LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA FRENTE A LA CRISIS ACTUAL DE AMÉRICA LATINA
Mi contribución a la Conferencia realizada el 16/17 de Julio en Montevideo
1. El aspecto político más destacado que confronta la izquierda de
América Latina es el derrumbe de los gobiernos nacionalistas o de
centroizquierda, desde el chavismo en Venezuela hasta el petismo, el
kirchnerismo y el ‘luguismo’ en Brasil, Argentina y Paraguay. Dentro de
esta tendencia asoman en el radar el ‘frente ciudadano’, en Ecuador, el
indigenismo boliviano y el Frente Amplio en Uruguay. El otro aspecto
decisivo es el destino de la Revolución Cubana.
La situación
política en que se encuentra la izquierda en la nueva etapa está
determinada, en gran parte, por su política durante la experiencia
nacionalista. Por eso, para afrontar el nuevo período es necesario un
balance riguroso de la actuación política en la etapa precedente. El
conjunto de las fuerzas políticas en presencia, sean burguesas y por
sobre todo la izquierda, no ingresan a esta etapa como un papel en
blanco, que estaría abierto abstractamente a todas las posibilidades que
ofrece el nuevo período. Por el contrario, están condicionadas por sus
programas y por sus políticas precedentes, e incluso por los compromisos
anudados en la etapa que se agota.
Nacionalismo burgués
2. El
derrumbe de las experiencias nacionalistas en cuestión es, antes que
nada, un resultado político concreto de la bancarrota capitalista
mundial, que asumió un carácter de conjunto a partir de la crisis
bancario-hipotecaria de mediados de 2007. Es una consecuencia política
objetiva de la quiebra capitalista. En grado diverso, la bancarrota
capitalista ha afectado a todos los regímenes en el mundo entero, desde,
por ejemplo, las revoluciones árabes hasta el reciente referendo de
separación de Gran Bretaña de la Unión Europea. En América Latina, se
manifiesta desde Puerto Rico y Cuba hasta Colombia. Ha devuelto
actualidad a la cuestión de la independencia nacional de Puerto Rico Es
necesario el análisis materialista de este derrumbe político.
Empujado al poder político por bancarrotas económicas extraordinarias,
desde los años 90, el nacionalismo de contenido burgués se viene abajo
ahora como resultado de la acentuación y profundización de aquellas
bancarrotas. El chavismo y el nacionalismo militar venezolano han sido
un emergente del ajuste criminal del gobierno AD, en 1989, y del
caracazo; el kirchnerismo, una metamorfosis del menemismo como
consecuencia del argentinazo; el largo proceso de desarrollo del PT
culmina en el gobierno del Frente Popular, en 2003, luego de la
bancarrota brasileña que siguió a la crisis asiática, al derrumbe
financiero de Rusia y al estallido, con alcance sistémico, del fondo
LTCM de Estados Unidos. Los ascensos de Evo Morales y Rafael Correa, en
ese mismo período, 2000/4, fueron el resultado demorado y distorsionador
de grandes insurrecciones de masas, detonadas por las crisis de las
privatizaciones precedentes.
Respuesta defensiva a la crisis
mundial, el nacionalismo burgués encuentra sus límites insalvables en
esta misma crisis mundial y en la declinación histórica del capitalismo.
3. El proceso nacionalista burgués de las últimas dos décadas
se caracteriza, asimismo, por un planteo de desarrollo capitalista
fuertemente parasitario. En los entresijos de la crisis mundial, América
Latina asistió a dos ciclos de grandes subas en los precios
internacionales de las materias primas. Fueron descriptos como el final
de la tendencia al deterioro de los términos negativos del intercambio
comercial. Los superávits comerciales originados por esos aumentos
dieron lugar, a su vez, a un nuevo ciclo de endeudamiento internacional
(público y privado), promovido por el respaldo que ofrecía el
crecimiento de las reservas internacionales. El pago de la deuda externa
heredada se hizo con la emisión de deuda interna y el vaciamiento de
esas reservas. La abundancia de liquidez fue aplicada a la expansión sin
precedentes del crédito al consumo, a tasas de interés excepcionales o
subsidiadas por el Estado.
