AUMENTOS
El naftazo del 10% pactado entre el gobierno y las petroleras es el
cuarto consecutivo en menos de 5 meses de gobierno. En total supera el
30% desde enero a la fecha. Se trata de una medida claramente
inflacionaria. Al impacto directo que tendrá sobre los consumidores,
debe agregarse el indirecto, que afectará los costos industriales y de
transporte, que ya fueron gravemente afectados por los tarifazos
eléctricos y de gas.
El gobierno justifica el aumento por la devaluación monetaria que él
mismo impuso. Desmiente el relato de campaña de Macri y Prat Gay, que
negaban el efecto inflacionario de la devaluación, afirmando que los
precios ya se habían adaptado al dólar blue. Sin embargo, el precio en
el que las refinerías compran el petróleo en el mercado local se redujo
un 12%, ubicándose entre los 55 y U$s 66. Aunque se trata de valores que
están por encima de la cotización internacional, permitiendo a las
petroleras locales un beneficio extraordinario, se encuentran por debajo
de los precios del 2015.
Los aumentos pasados fueron justificados por la necesidad de preservar
los puestos de trabajo en las provincias, ante la caída del precio del
petróleo. Pero en esta oportunidad las provincias no recibirán ni un
peso más, ya que el precio del petróleo se mantiene sin variaciones.
Este aumento beneficia a las empresas que refinan y no extraen
petróleo, como es el caso de Shell, ya que podrán aumentar sus precios
sin que se haya incrementado el costo del petróleo que deben comprar
para refinar. Uno que se llevará una mayor tajada será ministro
Aranguren, que al día de hoy sigue siendo accionista del monopolio
petrolero anglo-holandés. Elisa Carrió, que oficia de luchadora contra
la corrupción, ha callado frente a este hecho de corrupción.
La información periodística destaca, sin embargo, que el aumento fue
solicitado por la nueva conducción de YPF. Como ésta extrae petróleo y
también lo refina, tiene un margen mayor de ganancias porque está en
todos los eslabones de la cadena. El apremio por el aumento no sería por
un incremento de los costos, sino por la necesidad de hacer frente a un
endeudamiento en dólares que oscila entre los U$s 7.000 y los U$s 8.000
millones y que se ajusta una tasa del 8 o 9%. En este caso, sin
embargo, el gobierno no puede ampararse por la “herencia recibida”, ya
que él mismo piensa incrementar ese stock de deuda, llevándolo a más de
U$s 10.000 millones.
Mientras YPF recibe este beneficio anunció que aplicará un plan de
reducción de personal de más de 2.000 trabajadores. Este achique forma
parte de un recorte de U$s 4.500 millones de su plan de inversiones,
afectando fuertemente la actividad operativa en las cuencas petroleras.
Rechazamos el naftazo, que producirá más inflación y recesión. Le
oponemos la nacionalización integral del petróleo y el gas, como parte
necesaria de un plan de industrialización dirigido por los
trabajadores.
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