Los anuncios
en materia previsional realizados por Macri representan un chantaje a
más de 2 millones de jubilados. Aunque fue presentado como una
“reparación histórica”, regularizando los juicios acumulados bajo el
kirchnerismo, la realidad demuestra exactamente lo contrario
De un total de 2.100.000 jubilados que tienen sus haberes mal
liquidados, hay aproximadamente 60/70 mil que tiene sentencia firme y a
los que sólo les falta cobrar, que no van a recibir lo que establece el
fallo. El proyecto de ley establece que los montos de retroactividad por
las diferencias de haberes mal liquidados, así como los
correspondientes al aumento de los haberes futuros, serán calculados
utilizando un índice de actualización que es menor a la mitad del fijado
por la Corte para este tipo de sentencias. Es decir que se producirá un
recorte mayor al 50 por ciento. Pero el proyecto también dice que ni
siquiera se pagará ese total sino que el gobierno “realizará una oferta”
que, lógicamente será menor a ese monto reducido.
El valor que surja de estas quitas será abonado no al contado -como
correspondería ya que tienen sentencia firme- sino en dos partes. Un 50%
al contado y el resto en 12 cuotas trimestrales (dos años)
actualizadas. Además, el proyecto aclara que los jubilados deberán
abonar, sobre los montos que cobren, el Impuesto a las Ganancias, lo que
supondrá una nueva quita.
Como el coeficiente de actualización es confiscatorio, la actualización
de los haberes, que el gobierno estimó en un promedio del 45% es
probable que esté ubicada muy por debajo de esa cifra.
En el caso de los 300 mil jubilados que tienen el juicio sin sentencia
firme, pero que pueden tener una favorable en primera y aún en segunda
instancia y están esperando por el de la Corte, el descuento será aún
mayor, ya que a todo lo que se le aplica a los anteriores, se le debe
sumar que sólo se les computará para el “acuerdo” un máximo de cuatro
años de antigüedad. Es decir que si el jubilado comenzó su juicio hace
ocho años, el gobierno le ofrece una retroactividad que alcanza apenas a
la mitad.
Pero la situación es mucho más grave para la inmensa masa de jubilados
-1.800.000- que teniendo sus haberes mal liquidados aún no comenzaron
una demanda judicial. A este sector el gobierno le impone el siguiente
chantaje: si quieren acceder a un reajuste de sus haberes hacia adelante
deben renunciar a su derecho a iniciar una demanda por el retroactivo.
Se trata, como puede verse, de una clara extorsión. Cabe denunciar que
el trato a los fondos buitres fue radicalmente distinto, pues se aceptó
la entrada al canje de los bonistas que no habían iniciado una demanda
judicial.
La “reparación histórica” también busca sepultar el reclamo histórico
del 82% móvil. El ajuste que recibirán los 2.100.000 jubilados (menos de
un tercio del total) dejará los haberes lejos del 82% móvil del salario
en actividad. Para el resto de los 4 millones de jubilados la situación
será aún peor, porque se los condena a un ingreso que no cubre siquiera
la canasta de pobreza.
El pago de las sentencias debiera ser afrontado por el Tesoro, que se
valió de la Anses para su propio financiamiento. Sin embargo, ha sido
cargado al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, abriendo la
puerta para la venta de las acciones que están en su poder. Se trata de
un golpe a los fondos de los jubilados, para cumplir un reclamo de las
grandes empresas que cotizan en la Bolsa.
Cuando Macri señaló que debe debatirse la “sustentabilidad de todo el
sistema”, abrió la puerta para una reforma previsional integral, que
contemplará el aumento de la edad jubilatoria, la reprivatización
parcial del sistema restableciendo las AFJP como complemento al sistema
público y la condena a la masa de trabajadores en negro a una
“asignación universal a la vejez” de miseria. En esta línea, el propio
Macri anunció la elevación de la edad jubilatoria para las mujeres.
En oposición a este paquete ajustador y privatizador planteamos: pago
de las sentencias y el retroactivo a la totalidad de los jubilados, sin
quita ni cuotas, a cargo del Tesoro. Vigencia del 82% móvil del salario
en actividad. Por una Anses dirigida por trabajadores y jubilados.
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