Se desarrolló, de este modo, un
‘populismo bancario’, que engordó los beneficios financieros a costa de
una creciente hipoteca de las familias. Fue una versión latinoamericana
de los créditos ‘subprime’, que detonaron la crisis en Estados Unidos.
Los llamados planes sociales, en muchos casos financiados por el Banco
Mundial, embellecidos por el ‘relato’ del fomento del consumo,
encubrieron la falta de creación de empleo y la casi nula
industrialización, y ahora se encuentran amenazados por déficits
fiscales descomunales (que obedecen, por supuesto, a otras razones, en
primer lugar el pago de intereses usurarios de la deuda pública y el
financiamiento público subsidiado para los capitalistas). El mito de la
creación de una clase media se derrite ahora a la vista de todos como la
nieve en vísperas del verano.
Lejos de haber esquivado la
bancarrota capitalista mundial, la gestión política nacionalista (a
veces tildada de progresista) operó para convertir a las naciones de
América Latina en un vaciadero de basura del capital financiero
internacional – que encontró en estas gestiones el mercado para su
producción excedente, la rentabilidad para sus inversiones financieras y
la recuperación de sus créditos incobrables. Las contratistas de obras
públicas ‘nacionales’ tuvieron una expansión sin precedentes en Brasil
(¡por supuesto!), en Centroamérica, Venezuela, Cuba, Perú y Argentina,
acompañadas de un alto endeudamiento internacional y un festival de
sobreprecios.
El derrumbe de las experiencias nacionalistas viene
acompañada por las quiebras de empresas estatales y privadas (desde
Odebrecht y el complejo en torno a Petrobras hasta las telecom o la
siderurgia en Brasil, o YPF y el sistema energético en Argentina, y
Pdvsa; déficits fiscales extraordinarios, y por último el defol de hecho
de la deuda externa, que solamente es honorada con nueva deuda a tasas
usurarias y la venta de activos industriales).
4. Las
experiencias nacionalistas de las dos décadas recientes han estado muy
por detrás de las realizaciones de la precedentes – como el primer
peronismo, el varguismo, el nacionalismo boliviano desde la guerra del
Chaco o el velazquismo ecuatoriano. Rafael Correa sigue empeñado aún en
conciliar el planteo nacionalista con la dolarización y la autonomía
económica con el rentismo petrolero. Para ello ha contraído, al igual
que Venezuela, una deuda impagable con la República China, contra la
garantía de la entrega del petróleo. Al “eterno retorno” del
nacionalismo se le aplica aquella frase de Marx acerca de la repetición
de la historia. El sujeto histórico del nacionalismo – la burguesía
nacional –, que además se hace sustituir por movimientos pequeño
burgueses, militares o incluso de ‘trabajadores’ (PT), es más impotente
que nunca para encarar una iniciativa nacional autónoma, en el marco de
la decadencia del capitalismo mundial. Las segundas partes no han sido,
entonces, mejores; el nacionalismo es un planteo históricamente en
retroceso, incluso cuando asume posiciones nacionales progresivas de
carácter parcial. El chavismo se ha destacado como una tentativa de ir
más lejos que los precedentes deslucidos de los adecos, y el reparto
corrupto del aparato del estado por el Pacto del Punto Fijo.
Socialismo del Siglo XXI
5. El esfuerzo del chavismo por fundar su experiencia en términos
bolivarianos (unidad continental), no ha tenido destino – ni siquiera
las iniciativas del gasoducto del sur o del banco del sur. Estos
planteos no fueron tenidos en cuenta cuando se aprobó el ingreso de
Venezuela al Mercosur o cuando se creó la Unasur (un vehículo de
exportación de las contratistas brasileñas y de Embraer), ni menos aún
en ocasión de la creación del Banco de Desarrollo propuesto por China.
El planteo bolivariano quedó reducido a una invocación nacionalista
romántica, con la finalidad reaccionaria de realzar a las fuerzas
armadas. Fue utilizada como instrumento de propaganda política contra el
uribismo colombiano, el cual era señalado como descendiente directo
general Santander – que dividió la entonces Gran Colombia.
