Han transcurrido solamente dos semanas desde la asunción de Mauricio
Macri. Pero el movimiento obrero ya libró sus primeras luchas y ha
cosechado sus primeras e importantes lecciones políticas.
El conflicto de Cresta Roja se colocó en el primer lugar de la tensión
política entre la clase obrera y el gobierno. Desde su primer día, el
macrismo apostó a un desangre del conflicto, que dejara a sus
trabajadores librados al curso de una reconversión de carácter
capitalista -con buena parte del plantel obrero afuera, o con el cierre
liso y llano de la planta. En función de ese propósito, Macri no vaciló
en poner en marcha el primer episodio de su “emergencia en seguridad”,
no contra el delito organizado sino contra los trabajadores de la
avícola. La lucha tenaz de esos trabajadores, que se sobrepusieron
incluso a la represión, obligó al gobierno a recibir a los delegados. La
suma de dinero entregada a los trabajadores como paliativo, por un
lado, y el anuncio de la quiebra, por el otro, buscaron descomprimir el
conflicto sin que el gobierno renunciara ni por un momento a una salida
antiobrera. Entre los principales acreedores de la quiebra, figuran la
Afip, Rentas de Buenos Aires y varios bancos estatales. En esas
circunstancias, la ejecución de estas deudas impondría la expropiación
de la planta por parte del Estado y su funcionamiento con todos los
trabajadores adentro. En cambio, los “cráneos” oficiales que pergeñan la
venta a un grupo privado no sólo quieren hacerlo contra el derecho al
trabajo de la mitad de los obreros, sino planteando, además, que “la
deuda con los organismos del Estado y bancos debería ser refinanciable a
muy largo plazo para (…) que la firma sea viable” (La Nación, 24/12). O
sea que después del subsidio del Estado K a los vaciadores de Rasic,
vendría el subsidio del Estado PRO a sus eventuales compradores (la
licuación de la deuda con el Estado). Como se ve, la “austeridad fiscal”
que pregona el gobierno sólo vale para los trabajadores o los gastos
sociales, nunca para los capitalistas.
Cresta Roja es el país
A la luz de esta “salida”, es claro que Cresta Roja constituye un
retrato del país. Argentina es un gran concurso de acreedores, después
del tendal que dejó el kirchnerismo en beneficio de los tenedores de la
deuda usuraria, privatizadores y otros sectores capitalistas. Pero en la
fila de acreedores, la gestión macrista ha colocado en primer lugar a
los monopolios agrarios e industriales y al capital financiero. Los
nuevos estigmatizadores de piquetes ocultan cuidadosamente al mayor de
los piquetes organizados contra el país en estos meses -a saber, el
acaparamiento de la cosecha por parte de las cerealeras y los pooles de
siembra. Esa extorsión, que los “nacionales populares” también toleraron
sin chistar, duró hasta arrancar el dólar a 14 pesos y la reducción o
eliminación de los impuestos a la exportación. Pero quienes liquiden
dólares en las nuevas condiciones podrán colocarlos a los intereses
astronómicos que el propio gobierno les ha asegurado. Esta nueva y
redituable bicicleta financiera será pagada con mayor carestía y mayor
recesión. De paso, es el camino que el propio gobierno se traza para
enfrentar las futuras paritarias -o sea, que la mayor desocupación actúe
como disciplinador social.
En cambio, quienes organizaron esta verdadera sangría contra el país
consideraron “inviable” el pago de un bono de fin de año para todos los
trabajadores. El gobierno dejó librada esta cuestión a las negociaciones
por gremio e incluso por empresa, pero jurando que el “Estado no podía”
(pagar el bono). El Tesoro, sin embargo, es un beneficiario de la
carestía promovida por la propia política oficial, pues recauda más en
todos los impuestos que se calculan sobre los precios de venta. Con la
negativa al bono, el gobierno se sirve de esa mayor recaudación para
afrontar la deuda pública o resarcir a la “patria contratista”. Como en
Cresta Roja, los responsables y beneficiarios de la quiebra nacional
vuelven a ser premiados -a costa del conjunto de los trabajadores.
La clase obrera, la burocracia sindical, el kirchnerismo
La burocracia ha mirado pasar la lucha de Cresta Roja y estos grandes
ataques al salario. Los Moyano o Caló dejaron librada la cuestión del
bono a las negociaciones por gremio -lo que quería Macri. La burocracia
ha postergado hasta sus propias tratativas de unificación, con tal de no
agitar las aguas en medio del ajuste. El gobierno ha anunciado que “no
habrá índices de precios” por algunos meses -o sea, que también ha
declarado una suerte de “estado de excepción” o “emergencia” en materia
inflacionaria, y nada menos que en los meses signados por la devaluación
y los anunciados tarifazos (el nuevo Indec arranca haciendo “la gran
Moreno”).
Para después, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quiere paritarias
en base a “la inflación esperada”; o sea, con borrón y cuenta nueva
respecto de los actuales aumentazos. Con su pasividad, la burocracia
sigue a la clase capitalista que se ha alineado en masa con el nuevo
gabinete, detrás del objetivo de un rescate financiero internacional.
Pero esto vale también para la flamante oposición kirchnerista. En estos
días, La Cámpora, el sabbatellismo y otros han “ganado la calle” en
defensa de sus prebendas en el aparato estatal -por caso, la defensa del
ente de Medios que amparaba a los capitalistas de los canales “amigos”.
En cambio, no se los ha visto pelear por Cresta Roja o por la agenda
acuciante del salario. El episodio más agudo de este ninguneo ha sido la
deserción en la marcha del pasado 22 -por el bono de fin de año y por
Cresta Roja- por parte de algunas organizaciones kirchneristas que
habían anunciado su concurrencia. No sólo se bajaron del barco cuando el
gobierno anunció ¡400 pesos! para los jubilados y las asignaciones,
sino que se llevaron consigo al primer convocante de la marcha -la CTA
de Pablo Micheli. En este cuadro, la movilización del 22 quedó en manos
de la izquierda y el activismo clasista, que aseguraron una concurrencia
con delegaciones obreras destacadas. Toda una lección para lo que
viene: la oposición al ajuste y al gobierno PRO van a estar unidas a la
lucha por la expulsión de la burocracia y la recuperación de los
sindicatos, pero también a una demarcación implacable del kirchnerismo.
El seguidismo a los K sólo puede servir de pulmotor para el nacionalismo
en descomposición, sin aportar un gramo a las necesidades de lucha
contra el ajuste oficial. La emergencia de un gobierno de
“centroderecha” o “neoliberal” debe ser un factor de mayor separación
política entre el clasismo y la izquierda revolucionaria, de un lado, y
el nacionalismo del otro. Ello, porque debe desnudar las tendencias al
compromiso y a la capitulación política de los antiguos socios de
Cristóbal López y Chevron. Con esta comprensión, ingresamos a un 2016 de
luchas y, más que nunca, por la independencia política de los
trabajadores.
1 comentario:
Como los "privatizadores" fueron los mas beneficiados? Donde estabas cuando los juicios en ciadi?
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