El análisis
hecho sobre estos aumentos plantea que el aumento de la tarifa para los
usuarios – que se publicará en los próximos días – llegará como mínimo
al 300 %
El gobierno ha publicado en el boletín oficial el anunciado aumento de
tarifas de electricidad. Rigen para el mercado mayorista, es decir para
las empresas generadoras, que le cobran a las distribuidoras y éstas, a
su vez, trasladarán a los usuarios.
El análisis hecho sobre estos aumentos plantea que el aumento de la tarifa para los usuarios – que se publicará en los próximos días – llegará como mínimo al 300 %. El dato, de todas maneras es incierto,
porque falta saber cuánto cobrarán las distribuidoras por llevar la luz a
los hogares e industrias. Además, el aumento de la tarifa se ha nacionalizado, por lo que afectará también al interior - no sólo a CABA y GBA
Este aumento regirá solo hasta abril, donde se producirá un
segundo aumento de tarifas que tendrá como piso el actual porque la
información oficial dice que esta actualización de los precios alcanza a
cubrir sólo el 40 % de los costos.
Los informes que señalan que la suba de tarifas anunciadas le sumaría
al menos un punto a la inflación de febrero son absolutamente sesgados
desde el momento que el aumento para industrias y centros comerciales –
que pasa de 320 a 773 el Megavatio hora – será trasladado íntegramente
por las patronales a los precios del consumo.
La farsa de la tarifa social
El establecimiento de una tarifa social para menos de 150 kilovatios es
una burla porque sólo cubren consumos mínimos, para una heladera y
algunas lamparitas y la escala de aumentos reducidos (alrededor del 30%)
es para 200 Kv y no permite mucho más equipamiento.
La farsa de la consideración “hacia los más pobres” esta puesta a la
luz del día. Cualquier informe señala que una casa de una familia
trabajadora tiene un piso de no menos de 300 Kv.
Pero incluso el alcance de la llamada tarifa social está por verse, porque casi el 40 % de la población se encuentra en negro. “Existen
muchas dudas sobre la manera en que se computara el gran porcentaje de
trabajadores en esta situación” (El Cronista 28.1.2016).
La impostura K
Los argumentos se basan en la ley de privatización de Menem de 1991,
que garantizaba los aumentos de tarifas y que, en la “década ganada”, se
cubrió con subsidio estatal. Las privatizadas vieron asegurados sus
ingresos no por la vía de la tarifa sino con dinero público. Además,
aceptaron el arbitraje internacional del CIADI, los tribunales aceptados
para los litigios que presentaron las privatizadas, lo que desembocó en
multas millonarias pagadas contante y sonante por el país.
Presentado por el gobierno “nacional y popular” como un beneficio a la
clase trabajadora, era un mecanismo de rescate de las distribuidoras –
un monumento al parasitismo que han visto crecer sus acciones hasta 5.5 %
en un solo día – y una concesión al conjunto de los capitalistas porque
permitía a estos fijar salarios a la baja, sobre la base de una canasta
familiar disminuida invocando el peso de los subsidios en la tarifa.
Quien paga la crisis
Aranguren sostiene que el precio de venta de electricidad de las
generadoras sin el subsidio no cubre los costos de producción y por lo
tanto no estimula la “inversión privada de riesgo” ni el ahorro de
energía de los usuarios. Con un estado quebrado por todos los pagos
usurarios y de rescate que se concretaron en el período K, el gobierno
de “Cambiemos” apunta a hacer pagar la crisis a los
trabajadores, directamente desde sus bolsillos. No ha bajado ninguna
presión impositiva sobre el consumo para aliviar a los trabajadores, ni
tampoco el impuesto al salario, pero ya se ha descargado sobre los
hogares la devaluación, la carestía y ahora el aumento de tarifas,
mientras quiere fijar techos del 20% para aumentos de salarios en
paritarias.
Un plan de guerra
A los 45 días de gobierno, el gobierno ha lanzado un mazazo a la
economía familiar, ya golpeada por la devaluación, la carestía, los
miles de despidos y suspensiones, el corte de horas extras. La inflación
de diciembre, medida por uno de los indicadores reconocidos por el
gobierno – el de San Luis, cantó 6.5 para diciembre. ¿Cuánto menos para
enero? Se está produciendo un desbarranque del salario que exige una
respuesta de conjunto del movimiento obrero, que debe declararse a sí
mismo en estado de emergencia. La burocracia sindical no dará un solo
paso porque está decidida a hacer pasar el ajuste, dejar que los
despidos golpeen al activismo que le disputa en fábricas y lugares de
trabajo la conducción efectiva de la clase obrera y recibir a cambio los
fondos de las obras sociales y la garantía de permanencia en los
sindicatos.
Es necesario un programa para enfrentar la ofensiva contra los
trabajadores y el primer punto, a la luz de la brutal confiscación
producida, es la reapertura de las paritarias, un reclamo del
40 %, la indexación mensual del salario y la eliminación del impuesto a
las ganancias sobre el ingreso de los trabajadores.
No se debe esperar porque no hay nada que esperar. El activismo, que
está ocupando un importante lugar en el movimiento obrero, debe tomar la
iniciativa y no confiarse en exigencias a la burocracia sindical, que
sólo tratará de disimular su inmovilismo. Asambleas en los lugares de
trabajo para imponer el rescate a los trabajadores, no a los
capitalistas.
*Reapertura de las paritarias
* No al tarifazo
* Apertura de los libros de las privatizadas
* Nacionalización de las distribuidoras y del conjunto del sistema energético bajo control de los trabajadores.
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/politicas/el-primer-tarifazo
* Apertura de los libros de las privatizadas
* Nacionalización de las distribuidoras y del conjunto del sistema energético bajo control de los trabajadores.
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/online/politicas/el-primer-tarifazo
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