Por
otro lado, se ha pasado por alto el contenido contrarrevolucionario que
encierra la etiqueta del Socialismo del Siglo XXI – inventada, por otra
parte, no por Chávez sino por un diletante académico, Heinz Dietrich,
que ya hace rato dio marcha atrás y ha pasado a pregonar la conciliación
con los escuálidos. Dietrich no fue el único consejero que consiguió la
atención superficial de Chávez; otros le aconsejaron impulsar la
creación de la V Internacional, que no tuvo la menor trascendencia. La
etiqueta del Siglo XXI es una réplica negativa, no ya a la revolución
bolchevique de 1917, sino a la Revolución Cubana – el estadio más alto
que alcanzó la revolución latinoamericana. La Revolución Cubana (siglo
XX) arrancó con un planteo democrático y llegó a la expropiación masiva
del capital extranjero y nacional. Los simpatizantes más politizados del
chavismo pasan por alto el significado estratégico del recule
programático y estratégico que encierra esta preferencia por el siglo
XXI.
La actualidad de la revolución socialista emana del ingreso
del capitalismo en la época de la decadencia o declinación histórica,
de la época en que el desarrollo de las fuerzas productivas asume un
carácter cada vez más parasitario y destructivo, cuando la colisión de
ellas con las relaciones de producción y las estructurales estatales y
nacionales se hace más violenta. La etiqueta de Siglo XXI, que no se
utiliza solamente para banalizar al socialismo sino que es invocada a
cuento de cualquier cosa, no pasa de ser un recurso publicitario o de
‘marketing’ político.
El punto de partida de este despegue
político lo inició, en realidad, el sandinismo, el cual, a la inversa de
la Revolución Cubana, empantanó la revolución victoriosa de mayor
protagonismo de masas en la historia de América Latina (una guerra civil
de masas que dejó 50 mil muertos en pocos meses), mediante una política
de conciliación política con la burguesía democrática.. Lo hizo en
total acuerdo con la burocracia de la ex URSS y el castrismo, que para
esa época ya había abandonado el foquismo y buscaba esa misma
conciliación con las burguesías latinoamericanas y EE.UU. Años más
tarde, el sandinismo retornó al gobierno como un gendarme del orden
capitalista, piloteado por Daniel Ortega. El socialismo del siglo XXI
postula un cambio social en los marcos capitalistas), sin revolución, o
sea sin la destrucción del aparato de estado existente, y sin gobierno
de trabajadores (dictadura del proletariado). El ropaje militar y el
apoyo popular no convierten al chavismo en socialismo de ningún tipo,
sino en un ‘replay’ de la demagogia socialista que ha caracterizado a
todos los movimientos nacionalistas en el mundo. Esto ha sido así desde
la declinación de la Revolución Francesa y, en especial, desde Napoleón
III y Bismarck – los ‘populistas’ por antonomasia (se caracterizaron por
impulsar la mayor acumulación de capital de todo el siglo XIX).
Nacionalizaciones
6. Donde más se observa la decadencia del nacionalismo de contenido
burgués es en el campo de las nacionalizaciones. De un modo general,
la estatización de parte del capital extranjero obedece al propósito de
impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas que la burguesía
nacional se muestra incapaz de hacer por la presión del capital
financiero internacional. En este sentido, las nacionalizaciones
procuran potenciar el campo de explotación social de la burguesía
nacional y ofrecer una base más sólida al Estado capitalista. En el
momento oportuno esas estatizaciones pueden revertirse en
privatizaciones en beneficio de esa misma burguesía nativa en la medida
que se haya desarrollado en forma suficiente para ello. Las
nacionalizaciones más avanzadas del nacionalismo latinoamericano han
sido la del petróleo mexicano por Lázaro Cárdenas; la de la United
Fruit, en Guatemala; la minería en la Revolución Boliviana de 1952 y la
del petróleo en 1970; y las del petróleo y las haciendas de la Costa por
parte de gobierno militar peruano. Es frecuente que la izquierda
confunda las nacionalizaciones burguesas con la expropiación del capital
que tiene por sujeto al proletariado y al gobierno de los trabajadores.
La expropiación sin pago del capital por parte de la Revolución cubana
constituye una transición histórica entre las nacionalizaciones
burguesas más avanzadas y las nacionalizaciones que realizan los
gobiernos de trabajadores que emergen de las revoluciones proletarias.
