19 de marzo de 2016 | Por Marcelo Ramal
La misión de la CDHI de la OEA a la Argentina, que llegó en 1979, fue para Carter y el imperialismo un escenario de maniobras
La apertura de los archivos por parte de la administración Obama ha
despertado una euforia inusitada por parte de la democracia argentina.
Incluso los que se llaman “nacionales y populares” han delatado su
simpatía por quienes mantienen la pesadilla carcelaria de Guantánamo y
la sujeción política, financiera y militar de continentes enteros. La
confianza de todos ellos en una “autoconfesión” del imperialismo parece
ilimitada.
Se olvidan, en primer lugar, que en 2002 ya se había producido una
desclasificación parcial. Pero el Departamento de Estado se cuidó muy
bien de no revelar los archivos de las agencias de inteligencia y
militares, o sea, el corazón del problema.
Ahora, la desclasificación apunta a un blanqueo histórico parcial de la
acción imperialista en América Latina, con vistas a recrear su
injerencia política y militar en la región. Para eso, se quiere acotar
la colaboración con la dictadura a la administración republicana de
Gerald Ford, que gobernó hasta 1977 (un año después del golpe de
Videla). A Ford le sucedió Jimmy Carter, reputado por sus entredichos
con Videla en relación a los derechos humanos. Pero los que hoy traen a
colación esos choques omiten que Carter nunca cuestionó el Plan Cóndor
de la CIA, mientras sostenía sin fisuras al régimen pinochetista.
Tampoco dejó de sostener financieramente a la dictadura y a la
“bicicleta” que sirvió de piedra basal para el endeudamiento externo.
La misión de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA a la Argentina,
que recién llegó en 1979, fue para Carter y el imperialismo un escenario
de maniobras. La cuestión de los “derechos humanos” fue utilizada para
influir sobre los alineamientos internacionales de la dictadura, que
tenía en la burocracia soviética a un cliente privilegiado de las
exportaciones cerealeras. Los familiares que concurrieron a la misión de
la OEA aportaron centenares de nombres de represores. Pero en una
negociación con Videla, la CIDH los borró del informe final, provocando
la indignación de los denunciantes. La dictadura retribuyó este gesto
del Departamento de Estado adhiriendo al boicot a las Olimpíadas de
Moscú, en 1980.
Un destacado abogado de origen católico, cuyo hijo se encontraba
desaparecido, había accedido a la versión completa del informe de la
CIDH, incluyendo la nómina de represores. Al enterarse del encubrimiento
de Carter y sus “demócratas”, facilitó a “Política Obrera” el reporte
original. PO publicó la nómina en su boletín “Libertades Democráticas”,
cuya difusión hicieron propia muchos integrantes de los movimientos de
familiares de desaparecidos.
La versión de una administración americana “democrática” e incluso
enfrentada a la dictadura, es otro “relato” construido por los mismos
partidos que le prestaron intendentes a la dictadura y le brindaron
impunidad a los represores en las décadas posteriores.
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