A nadie
escapa que el cerco sobre la ex Presidenta y los funcionarios del
gobierno anterior, que a esta altura es lo más notorio de la acción de
los jueces federales, le permite al gobierno de Cambiemos disimular el
tembladeral político y económico en que está sumido.
Los negociados
de los K -la “herencia recibida”- actúan como coartada y pretexto para
presentar al ajuste como inevitable. Macri explota de ese modo el
destape sobre los “peajes”, las sobrefacturaciones y el lavado de dinero
de la administración CFK.
El arbitraje de la Corte
Ahora bien, la Justicia, desde la Corte Suprema hacia abajo, está
actuando con una autonomía política que rompe los moldes de su actuación
anterior.
“Aunque la suspicacia argentina crea lo contrario, la administración
Macri tiene menos que ver con esta situación que la propia dinámica de
los jueces”, señala un editorialista de Clarín. Fue el titular de la
Corte, Ricardo Lorenzetti, el que instruyó a los jueces a terminar con
la “impunidad” y conminó al juez Sebastián Casanello, el magistrado que
lleva la causa principal contra Lázaro Báez, a activarla luego de un
prolongado letargo. Pero también fue la Corte la que planteó, en su
momento, la devolución del 15% de los fondos coparticipables, reservados
hasta ahora a la Anses, Córdoba, Santa Fe y San Luis, y abrió los
reclamos del conjunto de los gobernadores que hasta el día de hoy
reclaman la extensión de aquel fallo. La Corte acaba de adoptar un fallo
estratégico a favor de la Barrick, que deja en manos de las provincias
el manejo de los recursos naturales, como durante el menemato (ver nota
en nuestro sitio web). Del otro lado del mostrador, la Justicia mantiene
imputados a Macri; al intendente de Lanús, Néstor Grindetti (PRO), y al
empresario macrista Nicolás Caputo por sus vínculos con las compañías
offshore. En la investigación a Báez, está en la mira otro empresario:
Ángelo Calcaterra, primo de Macri.
Este papel político de la Justicia, cuya lupa se posa también en el
actual gobierno, podría explicar el ataque virulento de Elisa Carrió
contra los jueces federales y la propia Corte, exigiendo conocer sus
declaraciones juradas y denunciándolos por corruptos.
En este rol de arbitraje, los jueces se han asociado crecientemente al Vaticano.
Lorenzetti, junto a Casanello, Servini de Cubría y otros jueces
federales han sido invitados a un congreso sobre justicia, narcotráfico,
trata de personas y crimen organizado que inaugurará el papa Francisco
en Roma, en junio. Al congreso han sido invitados el fiscal Federico
Delgado, quien tiene imputado a Macri por los Panamá Papers (y a los
funcionarios macristas de ciudad por el desastre de Costa Salguero) y
Carlos Vera Barros, juez federal de Rosario que actuó en su momento en
sintonía con el kirchnerismo.
El Papa repetiría la invitación a un encuentro similar hacia fines de
año “para revisar cuánto de lo que se dijo que se iba a hacer se hizo”
-es decir un monitoreo constante. La injerencia de la Justicia y el
Vaticano en el proceso político es una señal inconfundible del grado de
disolución del régimen político y de sus partidos. El macrismo está
lejos de haber reconstruído uno alternativo.
Jueces y gobernabilidad
La “gobernabilidad” se sostuvo, hasta ahora, primero en base al
gobierno por decreto, luego mediante un sistema de acuerdos con
protagonistas diferentes en cada caso, que apuntó al bloque de
gobernadores e intendentes y que incluyó a la burocracia sindical. Este
régimen político es el que está trastabillando, lo que explica las voces
a favor de un acuerdo político de carácter “más permanente”. La
injerencia de la Corte y del Vaticano en el proceso político es el
producto de esta situación: tienden a reservarse para un papel de
arbitraje frente al vacío político que puede llegar a producir el
fracaso del gobierno oficialista y el desmoronamiento del peronismo.
La izquierda revolucionaria tiene un ancho campo para actuar y convertirse en protagonista de la crisis política.
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