El gobierno de Dilma Rousseff arranca 2016 contra las cuerdas. El
desplazamiento del ministro de Economía, el hombre de confianza del gran
capital en el gabinete, es una consecuencia del fracaso del ajuste.
Dilma venía de concretar recortes presupuestarios importantes, lo que
fue acompañado de una devaluación de casi el 50 por ciento. Pero eso no
detuvo la fuga de capitales y la crisis industrial. La caída del PBI
ascendió al 5 por ciento en 2015, mientras avanza la ola de despidos y
suspensiones. Un conjunto de empresas líderes, empezando por la
Petrobras, a las que se agregan la poderosa Odebrecht y otras
constructoras y proveedoras de servicios al Estado, están en una
situación financiera y judicial comprometida.
Las exigencias del ministro de Economía, Joaquim Levy, de nuevos
recortes, en particular del emblemático plan “Bolsa Familia”, despertó
la resistencia generalizada del PT y fue el detonante que precipitó su
caída. El nuevo titular de Economía, Nelson Barbosa, un hombre del riñón
de Lula, está haciendo malabarismos para mantener el ajuste. Pretende
compensar la atenuación de la poda en ciertos rubros con el recorte en
otros. Barbosa plantea una reforma de las pensiones aumentando la edad
jubilatoria y los haberes que reciben sus beneficiarios. Por otro lado,
promueve una ampliación de las facultades del Ejecutivo para modificar y
reasignar hasta el 30 por ciento de las gastos en salud, educación y en
el gasto social. Esto superpoderes apuntan a una “racionalización” del
gasto en esos rubros. Pero estos anuncios, sin embargo, no han aquietado
al establishment, que ve con desconfianza el cambio de gabinete.
Por lo pronto, el alejamiento de Levy fue la señal para que el
presidente de la Cámara de Diputados, el ex aliado Eduardo Cunha, haya
finalmente iniciado el proceso de impeachment.
Detrás del “Petrolão” se esconde una pelea entre la burguesía local,
empezando por los exponentes de la patria contratista y un sector del
capital extranjero que reclama una apertura económica y comercial que
termine con las preferencias en favor de la gran burguesía: pretenden
una ola de privatizaciones, en el petróleo y en la contratación de obra
pública. El agotamiento del régimen petista tiene su epicentro en
Petrobras: un “rescate” brasileño pondría el desguace del esquema de
explotación petrolera en el centro de la agenda.
Los movimientos sociales y los sindicatos, así como algunos grupos de
izquierda, se movilizan a favor del gobierno en nombre de la amenaza de
la derecha. Pero el PT le allanó las puertas: cogobernó con ella, la
entronizó en los principales ministerios y le entregó -al PMDB- toda la
línea de sucesión presidencial. El PT es responsable también del avance
privatista sobre Petrobras. Esto vale también para el PSOL, que se ha
colocado con matices en el campo de apoyo al gobierno, lo cual no
impidió que el grupo brasileño del PTS (MRT) acordara candidaturas
comunes para las elecciones municipales del año próximo y reclamara el
ingreso al PSOL, en nombre de capitalizar “por izquierda” lo que
caracterizan como una “crisis de representación”. De nuevo, quedan de
manifiesto los límites insalvables de estas categorías de análisis
cuando lo que se desarrolla es una bancarrota económica y política de
fondo.
Estamos en presencia de una fractura del Estado. El petrolão ahora,
como el Mensalão antes, ha puesto de relieve que el régimen en su
totalidad no es más que un red corrupta al servicio del capital. Eso
envuelve a todas las instituciones del Estado y se extiende a los
partidos oficialistas y opositores.
El Congreso brasileño no tiene autoridad para encarar el juicio
político. Una salida progresiva para Brasil depende de que la clase
obrera emerja como un factor político independiente y ajuste cuentas con
el régimen ajustador y coimero.
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