La detención de Milagro Sala configura un ataque al derecho a la
protesta social y establece un precedente contra el movimiento obrero y
popular que tiene por delante la tarea de rechazar el ajuste. La
represión que se ejecuta en Jujuy tiene como antecedentes inmediatos la
acción policial contra los trabajadores de Cresta Roja y estatales de La
Plata. Esta disposición represiva la ha dejado clara Gerardo Morales
desde su asunción, cuando planteó que en la provincia se acaban los
cortes y las protestas “desmedidas”. Al igual que Macri, ha planteado un
protocolo de protesta donde busca judicializar y regimentar las mismas,
inclusive multando individualmente a personas que realicen alguna
medida de lucha.
El objetivo que persigue la dupla Macri-Morales nada tiene que ver con
la transparencia en la asignación de los planes sociales. Lo prueba el
acta de detención, que nada dice sobre denuncias de corrupción, pero si
califica a un acampe de organizaciones sociales como “instigación al
delito y al tumulto”, mientras se explicita que Milagro Sala continuará
detenida “mientras dure el acampe”, lo cual supone una extorsión pública
para imponer la finalización de una medida de acción directa.
Detrás de la represión contra la Túpac Amaru se esconde el objetivo de
Morales de manejar por métodos punteriles la asistencia social. Para
esto, incluso, ha cooptado a una parte de los propios punteros de Sala
(sin Sala). Morales quiere ser él mismo el negrero de los compañeros de
las cooperativas que cobran menos de la mitad del convenio Uocra y
realizan buena parte de la obra pública en Jujuy. La UCR jujeña, que
gobierna la Capital provincial desde hace años, ha pactado siempre con
punteros de toda laya, igual que Macri en la ciudad de Buenos Aires.
La acción represiva busca imponer un ajuste. A eso apunta el anuncio de
Morales de que se suspenderán las personerías jurídicas y se
inhabilitarán las cuentas bancarias de las organizaciones que
permanezcan en la plaza después del 14 de enero. La amenaza es
contundente en el sentido que al suspenderles la personería Jurídica,
las mismas pierden la posibilidad de inscribirse para la construcción de
viviendas y otros tipos de contratos de obras con el Estado, además de
los bolsones alimentarios, viviendas y el ingreso en el programa de
reempadronamiento de capacitadores, lanzado recientemente.
Debe señalarse la impostura del kirchnerismo, que mientras denuncia la
represión contra Milagro Sala en Jujuy le pide a Macri el envío de
fuerzas de la Gendarmería a Santa Cruz para reprimir a los obreros de la
construcción, echados por el empresario Lázaro Báez, y vota en la
Legislatura de la Ciudad el traspaso de la Policía Federal orquestada
por el macrismo.
Repudiamos la represión en Jujuy, así como la pretensión de liquidar el
derecho a la protesta social, y exigimos la libertad de Milagro Sala.
Exigimos que se preserven los puestos de trabajo en las cooperativas y
su plena autonomía del estado. El control de los recursos debe volver a
las bases de las organizaciones, con la elección y derecho de
revocatoria de los delegados.
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