El contenido histórico de ellas queda condicionado al curso ulterior de
la lucha de clases, nacional e internacional. La izquierda tiene la
responsabilidad de abrir una discusión de este proceso, sobre la base de
una investigación, en lugar de sustituirlo por simples etiquetas.
En numerosos casos, las nacionalizaciones burguesas operan como un
rescate del capital extranjero con cargo a las finanzas públicas. Este
vaciamiento fiscal conspira contra el ulterior desarrollo de las fuerzas
productivas planteado por la nacionalización Los casos más conocidos
son las ejecutadas por el primer peronismo respecto al capital británico
que necesitaba una retirada. El caso de los ferrocarriles es
paradigmático, porque acentuaron un deterioro que se aproxima a casi un
siglo. Para lograr sus propósitos, el imperialismo británico bloqueó los
créditos de Argentina depositados en Londres. Lo mismo se puede decir
de la nacionalización del petróleo de Venezuela, en los 70, que sirvió
para financiar una enorme especulación inmobiliaria y una mayor
corrupción.
En contexto diferente, el gobierno de Chávez realizó lo
mismo con la estatización de las telecomunicaciones (Verizon) y la
siderurgia (Sidor), o sea a cuenta de los enormes ingresos petroleros.
En un caso las indemnizó a un precio elevado de Bolsa (que se establece,
especulativamente, por la rentabilidad esperada, en lugar del valor de
los activos), es decir, con un premio sobre el capital. La
nacionalización benefició a Verizon en otro aspecto, porque enseguida su
cotización cayó en forma acentuada como consecuencia de la crisis
financiera internacional. El otro, Sidor, el Estado tomó a su cargo toda
la deuda oculta (pasivos laborales) del grupo Techint, lo cual resultó
en una indemnización colosal. Las estatizaciones de este tipo
constituyen una transferencia de ingresos de los trabajadores hacia los
capitalistas extranjeros, por medio del gasto fiscal. Representan una
descapitalización, y por lo tanto una hipoteca para el desarrollo de las
fuerzas productivas. El derrumbe de las empresas nacionalizadas, en
Venezuela, ha provocado un retroceso de las expectativas estatizantes en
la conciencia de las masas, algo que aprovecha la derecha para devolver
vigencia al programa privatizador.
La estatización del 51% del
capital de YPF-Repsol, por parte del kirchnerismo, se hizo a costa una
cuantiosa indemnización por una empresa que había agotado las reservas
de gas y petróleo. El ‘relato’ nacionalizador encubrió una
reprivatización del petróleo en Argentina, pues YPF se ha convertido en
empresa mixta que cotiza en las bolsas internacionales El relato
‘nacional y popular’ del kirchnerismo es, además, particularmente
‘curioso’, porque su principal empeño estuvo dirigido a preservar, con
subsidios, a las empresas privatizadas del menemismo. El resultado ha
sido, de un modo general, un enorme vaciamiento productivo e industrial
en el área energética. En plena ola de demagogia estatizante el Frente
de Izquierda, en Argentina, desarrolló una firme denuncia contra la
reprivatización petrolera, que luego quedó confirmada por la asociación
sigilosa de YPF con la norteamericana Chevron.
El Manifiesto
Político presentado por el Partido Obrero al FIT, para la campaña
electoral de 2013, se centró en una crítica marxista de las
nacionalizaciones capitalistas, sus contradicciones y limitaciones.
Otro tema que debe ser objeto de debate es la nacionalización del
petróleo en Bolivia, que no es tal. Consiste en un cambio importante en
la tributación por parte del capital petrolero internacional, que sacó a
las finanzas públicas del déficit crónico. El indigenismo oficial
logró, por esta vía, desviar el reclamo de nacionalización integral que
hizo la insurrección de octubre 2003. Lo mismo ocurrió con la cuestión
agraria, que culminó con un compromiso con la burguesía sojera cruceña y
del oriente boliviano, que se materializó en una nueva carta
constitucional. El compromiso con las petroleras fue posible debido a la
suba enorme del precio internacional de los combustibles. Numerosos
agrupamientos de izquierda y sociales que apoyan al FIT en Argentina,
apoyan al indigenismo pequeño burgués del Altiplano sin fijar una
posición programática sobre este pseudo nacionalismo de contenido
capitalista. La doctrina estratégica del indigenismo boliviano es el
desarrollo del “capitalismo andino” (había sido bautizado como
“socialismo andino”), definido como una alianza entre el capital
extranjero, el Estado boliviano y el precapitalismo agrario. El planteo
comete la ‘gaffe’ teórica de señalar al estado como una categoría social
y de clase, al lado de otras clases, o sea que no está por encima de
las clases, pues se trata de una superestructura política, y que refleja
y protege, como tal, la estructura social dominante (Es el “marxismo
del Siglo XXI”). Bolivia ha sido, durante el periodo reciente, un campo
próspero de los negocios de las contratistas brasileñas incursas en el
‘lava jato’.
Brasil
7. Las limitaciones colosales de este
nacionalismo explican, de un lado, el escaso desarrollo de las fuerzas
productivas en la década y media pasada, así como el impacto que ha
causado la bancarrota capitalista mundial, en los dos episodios
principales – la caída de precios internacionales y salida de capitales
de 2009 y, con más severidad, la actual. El siempre esgrimido
crecimiento del PBI no capta ese desarrollo. El desarrollo de las
fuerzas productivas es medido por la calidad de la inversión
reproductiva, la aplicación de tecnologías, el nivel de capacidad de la
fuerza de trabajo, el desarrollo de la educación, la salud y el progreso
habitacional y la infraestructura urbana. Una centralización productiva
de los recursos económicos existentes debería operar como una palanca
industrializadora potente.
El gobierno PT-PMDB de Brasil intentó
convertir a Petrobras, compañía mixta de mayoría estatal, en esa palanca
industrial: mediante la inversión de la mayor parte de las utilidades;
el monopolio operativo de las asociaciones con capital extranjero; una
importante labor de tecnología; y el desarrollo de un entorno de
servicios tecnológicos, contratistas y constructoras nacionales. Sin
proceder a nacionalizaciones desarrolló, hasta cierto punto, un
nacionalismo burgués y gran burgués. Utilizó los aportes obreros a los
fondos de pensiones e impulsó el aporte fiscal al banco público de
Desarrollo, con esa misma finalidad. Intentó, incluso, impulsar la
creación de una burguesía petrolera nacional, a través del apoyo al
aventurero Eike Batista. El derrumbe fenomenal de este intento
establece una conclusión lapidaria, porque ha terminado en la quiebra de
todos los sectores involucrados y, golpe de Estado mediante, desde el
propio oficialismo, en la venta apresurada de activos industriales y en
la derogación de las principales limitaciones impuestas al capital
extranjero. La caída vertical de los precios internacionales del
petróleo, las presiones provocadas por un elevado endeudamiento
internacional, la desvalorización del capital cotizante y, no menos
importante, la difusión de la enorme corrupción de todo este entramado
político y económico (por parte de los sectores interesados en
derribarlo); todo esto ha sumido a Brasil en una crisis de mayor alcance
que la de los años 30. El ataque al movimiento obrero es devastador.
8. La izquierda brasileña, ante esta crisis de conjunto del
capitalismo, enfrenta la obligación de desarrollar un planteo obrero y
socialista – o sea, un gobierno de trabajadores, la nacionalización sin
pago de la banca y los monopolios petroleros, lo mismo con toda empresa
que cierre, la escala móvil de salarios y horas de trabajo, la apertura
de los libros de todos los monopolios capitalistas y el control obrero y
la convocatoria a un plan de acción a toda la izquierda y sectores
combativos de América Latina. Ocurre sin embargo lo contrario: plantea
la fórmula de la democracia con justicia social o el socialismo en
democracia, o sea sin travesía revolucionaria ni gobierno de
trabajadores Cuando aún no se ha cerrado la etapa del golpe de Estado
que destituyó a Dilma Roussef (lejos de eso hay una desintegración de la
base parlamentaria del gobierno golpista) la agenda dominante en la
izquierda brasileña son las elecciones municipales de octubre próximo y
la posibilidad de consagrar intendenta de San Pablo a una candidata
patronal, Luiza Erundina, que ya gestionó esa ciudad en términos
puramente capitalistas. Erundina es una ex petista, oriunda del ala
clerical, ministra del gobierno de Itamar Franco y hasta hace muy poco
miembro del partido de derecha PSB y sostenedora en del candidato del
PSDB que murió en un accidente en la campaña electoral del año pasado.
La candidatura ha sido lanzada por el Psol, un frente de izquierda y de
las comunidades de base que se escindieron del PT hace más de una
década, y es apoyada por el grupo ligado al PTS de Argentina – el cual,
en su casa central, reivindica de la independencia política a la clase
obrera y la hostilidad a las candidaturas patronales. Esta duplicidad
entre el principismo y el oportunismo, es característica de todas las
corrientes centristas. El Psol, en contraste con el FIT de Argentina,
que llamó al voto en blanco contra Scioli y Macri, apoyó en el segundo
turno electoral de las elecciones pasadas la candidatura de Dilma
Roussef
En oposición al juicio político contra Dilma Roussef, el PT
y gran parte de la izquierda se han refugiado en el reclamo de un
plebiscito que autorice el adelanto de las elecciones para la
Presidencia (que debería tener lugar en 2018), el cual debería ser
votado por el mismo parlamento golpista y de ladrones. El planteo
cuenta, hasta cierto punto, con la simpatía de una parte de la prensa
golpista, que visualiza la imposibilidad de un ajuste a fondo de la
economía sin un gobierno electo desvinculado del personal político
sometido a los procesos judiciales contra la corrupción. En Brasil hay
una desintegración manifiesta de la burguesía contratista y el
desarrollo de una reconfiguración capitalista acompañada por quiebras,
rescates y concentraciones de capital. El planteo de elecciones
presidenciales o generales de parte de la izquierda, no hace referencia
al derrocamiento del gobierno de Temer por medio de una acción directa
de masas, que ligue la lucha contra los despidos, la carestía y las
privatizaciones a los métodos de la huelga y de la huelga general. Los
observadores políticos prevén que la realización de nuevas elecciones
daría la victoria a una de las diversas coaliciones derechistas en
presencia. La consigna electoral no educa a los trabajadores en una
política de lucha de clases. Se busca una salida inmediata a la crisis
política, o sea un compromiso, en lugar de la preparación sistemática de
la clase obrera para luchar por un gobierno de trabajadores.
En
Brasil, la izquierda, integrada en el PT, impulsó la llegada del PT al
gobierno, en coalición con el PMDB. Esto ocurrió incluso después de que
Lula firmara el acuerdo con el FMI, en la campaña electoral de 2002, y
nombrara al actual ministro de Economía de Temer para la presidencia del
Banco Central, luego de un acuerdo cerrado entre Lula y William Rhodes,
entonces presidente del Citibank (W. Rhodes, Financial Times,
24.6.2004). El Psol reivindica, de conjunto, el PT “de los orígenes”, o
sea que sigue adhiriendo a la perspectiva estratégica trazada por la
dirección fundadora del PT, incluso después de la experiencia y los
resultados políticos de casi cuatro décadas. A partir de esta
reivindicación del punto de partida ha seguido, de un modo propio, la
ruta de su espejo retrovisor. En oposición a esta línea estratégica, es
necesario un debate que establezca un nuevo punto de partida, o sea un
programa y una política realmente socialistas.
A este debate
debería integrarse el Pstu, el cual acaba de sufrir una escisión en
torno a la cuestión del reciente golpe de Estado, por un lado, y del
carácter de las movilizaciones anti-gubernamentales a partir de 2013.
Los planteos democratizantes de izquierda demuestran toda su
inconsistencia ante el derrumbe de los procesos nacionalistas y la
crisis de régimen que ha emergido como su consecuencia. América Latina
ingresa a una nueva etapa de mayores confrontaciones sociales y
políticas, que superan los límites de sus Estados.
Golpismo
9.
