El domingo
18/6 falleció Ricardo Obregón Cano, quien fuera gobernador de Córdoba
junto a Atilio López, dirigente de la CGT de la provincia, por un breve
período. Accedió al poder el 25 de mayo de 1973 y fue destituido el 28
de febrero de 1974, nueve meses después, por un golpe de Estado que pasó
a la historia como “Navarrazo” por quien lo lideró, Antonio Navarro,
jefe de policía de Córdoba
Fue parte del desalojo
violento del conjunto de gobernadores que habían subido con el apoyo del
peronismo sindical combativo y de la Juventud Peronista, orquestado por
el propio Perón con el apoyo de la burocracia sindical. Nuestro partido
lo caracterizó como “Anticordobazo” porque tuvo la intervención de
quienes participaron del Cordobazo.
La muerte de Obregón Cano, a la edad de 99 años y luego de treinta de
silencio, ha provocado condolencias que constituyen, a ojos vista, una
muestra impar de hipocresía. ¿Dónde estaba De la Sota y una larga lista
de dirigentes peronistas y de la oposición cuando el golpe policíaco
militar sindical ordenado por Perón derrocó al gobierno de Córdoba en
1974? ¿Dónde estaban Gioja, Balbín o la propia CFK, que confesó que
cuando Perón echó a los “imberbes” de la Plaza era partidaria de
quedarse para no dividir al peronismo, tres meses después del Navarrazo?
¿Alguien recuerda que Ricardo Obregón Cano fue preso por asociación
ilícita bajo Alfonsín, en el mismo momento en que el presidente que
vociferaba “con la democracia se vive, se come y se hace justicia”,
enarbolaba la teoría de “los dos demonios”? ¿Alguien recuerda, honor
para él, que Ricardo Obregón Cano denunció la ley de Obediencia Debida
del propio Alfonsín, que prescribía los delitos cometidos por los
miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo grado estuviera por debajo de
coronel no eran punibles?
La operación burocrático-policial -organizada por el gobierno de Perón
con el objetivo de liquidar las posiciones conquistadas por los
trabajadores desde el Cordobazo- tiene un capítulo escasamente abordado,
que es el papel del peronismo, de la burocracia sindical y de la
oposición política patronal en la conspiración que colocó la ciudad bajo
el mando de los escuadrones de la muerte y preparó el descabezamiento
de las direcciones clasistas y combativas de la época. Fue parte de ella
Ricardo Balbín (UCR), quien se ufanaría más tarde de haber excluido a
la Legislatura de Córdoba de la intervención federal a la provincia
-planteada en principio para los tres poderes- y Oscar Alende y Horacio
Sueldo -aliados del PC en la Alianza Popular Revolucionaria (APR)-, que
ayudaron a reunir el quórum -dos tercios- necesario para intervenir el
Poder Ejecutivo de la provincia.
El golpe se propuso destituir al gobierno de la izquierda patronal del
peronismo (Obregón Cano-Atilio López) tildado de condescendiente con “la
subversión” y provocar una derrota estratégica en uno de los grandes
escenarios de la rebelión obrera abierta con el Cordobazo. Era parte, a
la vez, de una sucesión de golpes de Estado contra los gobernadores del
peronismo combativo pergeñados por el propio Perón y que destituyeron a
Oscar Bidegain (provincia de Buenos Aires), Miguel Ragone (Salta), Jorge
Cepernic (Santa Cruz) y Alberto Martínez Vaca (Mendoza).
Obregón fue un Cámpora, incapaz de enfrentar la ofensiva derechista:
fue él quien nombró jefe de policía al coronel Navarro, quien luego
fuera jefe de la sedición, repitiendo a Salvador Allende con Pinochet y,
más tarde, a Isabel Perón con Videla.
El Navarrazo se inició el 27 de febrero de 1974. Ese mismo día, con las
calles ocupadas por la policía alzada y las bandas de matones
organizados por la burocracia sindical, el cuerpo de delegados del Smata
Córdoba, a instancias del Movimiento Sindical Combativo (en el que
convergían Agustín Tosco y René Salamanca), resolvía abrir una instancia
de negociación con las 62 Organizaciones “legalistas” -orientadas por
el vicegobernador Atilio López.
¿Cuál era la política de las 62 en las vísperas del golpe? Negociar con
la derecha -los llamados ortodoxos, arietes del golpe- la conformación
de una regional peronista que excluyera… a Tosco y Salamanca. Las 62, en
la figura de López, capitularon ante Perón entregando su renuncia horas
después. Obregón Cano y la JP ni siquiera intentaron enfrentar el
motín, confiando en una intervención del “líder” a su favor.
Para que se advierta, la clase obrera del Cordobazo fue derrotada sin
pelea por esta política, en uno de los mayores centros de la rebelión
clasista y combativa que recorría el país.
El “cerco”
Para el 1º de marzo, las Juventudes Políticas (JPA), con peso
determinante de la JP, habían llamado a un acto en la Plaza Congreso
para “estructurar una fuerza de apoyo al gobierno que contrapese las
fuerzas reaccionarias” (Noticias, 28/2/74). En medio del motín policial,
la convocatoria no fue alterada ni en una coma. El gobierno prohibió el
acto y la policía sitió el lugar. Las JPA, con 50.000 jóvenes en la
calle, decidieron retirarse y fueron gaseadas mientras gritaban su
adhesión a Perón y repudiaban el “cerco” en torno de él.
Balbín y Perón organizaron una reunión con todos los partidos de
oposición. Concurrieron ocho: UCR, APR y, entre otros, el PC -parte de
la APR y el PST (luego MAS). De allí salió un documento en el que se
planteaba que “los aquí presentes… han reiterado el propósito de no
ahorrar actitudes y esfuerzos para mantener y consolidar el proceso de
institucionalización del país, en el régimen de la democracia”. Sobre el
Navarrazo, ni una palabra.
Fue publicado a través de una solicitada (22/3/74). El documento era la
consecuencia de una lógica política pérfida, se llamaba a defender al
gobierno que en esas horas entregaba todos los resortes del poder a los
organizadores del motín en Córdoba y de la Triple A, con la anuencia del
propio Perón.
La Triple A
Obregón Cano se exilió en México en agosto del ’74. Un mes después, su
compañero de fórmula, Atilio López, caía bajo las balas de la Triple A.
Uno de los 600 desaparecidos y 500 ejecutados sumariamente bajo el
tercer gobierno peronista. Al recordar a Obregón Cano, vale denunciar
que la impunidad por la Triple A se convirtió en política de Estado bajo
todos los gobiernos, incluyendo el pretendidamente nacional y popular.
Nadie quiso arrimar una cuota de demagogia para castigar estos crímenes,
debido a la magnitud de las responsabilidades políticas detrás de ellos
(Perón) y al involucramiento personal y directo de la burocracia
sindical peronista en sus filas.
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario