La exclusión de funcionarios del blanqueo impositivo ha sido presentada
como una “garantía de transparencia” o de “rechazo a la corrupción”. En
realidad, asistimos a un blanqueo del blanqueo, o sea, a la pretensión
de imprimirle un barniz ‘ético’ a este rescate integral de la clase
capitalista, protagonista orgánica de la evasión de impuestos y de la
fuga de capitales del país. Para ella, el beneficio del blanqueo será
sin excepciones e incluirá a la patria contratista, o sea, a quienes
coimearon a los funcionarios supuestamente excluidos del blanqueo.
Mauricio Macri, que está de los dos lados del mostrador, hizo punta,
revelando la lógica de esta operación de rescate. El hombre traerá un
millón y medio de dólares de las Bahamas para colocarlos en Letras de
Tesoro, las cuales rinden tres veces más que cualquier colocación de una
plaza financiera del ‘primer mundo’. El jefe de Estado, como muchos
otros especuladores, va a lucrar con la quiebra del país, que es el
resultado de una década de pago serial de la deuda externa. Una de las
variantes del blanqueo, precisamente, incluye la posibilidad de que el
evasor se “redima” comprando títulos de la deuda pública, o sea, pasando
de evasor o acreedor del Estado argentino.
Aunque el blanqueo excluirá a los funcionarios de la camarilla
kirchnerista desde 2011, sus principales personeros ya se encuentran
bajo proceso judicial, con la cual difícilmente hubieran podido
acogerse. En cambio, los gobernadores del Pejota y el FpV se llevarán
una preciosa tajada de la ley “ómnibus” -la devolución progresiva de los
fondos de coparticipación que venían siendo transferidos a la Anses. De
este modo, el despojo impositivo de las provincias -que es el resultado
del pago de la deuda pública y de los propios desfalcos de sus
gobiernos- será resarcido con los fondos jubilatorios. Los Schiaretti-De
la Sota, Alperovich-Manzur (¡y la familia Kirchner en Santa Cruz!) han
recibido de este modo su propio “blanqueo”. La contrapartida de esa
‘devolución’ de fondos es el cumplimiento de los ajustes provinciales,
algo que la kirchnerista fueguina Rosana Bertone está llevando adelante a
sangre y fuego. La otra coartada del blanqueo es un “resarcimiento” a
jubilados, que implica desconocer el 70% de la deuda que el Estado tiene
con ellos. Para que ese default parcial sea aceptado, los jubilados
serán extorsionados con el hambre y con su propio horizonte de vida, el
mismo chantaje que aplicaban el kirchnerismo y la Justicia sobre ellos.
Este pago retaceado servirá de caballo de Troya para una reforma
previsional -el propio Macri acaba de anticipar el aumento de la edad
jubilatoria para las mujeres.
Coalición bendita
Con esta operación política y financiera, Macri aspira a refrendar el
apoyo de la clase capitalista a su gobierno, y ensayar un acuerdo
político más estable con el pejota y las camarillas de gobernadores
provinciales. Así, el mismo régimen que prometía transparencia avanza a
un acuerdo político fundado en la amnistía de los evasores capitalistas.
Del anuncio del mani pulite (manos limpias), pasamos a la ley del mani
sporche (manos sucias). El pejotismo-kirchnerismo transita por este
acuerdo del ajuste, el cual tuvo su primer puntapié en el voto favorable
al pacto buitre por parte de sus senadores. Además del ataque a los
derechos jubilatorios, esta coalición en grado de tentativa debería
avanzar con una reforma laboral antiobrera, cuya coartada será el
“primer empleo” y el “fomento a las pymes”. Para esta escalada, el
gobierno tramita la bendición del Vaticano, a cuyo plan de catequización
de las escuelas medias -“Scholas Ocurrentes”- acaba de destinar un
subsidio millonario. El debate sobre la pobreza, que los voceros del
Vaticano agitan en estos días, no apunta contra sus raíces: la
desocupación creciente, la caída del salario, los tarifazos. La Iglesia,
en cambio, quiere liderar un operativo asistencial dirigido a contener
la rebelión de los más oprimidos al despojo en marcha. En esa coalición
‘bendita’, ya se ha anotado parte del kirchnerismo, como el movimiento
Evita.
Fermento popular
Pero el esfuerzo desesperado del macrismo para recauchutar su régimen
es tan intenso como el progreso de la impasse económica y el descontento
popular. La “lluvia de dólares” se ha reducido a un operativo de
reendeudamiento, que prepara a término una nueva cesación de pagos. La
recesión económica -24% de caída en la construcción durante el mes
pasado- es, a esta altura, una estrategia política para que la
desocupación habilite un ataque a fondo sobre las conquistas laborales
de la clase obrera. Entre los integrantes de la “coalición bendita”, la
burocracia sindical ocupa un lugar central. Por eso, renunció a luchar
contra los despidos, en nombre de una salida parlamentaria que ni
siquiera defendió a la hora de su veto.
A contrapelo de este compromiso de fondo con el ajuste, el fermento de
la intervención popular por abajo se multiplica. El desalojo brutal de
los luchadores fueguinos ha reavivado la lucha de sus docentes y
estatales. La huelga petrolera del sur delata la esterilidad de la “paz
social” que los burócratas sindicales patagónicos firmaron con los
pulpos subsidiados. En otro plano, el rechazo a los tarifazos ha
devenido en una crisis política, donde la Justicia intenta terciar entre
la confiscación oficial y la rebelión de ciudades enteras. Los
ajustadores -y la coalición que intentan urdir- tendrán que vérselas con
esta enorme conmoción social y el panorama de luchas que se
incrementará como resultado de su política. Este proceso apasionante
supera por completo al kirchnerismo, que se debate entre el pejotismo (y
la convivencia con Macri) y los tribunales. Impulsemos en todos lados
asambleas, autoconvocatorias y la coordinación de acciones de lucha por
el programa planteado: ningún despido ni suspensión; salario igual a la
canasta familiar, hoy en 20.500 pesos; 82% móvil y aumento de emergencia
para los jubilados; anular el tarifazo. Contra la coalición de los
evasores, desarrollemos, con la lucha y la delimitación de campos, la
alternativa política de los trabajadores.
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