La
declaración por parte de Maduro del “estado de excepción” el pasado 13
de mayo implicó un nuevo salto en la característica golpista que
adquirió el régimen chavista
Mediante esta medida se amplía la
capacidad del Ejecutivo para cercenar libertades democráticas, reprimir
manifestaciones y emitir deuda. Este “pasaje del bonapartismo
plebiscitario al bonapartismo de facto” (Prensa Obrera N°1.410) se
desarrolla como experiencia declinante -lo contrario a una afirmación de
poder. La camarilla “madurista” se aferra a la conducción del Estado en
medio de un impasse extraordinario, pues carece de un programa para
afrontar el deterioro monumental de la vida social venezolana. El
nacionalismo rentista se derrumba confesando que no tenía alternativa
prevista para la declinación de los precios de las materias primas -una
negación de cualquier tipo de desarrollo genuinamente autónomo.
En este marco de sistemática degradación, la declarada negativa de
Maduro y compañía respecto a la realización del referendo revocatorio,
para el cual la oposición asegura haber reunido diez veces más que las
firmas necesarias, atiza el fuego del golpismo y el autogolpismo.
“Evitar un caracazo”
A la derecha proimperialista, naturalmente, le importa un bledo “la
democracia”; quiere sacarse de encima a Maduro a como dé lugar, pero
teme más que a la peste un desenlace que se vaya de control. Idéntico
recelo tienen los propios Estados Unidos y el Vaticano, que intentan
contener estas contradicciones, comprometidos como están en un delicado
reordenamiento general de América, desde Cuba y Colombia hasta los
buitres que sobrevuelan Buenos Aires. Las “preocupaciones” sobre una
salida militar a la crisis que dejan trascender funcionarios
norteamericanos buscan reforzar la extorsión a Maduro para que abandone
el poder y dé paso a una “transición ordenada”; sentido similar tuvo la
carta del Papa, y la visita de Rodríguez Zapatero -un lobbista de la
banca española. El propio Macri viró, y se suma al “equipo” de la
“transición ordenada”, tras instar a Malcorra a moderar sus dichos
respecto a la “Carta Democrática” de la OEA, y postular, él mismo, “la
necesidad del diálogo” (La Nación, 21/5). Existe la preocupación que el
desmadre derive en una situación revolucionaria. Quien más claro expresa
la cuestión es Capriles: “hay que hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para que no haya una reedición del Caracazo de 1989. Lo que
puede darse en Venezuela son muchos estallidos que generen una situación
que se nos escape de las manos” (El País, 20/5)
El arbitraje de las Fuerzas Armadas
En Venezuela, las Fuerzas Armadas aparecen como un actor ineludible de
la crisis, lo cual ilustra otro límite insalvable de la experiencia
nacionalista.
La división en sus filas es señalada por oficialistas y opositores;
Heinz Dieterich, un destacado chavista que aboga por una “retirada
táctica”, señaló hace varias semanas que “la fracción del general
madurista Padrino López reafirma la política de ‘ni un paso atrás’ de
Stalingrado, [mientras] el grupo del general chavista Rodríguez Torres
aboga por la política de la retirada táctica: una solución política
negociada con las fuerzas del 6-D” (se refiere al bloque que derrotó a
Maduro en las últimas elecciones). Cualquiera sea la variante que se
abra paso, lo que está claro es que no hay “poder popular” si el destino
de semejante crisis reposa en las manos de una camarilla corrompida o
de fracciones de un ejército estatal organizado de arriba para abajo.
Por una intervención independiente de la clase obrera
No nos privamos de insistir: rechazamos que el hundimiento de las
experiencias nacionalistas configuren una derrota de las masas -eso
dependerá de la lucha de clases, y de la calidad de la intervención de
la izquierda revolucionaria para emerger como alternativa política
frente a la crisis. La clase obrera debe emerger como factor
independiente en la escena política venezolana. La situación excepcional
que el país atraviesa pone al rojo vivo la necesidad de la convocatoria
de un congreso de trabajadores para discutir una salida obrera a la
crisis y reclamar una asamblea constituyente libre y soberana, que sea
convocada por un gobierno de trabajadores.
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