La “ley ómnibus” se asienta en la misma coalición política que votó el
pacto buitre, probablemente reforzada por la totalidad o la mayoría del
kirchnerismo. El “ómnibus” transporta un blanqueo de capitales que va a
reforzar el endeudamiento del país, un reparto a las provincias que ya
están ajustando junto al gobierno nacional y el comienzo de una reforma
antijubilatoria.
Esa reforma incluye la descapitalización de la Anses y
anticipa un aumento de la edad jubilatoria de la mujer a 65 años. El
megaproyecto agrava también la regresividad del sistema impositivo,
porque comienza la desaparición del impuesto a la riqueza. Se trata de
un gran acuerdo nacional de la “Argentina offshore” -o sea, la de la
clase capitalista que fugó la riqueza del país durante décadas.
Se ha
presentado la ley como un beneficio a los jubilados, acompañado del
blanqueo a los capitalistas para financiarlo. Ni una cosa ni la otra:
hay una confiscación a los derechos adquiridos de los jubilados y el
blanqueo sólo financiará monedas
Los evasores sólo aportarán en
promedio un 8% de lo declarado, lo cual será descontable de impuestos
futuros. Pero el aporte podría ser nulo si se invierte en títulos
públicos en dólares -los cuales, a partir de los seis años tendrán un
jugoso rendimiento del 5%.
El verdadero objetivo de este engendro es una operación de
endeudamiento. Es que en el primer cuatrimestre, lejos de la “lluvia de
inversiones” tuvimos una fuga de capitales de 3.700 millones de dólares.
Por obra y gracia de la nueva ley, los más grandes deudores de
impuestos pasarán a ser acreedores del Estado. Se trata de un doble
premio: amnistía penal e impositiva por un lado, y resarcimientos sobre
los nuevos bonos por el otro. Los capitalistas evasores son premiados
para salir al rescate de una quiebra del Estado que se perpetró en
beneficio de ellos mismos.
La indignación que despertó la penalización con años de prisión para
periodistas que publiquen listas de blanqueadores hará que la norma sea
posiblemente suprimida, pero quedará en pie lo que es un lineamiento de
fondo de todos los bloques capitalistas: el secreto financiero y
comercial que ha rodeado al listado del dólar futuro, del Panamá Papers y
de la Afip. Esta coalición de evasores capitalistas tuvo expresión
cuando votaron la ley de Información Pública, que garantiza esos
secretos en su artículo octavo.
Contra los jubilados
Para los jubilados, la ley comporta una reducción colosal de la deuda
que sostiene el Estado con ellos. Se les realiza una quita del 70% de
sus derechos judiciables y un ajuste de sólo el 15% en los nuevos
haberes, muy por debajo de los primeros -y engañosos- anuncios
oficiales. Por caso, un jubilado en 2009 que cobraba 9.000 pesos, con el
índice previsto por la ley “ómnibus” pasará a cobrar 10.600. Pero si se
aplicara el índice empleado en los fallos de la Corte, debería cobrar
13.500 pesos. Una confiscación del 30% en el nuevo haber.
No hay mejora en la jubilación mínima, que cobran las tres cuartas
parte de los jubilados, y tampoco para el conjunto, que deberá esperar
hasta septiembre la “movilidad jubilatoria”. Ella no superaría el
14/15%, frente a una inflación anualizada del 40%.
En relación con las retroactividades, se aplica otra confiscación.
Quienes tienen sentencia firme deberían cobrar el 100% del fallo,
habiendo una previsión presupuestaria de 12.500 millones de pesos para
ello. Pero la ley les impone una quita al establecer el pago retroactivo
desde que comenzó la acción judicial, y no desde que inició el reclamo
administrativo. Además, sólo se paga al contado el 50% de esa deuda, y
el resto en cuotas durante tres años. El mismo sistema de pago tendrán
los juicios sin sentencia, a quienes se les rebaja a cuatro años la
retroactividad reconocida cuando el promedio es de ocho. El millón (no
serían más) de jubilados que no acudieron a la Justicia no tendrán
retroactividad alguna, y sólo tendrán el aumento establecido si
renuncian a cualquier acción judicial. Como frutilla del postre, las
retroactividades y reajustes serán gravados con el impuesto a las
ganancias.
En resumen, los jubilados también son convocados a financiar el déficit
público desde sus jubilaciones, que en promedio no llegan a la canasta
básica y cuya mayoría está en la mínima de indigencia de 4.959 pesos. La
Anses también será financista del Estado, porque recibirá de lleno el
impacto de la devolución progresiva del 15% de coparticipación a las
provincias sin financiamiento de reemplazo.
La ley dispone una pensión asistencial a los 65 años del 80% de la
mínima (4.000 pesos) para quienes no tienen aportes. Además de
reemplazar la jubilación por una pensión asistencial, queda un fuerte
antecedente para la elevación de la edad jubilatoria de la mujer. La ley
apunta a disociar definitivamente a la jubilación del salario en
actividad, o sea la aniquilación de la jubilación como salario diferido.
En el debate hemos demostrado que la reposición de los aportes
patronales rebajados en 1993 por Menem y Cavallo significan 280 mil
millones de pesos anuales, y que la pérdida de la Anses por este
concepto en los 23 años transcurridos, orilla, a dinero de hoy, los 6
billones de pesos. Esas cifras podrían financiar la recomposición
jubilatoria.
En el toma y daca de los acuerdos parlamentarios, ha quedado pendiente
la venta de las acciones de la Anses. La burguesía “nacional” y los
fondos de inversión internacionales aún no se pusieron de acuerdo
respecto del destino de este botín.
El acuerdo nacional de vaciadores incluye a la burocracia sindical en
el acompañamiento del ajuste. Para ella y para la patronal acaba de
llegar un preciado regalo: el fallo antihuelga de la Corte.
Será la lucha obrera y popular, como la que se desarrolla contra las
tarifas, en las grandes huelgas provinciales patagónicas, en los
conflictos fabriles como Ecotrans o Mascardi contra los despidos, la que
enfrente y haga estallar por los aires la coalición de evasores.
Programa
Nuestro dictamen plantea un aumento de emergencia de 6.000 pesos a
todos los jubilados, el reconocimiento y pago inmediato del total de las
retroactividades -haya o no juicio- mediante un impuesto a la renta
financiera, la restitución del 82% a los nuevos jubilados y su
financiación mediante la reposición de los aportes patronales rebajados
en los ’90, junto a la devolución de la Anses y el Pami a un directorio
electo por trabajadores y jubilados. Incluirá también una cláusula de
blanqueo con estabilidad laboral para los trabajadores en negro y
comprenderá a los 300 mil afectados por las rentas vitalicias que
perciben 700 pesos promedio, junto a la abolición del secreto bancario y
comercial con relación a los capitalistas.
Como el dictamen antidespidos que presentó nuestro bloque del Partido
Obrero en el FIT, se trata de un programa de lucha que llamamos a
discutir en asambleas y a transformar en parte integral del programa por
un inmediato paro nacional y plan de lucha de todo el movimiento
obrero.
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1414/politicas/ley-omnibus-el-gran-acuerdo-nacional-de-la-argentina-offshore
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