28 de diciembre de 2015
En el primer día crítico de calor, consumo de energía y cortes masivos
de luz, el ministro de energía Aranguren tuvo oportunidad de explicar en
qué consiste la “emergencia eléctrica” de su gobierno. Cualquiera puede
pensar que ese concepto se relaciona con medidas elementales para
paliar las consecuencias de los cortes, desde el suministro de agua a
los barrios afectados hasta la instalación de generadores móviles.
Pero nada de esto se le escuchó a Aranguren.
La mayor novedad de la “emergencia” oficial consistiría en poder
consultar, en la página del Ente Regulador del servicio (ENRE) a qué
hora o día aproximados nos devolverían la luz. Por lo demás, el
ministro ni siquiera anunció restricciones de consumo en grandes
luminarias o carteleras de publicidad, una medida básica para preservar
al consumidor residencial. En cambio, Aranguren se dedicó a explicar
que todo será “inevitable”, hasta “que se hagan las inversiones
necesarias”. La “emergencia” es una fatalidad bíblica, que deberíamos
esperar de brazos cruzados.
Popularmente, la conducta del ministro tiene un nombre: “dejarla
pudrir”. O sea, que la población atraviese el colapso eléctrico como un
trago amargo y necesario. Esta conducta tiene su explicación: el
gobierno prepara las condiciones políticas para presentar al tarifazo en
la luz –que ya comienza en este mes de enero- como un paso inevitable,
precisamente, para aportar los recursos necesarios para la reparación de
las redes de distribución. El “eficientista”
Aranguren, por lo tanto, es un defensor del parasitismo: las
distribuidoras de energía, que usaron los subsidios K para comprar
empresas de energía en el interior (y favorecer la concentración del
negocio) repararían sus redes sin aportar un peso de inversión, sino a
costa de los usuarios. Mientras tanto, estos mismos pulpos reúnen otra
fuente de recursos: la suba de sus acciones en la Bolsa, especulando
justamente con la suba de las tarifas.
A la espera de ser expoliados, los vecinos de Caballito, Villa Crespo,
Floresta ( o Merlo, Quilmes y tantas otras localidades) deberían esperar
–a oscuras- el sablazo de las nuevas tarifas.
Hay que rechazar esta extorsión, y organizarnos en los barrios para
reclamar una verdadera emergencia eléctrica, a costa de los pulpos y del
Estado que los apañó:
- Instalación de generadores en consorcios y manzanas afectadas, a cargo de los municipios.
- Duplicación inmediata de las cuadrillas de reparación de cámaras y
subestaciones, con salario de convenio a sus trabajadores.
- Provisión sin cargo de agua a las barriadas.
- Control del consumo para publicidad empresaria, bajo un comité de control de trabajadores y usuarios.
Marcelo Ramal
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