10 de febrero de 2016
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Por Mariela Solesio
Se ha vuelto
a colocar el debate sobre el derecho al aborto legal, gratuito y
seguro, de cara a las consecuencias que podría generar la enfermedad sobre mujeres embarazadas en el desarrollo del feto
Diversas organizaciones de mujeres, entre otras la Red Mundial de
Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) y la Red de Salud de las
Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), han elevado un pliego
reivindicativo donde se insta a los gobiernos de los países afectados
por el virus del Zika a garantizar en forma urgente el acceso al aborto
legal así como también campañas de salud reproductiva, garantizando el
acceso gratuito a los diferentes métodos anticonceptivos.
También
plantean el apoyo a la mujer embarazada, afectada con el virus, que
desee continuar con su embarazo, debiendo garantizar todos los servicios
de atención y control sanitario. Las recomendaciones de los gobiernos
de Colombia, Jamaica, Ecuador, El Salvador, Puerto Rico, República
Dominicana, Honduras y Panamá, entre otros, para que las mujeres
posterguen o eviten el embarazo hasta erradicar el virus son un acto de
cinismo puro. En esos países, como en los de toda la región, los
programas de educación sexual y salud reproductiva son casi
inexistentes, y según la ONU hay 24 millones de mujeres que no acceden a
métodos anticonceptivos modernos. Una investigación del Instituto
Guttmacher, basado en datos de la ONU, que publicó el diario El País
de España, reveló que en América Latina y el Caribe “un 56% de los
embarazos son no planeados” y “conseguir preservativos, anticonceptivos
farmacológicos (como la píldora) o el DIU es complicado” para un gran
porcentaje de las mujeres en edad fértil y con pareja fija en toda la
región.
Por eso, estas “directivas” han despertado el cuestionamiento de las
organizaciones de mujeres y de referentes en los derechos humanos a
nivel internacional. Se ha vuelto a colocar el debate sobre el derecho
al aborto legal, gratuito y seguro, de cara a las consecuencias que
podría generar la enfermedad sobre mujeres embarazadas en el desarrollo
del feto.
El Zika, como el dengue y la chikungunya, afecta mayormente a
las zonas más pobres y de vivienda precaria. Una de las condiciones para
que se reproduzca el mosquito es el agua estancada, lugares húmedos y
sombríos, con menos instalaciones sanitarias y con acumulación de basura
y desechos. Por eso, no sorprende que la mayoría de las embarazadas
afectadas resulten mujeres pobres. Expertos en el tema estiman que ante
el temor por las consecuencias del zika sobre el desarrollo del feto y
la ausencia de opciones en cuanto a los derechos de salud reproductiva
para la mujer, podría producirse un aumento de los abortos clandestinos, lo
que pondría en riesgo la salud y vida de cientos de mujeres. En
Latinoamérica y el Caribe se producen unos cuatro millones de abortos
inseguros cada año, según datos de la OMS, lo que provoca la muerte a
miles de mujeres. En toda la región, la legislación sobre interrupción
del embarazo es abiertamente restrictiva: en México, Belice y Panamá lo
permiten por malformaciones fetales; en Brasil, sólo si el feto padece
anencefalia, y en Colombia, sólo si la malformación es mortal. En
Argentina, si se considera que la salud física o psicológica de la
mujer está en riesgo. En República Dominicana, Chile, El Salvador,
Haití, Honduras, Nicaragua y Surinam la interrupción está totalmente
prohibida.
Ante los riesgos objetivos que padecen las familias sobre la
malformación del feto en la mujer embarazada, la legalización del
aborto, junto con las campañas de educación sexual y reproductiva, el
acceso a anticonceptivos gratuitos y a los controles ginecológicos
regulares y pre y post natales, además de garantizar la atención
sanitaria en la mujer embarazada infectada que desee continuar con el
embarazo, son reivindicaciones urgentes y prioritarias que todos los
movimiento de lucha de las mujeres de América Latina y el Caribe deben
levantar.
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