El gobierno
celebró el levantamiento “indoloro” del cepo cambiario. Pero la
liquidación de la cosecha por parte de los pulpos exportadores ha sido
la
mitad de la esperada. El atesoramiento de dólares y la fuga de capitales
no han cesado, aunque los bancos ofrecen tasas altísimas para sus
depósitos
Que el gobierno de Macri haya colocado a la inflación en “el primer
lugar de las preocupaciones” suena, en primer lugar, a una impostura
-ello, porque proviene de un gobierno que devaluó la moneda en un 50%,
bajó las retenciones a los alimentos que se exportan y resolvió un
tarifazo del 600% en la luz eléctrica. Un editorialista apuntó que
“Macri necesita mostrar que lucha contra la inflación para su relación
con los sindicatos” (La Nación, 14/2) -en otras palabras, busca una
coartada para empujar las paritarias a la baja (el kirchnerismo también
solía reforzar sus estériles controles de precios en vísperas de las
negociaciones salariales).
El debate sobre la inflación, sin embargo, no se agota en esa maniobra.
En el fondo, pone de manifiesto una crisis política, como lo demuestran
los desplazamientos en el Indec. La pretensión de una salida ordenada y
“gradual” a la bancarrota que dejó el kirchnerismo empieza a mostrar
sus límites.
En estas condiciones, el gobierno mantiene las reservas internacionales
a costa de seguir ‘racionando’ las importaciones y, con ello, la propia
actividad industrial.
A su turno, el tarifazo ha operado contra la propia devaluación, puesto
que elevó los costos en dólares de la producción local. Por eso, la
patronal agraria e industrial espera otra escalada devaluatoria, lo que
se ha expresado en estos días, por un lado, en un nuevo salto del dólar
y, paradójicamente, en una mayor retención de los acaparadores de la
cosecha, que suponen que la depreciación del peso va a continuar.
En este cuadro, el ingreso de divisas depende crucialmente de un nuevo
endeudamiento externo y, por lo tanto, del acuerdo con los fondos
buitre.
Pero ¿cuál sería el destino de la esperada “reapertura del crédito
internacional”? Ni más ni menos que cubrir los agujeros de las finanzas
públicas, cuyo déficit en 2016 será del orden de los 20.000 millones de
dólares. La liga de gobernadores, senadores y diputados “nacionales y
populares” darán luz verde a esta hipoteca bajo la promesa macrista de
habilitar, a su turno, el endeudamiento de las provincias con el mismo
fin, o sea, cubrir los agujeros de sus respectivos tesoros. Es claro que
el reendeudamiento, en estos términos, sólo puede ser el anticipo de
una nueva quiebra nacional.
Choques internos
Es por eso que, dentro y fuera del gobierno, una fracción capitalista
emplaza a Macri a abandonar lo que llaman “gradualismo” y ejecutar un
brutal ajuste fiscal -o sea, que el ingreso de fondos externos sea
acompañado por una menor emisión de billetes para financiar el gasto
público. Con el mismo propósito, el macrismo está absorbiendo los pesos
emitidos a costa de endeudar todavía más al Banco Central. Ya en estos
meses, los pagarés que emite el BCRA en favor de los bancos se han
chupado buena parte del crédito, acentuando la suba de la tasa de
interés, la recesión industrial y también otro factor inflacionario, ya
que el consumo popular es cada vez más dependiente de las compras a
crédito (tarjetas). A través del endeudamiento para el consumo inmediato
(que es un resultado de la caída del salario), los trabajadores pagan
un tributo cada vez mayor al capital financiero, que se vehiculiza por
la caja de los supermercados.
Un ajuste fiscal en regla acentuaría la recesión económica, reforzando
la extorsión contra los trabajadores que ya anticipó Prat Gay -“elijan,
salarios o empleo”. Después de la confiscación inflacionaria de la
devaluación y los tarifazos, la “política antiinflacionaria” deberá
abrirse paso a costa de suspensiones y despidos.
Este recontraajuste, sin embargo, no sólo deberá enfrentar la
resistencia obrera. También choca con las tendencias de toda una
fracción del capital, que reclama un rescate. Después de reducirle los
impuestos a los exportadores agrarios, el gobierno ha debido renovar la
política de subsidios a los monopolios petroleros, en medio del derrumbe
internacional de los precios del crudo. Ahora, suma otra mancha al
agujero fiscal, la reducción de retenciones a las mineras. En medio de
un cuadro de deflación mundial, Argentina tiene un gobierno
“inflacionario”, a costa de socorrer a los monopolios capitalistas. Esta
exigencia patronal sobre el Estado se reforzará con el agravamiento de
la crisis brasileña: la devaluación del real y su derrumbe económico
interior acentúan la presión exportadora de los monopolios de ese país
sobre el mercado argentino. Mientras el gobierno amenaza con “abrir las
importaciones” para bajar la inflación, una parte de la gran patronal
exige, por el contrario, mayores medidas protectivas.
De cara a las contradicciones que plantea la crisis capitalista, los
explotadores están divididos y cruzados por múltiples choques, y ellos
han llegado al gabinete macrista. La clase obrera debe tomar cuenta de
este cuadro convulsivo y sacar las conclusiones políticas y de lucha.
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