El lunes 2 de mayo por la noche, finalizado el acto de homenaje a los
caídos por el hundimiento del General Belgrano en la Guerra de Malvinas,
un grupo de trabajadores de la Unión de Gremios reclamó una reunión al
vice gobernador Juan Carlos Arcando. Este se negó, manteniendo la
postura oficial de oponerse a todo tipo de tratativa (ejemplo de ello es
la presencia de la gobernadora, Rosana Bertone en el Congreso del PJ
en Buenos Aires).
El hecho se volvió confuso, hubo empujones y provocaciones por parte de
algunos “civiles”, lo que derivó en un piquete fuera de la presidencia
de la Legislatura con el vice adentro. La policía desplegó un operativo
con antimotines, golpeó brutalmente a dos docentes talleristas
despedidos en enero y provocó e incitó a la violencia, insultando a los
gremialistas y rociando con gas pimienta a cuanto estatal se moviera.
Una provocación en toda la línea.
La represión no terminó allí. En la madrugada, un operativo de
detenciones y allanamientos violentos derivó en cuatro compañeros
detenidos y un pedido de captura para un quinto, quien finalmente se
presentó y se entregó en el juzgado.
Mientras la Unión de Gremios reclamaba la libertad de los compañeros
que se encontraban detenidos e incomunicados, un puñado de sindicatos se
reunía con ministros del gobierno para cerrar algún tipo de acuerdo.
Esos gremios no han participado de la lucha, como UPCN o UEJN, o han
abandonado sus métodos como es el caso de ATSA y ATE seccional Río
Grande. La Unión de Gremios estaba invitada a participar, pero
misteriosa y maliciosamente se producen las detenciones horas antes de
dicho encuentro.
Es clara la intención del gobierno en este punto: las detenciones
responden netamente a una cuestión política. El Frente para la Victoria
busca, mediante el armado de causas judiciales, criminalizar a quienes
hoy se encuentran luchando y de esta forma intenta menguar la lucha.
Asimismo busca aleccionar al conjunto de la clase trabajadora,
castigando a quienes se organizan para enfrentar el paquete de leyes de
ajuste. No olvidemos que este gobierno K hizo silencio de radio cuando
se condenó a los docentes del Sutef a fines del año pasado.
No pudieron retomar la Casa de Gobierno
El gobierno había suspendido una reunión con la Unión de Gremios el
pasado 28 de abril, y un fuerte operativo policial intentó “garantizar”
el ingreso de los funcionarios en la Casa de Gobierno. El conjunto de
los trabajadores, quienes desde muy temprano se apostaron en las cuatro
esquinas de la sede, lo impidió.
Ese mismo día el gobierno anunció por todos los medios oficiales que el
viernes se garantizaría el normal funcionamiento de la Casa de
Gobierno.
Volvió a intentar el acceso de los funcionarios a costa de más policías
y se repitió la escena del día anterior. El oficialismo no pudo quebrar
el paro ni garantizar lo que había prometido, dado que el acatamiento a
la medida y la movilización de los estatales aumentó en paralelo al
intento de quebrar el movimiento de lucha.
El sábado 30 por la tarde la ofensiva siguió. Docentes agremiados en el
Sutef se encontraban cocinando en la escuela 16, de, hacia el 1º de
Mayo, con la intención de recaudar dinero para el fondo de huelga, ante
los furiosos descuentos sufridos, cuando la Subsecretaria de
Planeamiento Educativo, Claudia Castiglioni, con personal policial a su
orden, hizo desalojar el colegio.
Necesidad del paro nacional
El gobierno no ha podido quebrar la organización de los trabajadores,
el frente único de lucha que se gestó a raíz del ajuste. La Unión de
Gremios, a pesar de sus divergencias, comunes en una organización
heterogénea y en desarrollo, mantiene la unidad. Como el gobierno no ha
podido quebrarala a lo largo de estos dos meses, ha recurrido a la
represión lisa y llana, deteniendo a compañeros estatales.
El viernes 29 las centrales sindicales marcharon para descomprimir la
olla a presión que se comienza a gestar en la clase trabajadora.
Mencionaron la situación de Tierra del Fuego, pero abrieron una nueva
tregua, cuando el conflicto docente estatal sigue vigente y se agrava
por la situación de las fábricas metalúrgicas, que han comenzado a
rescindir contratos, retirar “voluntariamente” a los trabajadores y
reducir las horas de trabajo afectando notablemente los salarios.
Llevamos más de 500 despidos en el último mes y 1.500 regresos que no se
efectivizaron.
Es desde aquí, Santa Cruz, Mendoza, Santiago del Estero, de los miles
de despidos en todo el país y la inflación galopante, que se desprende
la necesidad de un paro nacional para enfrentar el ajuste y detener la
ola masiva de cesantías.
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