Después de ocho años, la crisis política ha devuelto a la tapa de los
diarios el triple crimen de General Rodríguez y sus derivados, como el
negociado de obras sociales sindicales con medicamentos adulterados.
Aquel caso fue convenientemente tapado por otros escándalos y porque el
juez Ariel Lijo tardó ocho años en llamar a indagatoria a los imputados,
cosa que hizo recién en marzo de este año. Otros encubridores
sistemáticos de esas estafas criminales contra la salud del pueblo
fueron el fiscal bonaerense Juan Bidone y la procuradora de la provincia
de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, ex defensora de Aníbal
Fernández en otras causas penales. Falbo fue denunciada por aquel
encubrimiento y esa denuncia está en el despacho de Sandra Arroyo
Salgado, quien, según Elisa Carrió, la deja dormir por presiones de
Sergio Massa y de dos caudillos del PRO bonaerense: Gustavo Posse y
Jorge Macri. Carrió debe saber de qué habla, puesto que es socia
política del PRO y de Cambiemos. En este punto, conviene recordar que
María Eugenia Vidal ha armado una suerte de pacto permanente con Massa,
de modo que las denuncias de Carrió apuntan a la línea de flotación de
la gobernación bonaerense.
Pero el caso Pérez Corradi trae otras “reminiscencias”: por ejemplo, la
del financista Néstor Lorenzo, dueño de una cadena de droguerías
vinculadas con la causa de los medicamentos adulterados, que involucró a
la burocracia sindical al punto de haber llevado a la cárcel a Juan
José Zanola durante dos años. En 2007, y con el fruto de estos negocios,
se aportaron fondos a la campaña electoral de Cristina Kirchner y Julio
Cobos. El recaudador de esos recursos, Héctor Capaccioli, entonces
superintendente de Salud de la Nación, se definía él mismo como “soldado
de Alberto Fernández”, hoy portavoz de Massa. La ruta de Pérez Corradi,
como se ve, más que ruta es una autopista.
Ahora, aquella bomba de tiempo que se desactivó en 2008/2009 amenaza de
nuevo con una explosión, por la detención de Ibar Pérez Corradi, a
quien algunos consideran el instigador del triple crimen de General
Rodríguez, cometido en agosto de 2008. Entonces, los cadáveres de tres
empresarios farmacéuticos vinculados con el tráfico ilegal de efedrina
aparecieron acribillados a tiros. Sin embargo, los hermanos Lanatta y
Víctor Schillaci, condenados por aquel crimen, fugados y recapturados
poco después en un episodio peor que confuso, aseguran que Pérez Corradi
sólo es un empleado de Aníbal Fernández.
La protección, la caída
Hasta hace muy poco, nadie buscaba a Pérez Corradi, que tiene “muy
buenos amigos en la Side y en la Bonaerense” (La Nación, 20/6).
Gendarmería dejó trascender que había alertado a Sergio Berni sobre la
presencia de Pérez Corradi en Paraguay, pero el entonces secretario de
Seguridad nada hizo. Ahora ¿quién lo detuvo? Contra lo que dice Patricia
Bullrich, la AFI no buscó a Pérez Corradi. Ella se enteró de la
detención porque la llamó el ministro del Interior paraguayo, no por la
AFI. Se trate o no de una detención pactada con el propio Pérez Corradi,
es evidente que la “seguridad” argentina actúa por cuenta y orden de la
DEA, que “administra” el narcotráfico continental de acuerdo con los
intereses de la penetración política y económica yanqui en la región.
Como parte de este operativo, estaría la “reubicación” de Antonio
“Jaime” Stiuso en la ex Side.
La detención de Corradi podría terminar de demoler a otro flanco de la
camarilla kirchnerista: la de Aníbal Fernández y su ex compañero de
fórmula, Martín Sabbatella. Fernández, se sabe, es un provocador
profesional contra el movimiento popular (Darío y Maxi, Mariano
Ferreyra, detención del “Pollo” Sobrero).. Y hay más: la caída de Pérez
Corradi golpea también a varios de los nuevos amigos o socios de Macri
-los de la “oposición responsable”- y a franjas amplias de la burocracia
sindical. El “mani pulite” argentino choca con las tendencias
disolutorias del régimen político.
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