La autorización para el derribo de aviones no sólo es ilegal porque ha
sido establecida por decreto, en el marco de la “emergencia de
seguridad” dictada por el gobierno pasando por encima del Congreso.
Representa una clara violación de la ley de seguridad interior vigente,
que prohíbe a las Fuerzas Armadas desempañar tareas de seguridad dentro
del país.
La aplicación de la medida equivale a establecer una suerte de “pena de
muerte”, con el agravante de que prescinde del juicio previo y del
derecho a la defensa. Se pretende justificar semejante engendro
reaccionario con la excusa de la "lucha contra el narcotráfico", pero si
esa fuese realmente la finalidad deberían estatizarse los puertos
privados, por donde entra y sale la droga del país, nacionalizar el
juego que sirve para lavar el narco-dinero y el sistema financiero que
cumple la misma función.
El decreto de emergencia también permite a las fuerzas de seguridad
convocar a personal retirado. Aunque en la letra se establezca que esta
re-convocatoria excluye a quienes tienen denuncias de corrupción y de
violación de los derechos humanos, lo cierto es que gracias a la
impunidad reinante la inmensa mayoría de quienes cometieron esos delitos
pudieron retirarse sin denuncias en su contra.
Llamativamente el decreto de derribo se aprueba en momentos que la
Fuerza Aérea ha perdido toda capacidad operativa; es decir, se ha
quedado sin aviones. Lo que viene, por lo tanto, es un operativo de
rearme de las Fuerzas Armadas, que ya comenzó en el último ciclo del
gobierno K. La compra de aviones de combate ha sido un tema que servirá,
además, para el alineamiento internacional con el imperialismo. En un
país con déficit y en un cuadro de ajuste, el crecimiento del gasto
armamentístico será a expensas de los gastos sociales del Estado.
El macrismo actúa en este punto con el consenso de la inmensa mayoría
de la clase capitalista y sus partidos. Ya en la campaña electoral Massa
reclamó la “ley del derribo”, como parte de un planteo más general de
intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. No deberá
sorprender que en el futuro, siempre amparados en la “emergencia”, el
gobierno también implemente esta medida. No se puede pasar por alto que
el propio Scioli, en su campaña hacia el balotaje, dijo que hacía suyo
el programa de Massa y se declaró partidario de que los militares
custodien las fronteras. En todos los casos está presente un planteo de
rescate de las Fuerzas Armadas, duramente golpeadas por la dictadura
militar y la guerra de Malvinas. A ese propósito apuntaba también el
nombramiento de Milani en la jefatura del Ejército.
La intervención militar en la supuesta “lucha contra el narcotráfico”
presenta el peligro de que se transforme ella misma en apéndice de los
narcos. Si ya tenemos comisarios narcos, ahora tendremos generales,
almirantes y brigadieres narcos.
Denunciamos el decreto de emergencia de seguridad y de derribo por su carácter reaccionario y represivo.
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