7 de mayo de 2016
| Por Néstor Pitrola
Mientras 50 mil personas se movilizaban en Comodoro Rivadavia
contra los despidos en la industria petrolera, los bloques oficialistas y
“opositores” del Congreso tejían una maniobra para neutralizar
cualquier disposición que obstaculice la ola de despidos. Y aún más,
pretenden avanzar en una mayor flexibilización laboral, en sintonía con
los planes del oficialismo.
Junto a ese dictamen de mayoría en Diputados, está el dictamen de
minoría del Partido Obrero, que constituye un programa integral de
reparto de horas sin afectar el salario, de expropiación de toda empresa
que cierre, apertura de libros a comisiones obreras anulando el recurso
preventivo de crisis, amparo y blanqueo del despedido en negro y cuya
vigencia es desde el 1º de diciembre pasado hasta el final de 2017.
La “apertura” de la media sanción del Senado es capitaneada por
Massa y por el bloque Justicialista de la burocracia del Smata, Bossio y
los legisladores de Urtubey. Pero al entrar Gioja, se ha transformado
en una discusión del “panperonismo”, lo cual compromete en este barro a
diferentes alas de la burocracia sindical.
¿En qué consiste la “apertura”?
El operativo es transformar la mezquina y autodenominada “ley
antidespidos” en una norma de “promoción del empleo y de promoción de
las Pymes”. Se trata de una confluencia con la “ley de empleo joven”
propuesta por el ministro macrista Jorge Triaca, que consiste en el
abaratamiento de la mano de obra de jóvenes de 20 a 24 años. A esa
disposición, Massa le agrega, 'filantrópicamente', las personas mayores
de 50 – que de todos modos quedarán desplazadas por el empleo joven
“promocionado”. La “promoción” consiste en la exención de cargas
sociales durante dos años, de manera total o parcial, o sea, un subsidio
a las patronales.
El apoyo a las Pymes, con el cual se han llenado la boca en el
debate parlamentario todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente
de Izquierda, pasando por el FPV y todos sus matices, consistirá, o
bien en exceptuarlas de la prohibición del despido, o en establecer
ventajas impositivas y también de cargas patronales en su favor. Estos
subsidios desfinanciarán todavía más al Anses, a las Obras Sociales o al
erario público, a costa de los contribuyentes.
Hay que tener en cuenta que miles de Pymes son tercerizadas,
satélites y hasta testaferros del gran capital. Muchas de ellas facturan
fortunas con planteles reducidos, por ser empresas altamente
tecnificadas y con mínima mano de obra.
En cualquier caso, sea por “empleo joven” o por ventajas
impositiva, el abaratamiento de la nueva fuerza laboral invitará a los
empresarios a desprenderse del trabajador antiguo, que cuenta con
mejores condiciones laborales y salariales. La exención por dos años
financia la indemnización mediante retiro voluntario o jubilación
adelantada de los más antiguos, habilitando a una reforma antilaboral
encubierta bajo el nombre de “primer empleo”. Es una remanida estrategia
de flexibilización laboral, para descargar la crisis capitalista sobre
los trabajadores y recomponer la tasa de beneficio del capital a costa
de una mayor explotación obrera.
Empero, en esta operación “apertura”, que transforma la ley
“antidespidos” en “pro-despidos”, todavía persistirían las cláusulas de
prohibición de despidos y aún de suspensiones de la norma original del
Senado. Pero ello se ´resolvería´ con un veto parcial de Macri. De ese
modo los diputados le evitarían al presidente el “costo político” de un
veto total contra la “emergencia ocupacional”. Semejante norma hasta
podría tener votos oficialistas en el parlamento, que votarían en
particular contra las cláusulas antidespidos y que luego, naturalmente,
no se sumarán a los dos tercios necesarios para insistir en la ley
original y desautorizar el veto.
Aún para el caso de dos leyes (una sobre los despidos y la otra
sobre los ´incentivos´ a las Pymes), algo que tratan de evitar desde el
poder y particularmente desde sus socios políticos Massa o Bossio, se
plantearía la aprobación conjunta de ambas –y luego el veto de Macri
hacia una de ellas.
La perfidia de este operativo político debe ser denunciada con
toda su fuerza. Los partidos del régimen, que ya han coincidido en la
aprobación del pacto buitre, pretenden mostrarse “preocupados” ante la
cuestión del empleo, mientras no vacilan en abrirle paso a una norma
cesanteadora y flexibilizadora. Nuestro papel ante todas estas maniobras
tiene que ser muy claro. A este operativo, le oponemos un programa
obrero basado en el reparto de horas sin afectar el salario, para que la
crisis la paguen los capitalistas. Denunciamos el camino de derrota y
acompañamiento del ajuste que significa la política de la burocracia
sindical, responsable de la parlamentarización de la cuestión, cuando
siguen lloviendo despidos a razón de mil telegramas por día.
Mientras Gioja abría su despacho para estas “finas maniobras”,
50000 trabajadores y pobladores se movilizaban en Comodoro Rivadavía
ante los despidos permanentes en la industria petrolera y todas las
actividades derivadas. En Tierra del Fuego, se producía una nueva
movilización masiva contra la represión, tras 65 días de huelga.
La política de la burocracia debe ser denunciada incluso si llega
a la convocatoria a un paro nacional aislado, que sólo apuntaría a
descomprimir la tensión que provocaría un veto total o parcial de Macri,
en el cuadro de los despidos y de la carestía creciente.
Sería parte del paisaje de contención. Nuestra política es armar a
los trabajadores para responder con la huelga y la ocupación de los
lugares de trabajo ante despidos masivos, y preparar las condiciones en
cada gremio para que un paro nacional sea el comienzo de un plan y una
lucha de conjunto para derrotar los despidos y el ajuste.
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