Defendamos un salario igual a la canasta familiar
El ministro Bullrich ofreció en la paritaria nacional un salario
inicial para el maestro de grado de 7.800 pesos a febrero, al que se
llega con un aumento de 260 pesos del Fonid (Incentivo Docente), una
suma en negro aportada por el Estado nacional, y 8.500 pesos a julio,
con otros 200 de Fonid, todo muy cerca de lo que la dirección de los
gremios pedían.
Esto representaba un 40% de aumento sobre el mínimo actual de 6.060 pesos
recién en julio, que en los bolsillos de los docentes representaría
menos de la mitad de la canasta familiar. Frente a una devaluación del
50%, el tarifazo y una escalada de precios que se proyecta a un 40% para
2016, se trata de una rebaja salarial.
No es la primera vez que ocurre. Cuando asumió, el ministro Bullrich
elevó a 6.060 pesos el inicial de siete provincias, que habían quedado
por debajo del devaluado salario mínimo, vital y móvil. Para prevenirse
de nuevas situaciones similares, en el acta que se iba a firmar se agregó una cláusula que
fija que el salario inicial debe permanecer un 20% por encima del
salario mínimo, vital y móvil. Pero este “salario” es una cifra de
pobreza establecida por el Estado y las burocracias sindicales.
El ministro de Educación lo explicó así: “Estamos trabajando con la
idea de que todas las provincias cierren con un aumento cercano al 25%
que, sumado al Fonid que aportamos nosotros, rondará en un promedio de
entre el 32 y 33%. De esta manera, el acuerdo docente va en línea a lo
que planteó el ministro de Finanzas Prat Gay en cuanto a la proyección
inflacionaria”.
La burocracia sindical de Ctera, junto a los otros cuatro sindicatos
que participan en la paritaria nacional, salió a batir el parche de que
rompieron los topes salariales, algo que está muy lejos de la realidad.
No obstante, el gobierno macrista echó lastre, porque se partía de
cifras paupérrimas. Lo hizo para separar a los docentes del resto de los
estatales y fragmentar los reclamos por provincia.
Al aceptar este acuerdo, la Ctera y el conjunto de la burocracia
docente le despejan al gobierno la posibilidad de un conflicto
nacional.
Bueno el gobierno ahora reculó dandole aire a la pedorra burocracia de la Ctera y el forro de Baradel
Trampas
Incluso con estos límites brutales, esta oferta nacional era apenas una
referencia que podía o no trasladarse a las paritarias provinciales, que
son las que efectivamente discuten el salario y su composición. En las
provincias, la discusión paritaria está completamente empantanada,
porque los gobernadores dicen carecer de los recursos para cumplir con
este elemental aumento salarial. No hablamos sólo de las provincias más
pobres, sino también de Mendoza y, por supuesto, de Vidal en Buenos
Aires. En otras, como Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba, Neuquén o Santa Cruz, el mínimo ofrecido por Bullrich está
por debajo de lo que ya cobran los docentes.
El acuerdo de hecho entre gobierno y burocracia para fraccionar la
lucha docente no los eximía, por lo tanto, de posibles conflictos
provinciales. Aún los 10.000 pesos de inicial que reclama Baradel en
Buenos Aires o los 11.300 que plantea UTE en Ciudad de Buenos Aires,
serán objeto de una controversia con los gobernadores.
La cuestión clave del básico
La exhortación, en el texto de la oferta, a revisar la “conformación
interna de los salarios en cada provincia”, es una coartada para ocultar
el problema de la conformación del salario docente, con básicos que
rondan los 3.000 pesos en la mayoría de las jurisdicciones.
El acuerdo no establecía los porcentajes de aumento en la escala
salarial, lo que licua el escalafón docente. En Capital, Buenos Aires y
Santa Fe, por ejemplo, casi no hay diferencias entre el salario del
recién iniciado y de los docentes con 10 años de antigüedad o más. La
ratificación de la política de fijar un mínimo inicial sin discutir su
composición, está llevando a los docentes a la situación de los
jubilados: cada vez más docentes cobran el salario mínimo, destruyendo
así la carrera docente.
La tercera trampa es la de la “paritaria abierta” que han establecido
con el gobierno. Eso jamás funcionó -recordemos el famoso monitoreo que
se estableció con Scioli para levantar la huelga de 2014-, y es una
manera de hacer pasar el aporte de la dirección sindical kirchnerista al
ajustador Macri.
Deben decidir los docentes
Deben decidir los docentes
La aceptación de esta oferta, y las propuestas que maneja la dirección
celeste en las diversas jurisdicciones, no fueron ni serán debatidas o
aprobadas por docente alguno. Las recientes reuniones de delegados
realizadas en Suteba fueron pensadas por la celeste como preparatorias
para la aceptación de un salario a la baja, y tuvieron un carácter
simplemente informativo.
En cambio en las seccionales multicolor del Suteba se votó masivamente sumarnos al paro del 24 junto a los estatales, y el reclamo al Suteba provincia para que también lo haga, junto a la convocatoria de un Plenario provincial de delegados con mandato. En seccionales conducidas por la celeste, como Mercedes o Las Flores, se votó el paro del 24.
En cambio en las seccionales multicolor del Suteba se votó masivamente sumarnos al paro del 24 junto a los estatales, y el reclamo al Suteba provincia para que también lo haga, junto a la convocatoria de un Plenario provincial de delegados con mandato. En seccionales conducidas por la celeste, como Mercedes o Las Flores, se votó el paro del 24.
Tribuna Docente rechaza este acuerdo de reducción salarial, y defiende
el planteo de los sindicatos y seccionales combativas, como Ademys o los
Suteba multicolor, de 12.000 pesos de básico por cargo, inicial de
17.000 pesos y respeto de los aumentos establecidos en las diversas
categorías por los estatutos docentes. Obviamente, actualizados
mensualmente por inflación. Defendemos los plenarios provinciales de
delegados convocados por la oposición docente del conjunto del país,
como método de deliberación y resolución de la docencia.
Tomamos al 24 de febrero como el comienzo de un plan de lucha, que puede continuar con una nueva marcha nacional educativa y las medidas de fuerza que resolvamos provincia por provincia, para organizar un plan de lucha nacional.
Tomamos al 24 de febrero como el comienzo de un plan de lucha, que puede continuar con una nueva marcha nacional educativa y las medidas de fuerza que resolvamos provincia por provincia, para organizar un plan de lucha nacional.
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