La propuesta aceptada por la jueza, que adjudicó la empresa a un
consorcio de tres empresas, está lejos de asegurar la continuidad
laboral de los 5.000 trabajadores de Cresta Roja.
El grupo empresario ganador de la licitación, encabezado por OvoProt SA
(vendedores de huevo líquido y en polvo), se hará cargo de una
“explotación transitoria” durante enero; en esa etapa “sólo se irán
incorporando los empleados necesarios”, sin mayores precisiones. Sólo a
los trabajadores que sean convocados a prestar tarea se le pagarán
salarios adicionales a los 6.000 pesos que cobrará ese mes el resto del
personal (La Nación, 30/12).
En otras palabras, el único compromiso firme del consorcio ganador se
circunscribe a un mes. Enero será una suerte de banco de pruebas, en el
cual los adjudicatarios decidirán si siguen o no con la inversión.
OvoProt informó que, si el proyecto prospera, “el objetivo central es
lograr la generación de puestos de trabajo para 100% del personal, lo
que estimamos lograr cuando la faena alcance 400.000 pollos por día”
(ídem). Esto, por ahora, no es más que una expresión de deseos. No hay
ninguna precisión sobre la cantidad de personal que se iría
incorporando, ni siquiera los plazos de ese eventual reingreso. Tampoco
está claro si esa promesa difusa de reintegrar al 100 por 100 del
personal incluye a todos los sectores o están excluidas las proveedoras
de materias primas, parte de cuyo personal está tercerizado.
La resolución judicial dice que la empresa oferente “estima que la
faena arrancaría en agosto de 2016 (si se dan las condiciones
esperadas)”, lo que implica que no ingresaría ningún trabajador de
Planta 1 y Planta 2 hasta esa fecha. Los trabajadores señalan que desde
el momento que se retoma la alimentación de los pollos (ya arrancaron a
trabajar en las granjas el 31 de diciembre pasado, según los delegados)
en 65 días podría empezar la faena, por lo que no se explica por qué,
para OvoProt, la faena arrancaría recién… en agosto.
La nueva patronal arriesga poco y nada. No da un paso sin contar
previamente con una red de seguridad. El riesgo recae por entero sobre
los trabajadores, que no tienen la seguridad de volver a ocupar sus
antiguos puestos de trabajo. La reconstrucción del complejo industrial
reposa integralmente en los obreros de Cresta Roja.
Tampoco se sabe quién va a hacerse cargo de los salarios y aguinaldos
adeudados, y menos aún de la indemnización que les corresponde
legalmente a los trabajadores. Si nos guiamos por experiencias
anteriores, ello le sería imputado a la quiebra, lo que aumenta las
chances de que no cobren un peso. El nuevo grupo inversor se hace cargo
de los activos, pero quedaría liberado virtualmente de las deudas. Ya el
gobierno de Macri y Vidal habían asegurado que el Estado -que es el
principal acreedor- establecería un plan de largo plazo para el pago de
las deudas de Rasic con el fisco, lo que asegurará que queden licuadas
por la inflación. El macrismo le tiende una mano generosa a la patronal.
Pero no actúa con la misma vara cuando se trata de los intereses de los
trabajadores. El compromiso del Estado nacional del pago de los 6.000
pesos, a través del sistema de Repro, se circunscribe sólo a enero. Ese
pago a cuentagotas, y que representa apenas un tercera parte del
salario, apunta a quebrar el conflicto por el hambre y condicionar a los
compañeros. De esa manera, preparan las condiciones para hacer pasar
una salida leonina y perjudicial para los obreros de Cresta Roja.
La plata, sin embargo, para pagar las quincenas constituye un “vuelto”,
si lo comparamos con las sumas multimillonarias que el gobierno acaba
de otorgar a diferentes sectores patronales.
Por una salida de los trabajadores
Luego de meses de luchar contra los despidos y la rebaja salarial que
intentaron llevar adelante los Rasic, hoy los trabajadores de Cresta
Roja no pueden permitir “una salida a la Rasic agravada”. Cualquier
solución que se arbitre debe tener como condición previa la estabilidad
del 100% del personal, el respeto integral de los salarios y el
convenio. Y, mientras se avanza en una solución satisfactoria y
definitiva, la totalidad de los trabajadores deben cobrar integralmente
sus remuneraciones.
Los obreros de Cresta Roja -que son los principales afectados e
interesados en la reapertura y reactivación de la producción- tienen
derecho a participar de las tratativas, en igualdad de condiciones que
el resto de las partes involucradas, y no recibir, como viene ocurriendo
hasta ahora , “hechos consumados”.
Se impone la necesidad de conformar un comité de seguimiento y control
integrado en forma paritaria por representantes del Estado provincial y
nacional, por un lado, y de los trabajadores, por el otro -tal cual está
plasmado en la presentación realizada por el Partido Obrero y el Frente
de Izquierda en el Congreso-, que debería velar por la continuidad
laboral de los 5 mil trabajadores (estableciendo plazos de
incorporación), el cobro regular del 100 por ciento de los sueldos, el
reconocimiento de la antigüedad, el salario y el convenio, y la
reactivación integral de la plantas y de toda la cadena de producción.
Hay que elevar este pliego de reclamos al gobierno y al juzgado. Una
próxima asamblea general debería evaluar la respuesta y determinar los
pasos y el curso de acción a seguir.
¡Viva la lucha de los compañeros de Cresta Roja! Ningún despido. Ni
vaciamiento ni desguace. Que la crisis la paguen los capitalistas.
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