El gobierno
provincial no quiere “reformar” la policía para mejorar la seguridad de
la población, es imposible reformar en ese sentido a la Bonaerense
La criminalidad de la Policía Bonaerense ya no se limita a la
organización del delito y el gatillo fácil, ahora también matan a la
gente atropellándola con los patrulleros. Hubo tres casos en 40 días, en
los que asesinaron de esa manera a una anciana, a un niño y a un joven
que dormía en su habitación. Esa policía patrulla con camionetas
disfuncionales para la tarea, aunque seguramente muy funcionales en
materia de “retornos” cuando las compraron; además, Scioli incorporó
efectivos a mansalva sin requisitos mínimos. Ahora hay una crisis
política (una más) por la puja entre la Bonaerense y la gobernadora,
María Eugenia Vidal, junto con su ministro de Seguridad, Cristian
Ritondo, quienes han comenzado la “reforma” policial que necesitan;
Sergio Massa, que de arreglos con la policía sabe mucho, advirtió: “La
van a reformar a ella”.
La “reforma” (la enésima en veinte años) consistiría en cambiar la
cúpula, dar de baja efectivos, reducir el número de superintendencias y
modificar el régimen de ascensos, entre otros detalles. Un esquema
repetido y fracasado. Los aparatos políticos están entrelazados con la
policía y, por lo tanto, con el narcotráfico, las redes de trata, la
prostitución, el juego clandestino y los desarmaderos de autos robados,
entre muchos otros rubros, y de ese entrelazamiento se nutren y se
financian. La “reforma” empeorará las cosas en cuanto dispondrá el
traspaso progresivo de la policía a los municipios, algo que comenzó a
suceder hace tiempo. Se reforzará más aún el vínculo policial con los
punteros y las intendencias, que centralizan el delito con las
comisarías.
Otro punto de conflicto será el reequipamiento policial, que servirá,
por supuesto, para mejorar la organización de delito y la represión a
los barrios, a la juventud y a los trabajadores, pero además generará
una disputa fortísima por el presupuesto (pueden preguntarle a Massa,
que también sabe de eso: véase si no el negociado jugosísimo que armó en
Tigre con las cámaras de seguridad y otros elementos).
Entretanto, la Bonaerense se dispone a negociar la “reforma” a su mejor
estilo: amenazas de secuestro a los hijos de Ritondo, un robo violento
al intendente de La Plata, advertencias a la gobernadora (se mudará a
una unidad militar), avisos de bombas (por ahora falsos) y zonas
liberadas. En la jerga lumpen-policial, eso se llama “pudrir la calle”.
Ahora, incluso, un agrupamiento denominado “Policías Argentinos Unidos”
anuncia un “paro y sirenazo” el 2 de abril en la provincia. En este
contexto, es una convocatoria puramente sediciosa y extorsionadora.
El gobierno provincial no quiere “reformar” la policía para mejorar la
seguridad de la población, es imposible reformar en ese sentido a la
Bonaerense.
Quiere poner bajo su control a la policía para negociar desde una mejor
posición el manejo de la provincia con el aparato mafioso de los
intendentes, y para aceitar los mecanismos represivos ante los tiempos
convulsos que ya llegan. Corresponde insistir: en materia de seguridad,
el Estado y su aparato de represión son el mayor de los problemas.
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