El tarifazo
en la luz cuestiona severamente la pretensión oficial de una salida
ordenada o “gradual” del régimen económico anterior. La tarea de
endosarle a las masas la bancarrota que deja el kirchnerismo tendrá que
conducir a choques de fondo, a pesar de los esfuerzos de muchos por
disimularlo
Para empezar, el mismo tarifazo eléctrico será sucedido por
otros ajustes y hasta por un régimen de indexaciones regulares -o sea,
de ganancias aseguradas. Sus beneficiarios serán los mismos empresarios
que usaron los subsidios del kirchnerismo para financiar el
acaparamiento y concentración de empresas de energía, mientras sometían a
sus instalaciones al mayor de los vaciamientos. Ahora, el macrismo
quiere que las inversiones necesarias para salir de ese desquicio la
financien los usuarios, otra variante de parasitismo.
A los aumentos en la luz, seguirán los tarifazos en el agua y en el
gas. Pero, como el gas hace funcionar a buena parte de las usinas
eléctricas, ello realimentará nuevos aumentos en la luz. La bola de
nieve que se ha puesto en marcha no se detiene en los servicios
públicos: los tarifazos golpean los costos de los monopolios agrarios e
industriales, que reclaman una nueva devaluación. A sólo cuarenta días
de haber levantado el cepo, el gobierno comienza a ser acusado de
“atraso cambiario” por parte de sus mismos beneficiarios. Pero una nueva
suba del dólar volvería a disparar los precios, cuando la conmoción por
los aumentazos en la carne y otros alimentos, como consecuencia de la
devaluación anterior, aún no se ha disipado. Frente a esta escalada, el
gobierno ‘advierte’ sobre “las remarcaciones abusivas”, mientras
satisface los reclamos de todos los remarcadores -o sea, hace la gran
Moreno.
Pacto del ajuste y disgregación
La escalada inflacionaria y devaluatoria cuenta con la venia de los
gobiernos provinciales y sus partidos, sean éstos pejotistas, macristas o
camporistas. Todos apuestan a engrosar sus presupuestos quebrados con
la mayor recaudación que aporta la inflación galopante, mientras
negocian a la baja los salarios de sus trabajadores. Esta es la base del
acuerdo político que debaten los gobernadores y senadores pejotistas
con el gobierno nacional. Macri condiciona un auxilio económico al
ajuste en las provincias, y a un pacto parlamentario que le asegure el
control de la Corte y la legitimación de los decretos de necesidad y
urgencia. Es la transición entre el verano de decretazos y un régimen de
compromisos políticos. Los tironeos de este pacto han conducido a una
primera fractura en el viejo Frente para la Victoria, comandada por
Urtubey y otros gobernadores. El kirchnerismo, que buscó hasta último
momento un compromiso con estos rupturistas, buscará evitar nuevas
disgregaciones con una línea de adaptación. Como señal de ello, Recalde,
el jefe parlamentario de los K, se declaró dispuesto a “conversar” la
derogación de la ley cerrojo, que habilitará al acuerdo leonino con los
fondos buitre. Es que los camporistas, que ejecutan el ajuste allí donde
gobiernan, también necesitan del auxilio oficial -e incluso de la
Gendarmería, como pidió Alicia Kirchner en Santa Cruz. Las “plazas de la
resistencia” son sólo la cobertura de esta bancarrota política.
Paritarias y despidos
A partir del cuadro anterior, es natural que todas las contradicciones
del ajuste oficial se concentren en la situación de la clase obrera. El
gobierno apuesta a resarcir las pretensiones simultáneas de los pulpos
agrarios, del capital financiero y de los privatizadores de servicios
públicos con una desvalorización histórica de la fuerza de trabajo. El
primer paso es la escalada de despidos estatales y privados, que superan
en cada caso a los 20.000 trabajadores. La extorsión de los despidos
sobre las paritarias ha sido explicitada por el ministro de Hacienda,
Alfonso Prat Gay, al señalar que los trabajadores tendrán que optar
entre “el salario o la preservación del empleo”, algo que le copió al
“nac & pop” Carlos Tomada de circunstancias anteriores. Los
porcentuales de 20 a 25% de aumento insinuados por el gobierno son
irrisorios, cuando la insospechada Standard and Poors anticipa una
inflación del 35% para 2016. Esas estimaciones no contabilizan los
aumentazos del último bimestre del año anterior, en el marco de la
transición presidencial.
En este cuadro, el gobierno ha comenzado a urdir la desnaturalización
de las paritarias. Por un lado, la pregonada reducción del impuesto al
salario -que Macri prometió que sería “inmediata”- ha quedado postergada
para el inicio del año parlamentario, con el objetivo de incluir la
cuestión en el paquete de las paritarias. O sea que una reducción del
impuesto quedará condicionada a una “moderación” en los reclamos
salariales. Por otro lado, el gobierno ha saludado los acuerdos que
postergan las paritarias a cambio de un régimen de sumas fijas
(bancarios), mientras propone en otros casos una paritaria “corta” y con
porcentajes menores, con la promesa de volver a negociar después.
Después de aplicar su “Rodrigazo en cuotas”, el gobierno planteará
negociar sobre las “expectativas de inflación futura”, cargándole a los
trabajadores la escalada de los aumentos y tarifazos pasados. Es una
línea de demolición de las paritarias, que debería ser enfrentada con
una acción obrera de conjunto. De Moyano a Caló, la burocracia sindical
está en lo contrario: mientras hace retórica con los tarifazos, marcha a
los acuerdos por separado o -como en el caso de petroleros- actúa como
vocera de sus patronales, que refuerzan los subsidios que reciben del
Estado sin que por ello -como sucede en Neuquén- se deje de
suspender o despedir trabajadores.
Es imperioso, en este cuadro, que
debatamos un programa, partiendo de la apertura inmediata de las
paritarias, sin condicionamientos y con el reclamo de un básico
equivalente a la canasta familiar, hoy en orden de los 17.000 pesos. El
rechazo a las paritarias con techo, en medio del ajustazo, tiene una
expresión concreta: el ajuste automático y mensual de los salarios con
la inflación -ni más ni menos, lo que arrancaron los pulpos eléctricos
en su propia “paritaria”. Ningún despido ni suspensión: reparto de las
horas de trabajo sin afectar el salario.
Abajo el tarifazo en beneficio
de los parásitos: que se abran las cuentas de las privatizadas, lo que
delatará una década de desvíos de subsidios en beneficio propio. Por la
eliminación incondicional del impuesto al salario. Impulsemos reuniones y
asambleas en todos los sindicatos, una acción de lucha y una estrategia
de independencia política frente a todos los ajustadores, desde Macri a
Alicia Kirchner.
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