afuera al 50% de la matrícula. Peor es incluso la situación en las
universidades del conurbano dirigidas por el kirchnerismo: allí los
"sistemas de nivelación" -como el "CAE" de General Sarmiento o el "curso
de ingreso" de Quilmes- producen verdaderas masacres (materias como
lógica son reprobadas por el 80% de los aspirantes).
Sobre la gratuidad, la reforma se limita a establecerla en el grado, lo
que es un retroceso frente al decreto de 1949 de Perón que la fijaba
para el conjunto de la enseñanza superior. La norma apunta a proteger el
filón del negocio, que pasa por los posgrados arancelados y los
convenios con empresas. Los "recursos propios" se multiplicaron bajo la
última década dando lugar a toda clase de corruptelas.
Resquicios
La UJS impulsa el debate y los pronunciamientos en centros y
federaciones frente a este nuevo rescate a la LES. Allí donde la nueva
normativa abre un resquicio, dejando en offside a exámenes u otras
variantes limitacionistas, promovemos la convocatoria a asambleas
extraordinarias para tomar la iniciativa y reclamar su eliminación.
Estas luchas deben unirse a la formulación de un programa propio del
movimiento estudiantil frente al recambio de gobierno, que plantee el
financiamiento único estatal, la supresión definitiva de la LES, el CIN y
la Coneau, el establecimiento de la gratuidad en todos los niveles, del
fin de la precarización laboral en las universidades y la
democratización del cogobierno. No debemos olvidar que incluso la
gratuidad del grado fue conquistada a través de grandes luchas que
enfrentaron a gobiernos como el de López Murphy y De la Rúa -aquel que
Puigróss integró junto a decenas de funcionarios K-. Aquellos que se
apuraron a celebrar las modificaciones como un "triunfo histórico" (La
Mella) no pretenden más que justificar su apoyo a Scioli en el balotaje.
Pero mientras recibe votos por izquierda, el candidato del FpV postula
como ministro de Educación a Barbieri, el rector ultra-privatista aliado
a Franja Morada. Más que nunca, la defensa de la universidad pública
requiere de un movimiento estudiantil y docente que luche de forma
independiente.
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