El juicio político contra la presidenta Dilma Roussef y su eventual
destitución constituyen un golpe de estado ‘tout court’, sin
aditamentos, porque implican un viraje político reaccionario en las
relaciones de clase existentes. Reemplaza a un gobierno que ha revelado
su inconsistencia para aplicar la política de ajuste que reclama el
capital y para rescatar al personal político y a los grandes
capitalistas de los procesos judiciales por corrupción. Inaugura un
nuevo planteo de ofensiva contra las masas, sin esperar a nuevas
elecciones ni a obtener un nuevo mandato electoral. El gobierno de Temer
no es un intento de interinato constitucional, sino una nueva coalición
política para una nueva política, que encare el rescate de la quiebra
capitalista y una ofensiva más decidida contra los trabajadores. No hay
un cambio en el carácter de clase del gobierno sino una tentativa de
modificar la relación preexistente entre las distintas clases.
Para la izquierda revolucionaria la lucha contra el golpe es una
cuestión de principios, porque significa defender las posiciones
conquistadas por la clase obrera frente a la ofensiva capitalista – de
ningún modo apoyar al gobierno capitalista destituido. No defendemos ‘el
mal menor’ sino la posición conquistada por el proletariado dentro de
la sociedad y el Estado capitalista; por eso no esconde su hostilidad
hacia el gobierno establecido. La izquierda democratizante, por el
contario, atribuye un carácter progresivo a la gestión ajustadora de
Roussef, incluso cuando muchos, entre esa izquierda, habían criticado y
hasta enfrentado la política ajustadora de esa gestión. De otro lado,
quienes discrepan con la caracterización de un golpe de estado subrayan
la identidad de clases entre ambos bandos capitalistas, ignorando que
representa un salto en calidad del ataque del Estado capitalista contra
las masas.
A quienes las formas constitucionales le quitan
entidad al golpismo, es oportuno recordar que el gobierno constitucional
que se inició en 1973 en Argentina, se desarrolló por medio de una
sucesión de golpes ‘constitucionales’, que primero eliminaron al
mandatario electo, Cámpora, luego a gobernadores del mismo signo
político, incluso por medios policiales; más tarde a la creación de la
triple A y a la militarización del país – un proceso que culminó con la
dictadura militar. En aquel momento, el Partido Obrero advirtió acerca
de la seguidilla de golpes, que se enmascaraban en las formas
parlamentarias y en la popularidad de Perón
A pesar de la falacia
de los términos del ‘impeachment’ (des-manejo contable de cuentas
fiscales), Dilma Roussef, el PT y la burocracia de los sindicatos
rehusaron desconocer el voto del Congreso y plantear un conflicto de
poderes. La razón es que podría haber abierto una brecha para la
intervención de las masas, por un lado, y para la intervención de las
fuerzas armadas, por el otro, que habría sido en apoyo del Congreso. El
árbitro del golpe de estado en Brasil han sido las fuerzas armadas,
aunque no se trate de un golpe militar. El golpe de Estado en Brasil no
es más que el segundo acto golpista luego del derrocamiento del
paraguayo Lugo, que también consistió en un ‘impeachment’ de sus propios
aliados de gobierno – el partido Liberal. La burguesía brasileña apoyó
con fuerza ese golpe, en una suerte de ensayo general del que daría
luego en Brasil. El movimiento obrero y campesino ha retrocedido
fuertemente en Paraguay como consecuencia de la victoria del golpe,
mientras que, por otro lado, ha facilatado un aluvión de compras de
empresas y tierras por parte de la burguesía brasileña, con la
complicidad del gobierno de Dilma Roussef. La destitución de Lugo y de
Roussef por parte de sus propios aliados, constituye una prueba
contundente de la falacia que apuesta a la colaboración de clases entre
los partidos obreros o pequeño burgueses populares con la gran burguesía
nacional e incluso el capital financiero internacional.
10. El
Frente Amplio de Uruguay recorrió un proceso similar al del gobierno del
Frente Brasil Popular. Vázquez llegó al gobierno en 2005 luego de un
largo periodo de colaboración política con el imperialismo desde la
gestión en Montevideo y el respaldo a los ataques patronales al
movimiento obrero (Huelga de la Construcción).
EL FA se
constituyó como un frente “policlasista”, al principio con el argumento
que era el vehículo de las transformaciones democráticas, agrarias y
antiimperialistas. El balance es un aumento del sometimiento al capital
financiero, la primarización mayor de la economía, la concentración de
la tierra, la desindustrialización y el avance de la especulación
bancario-inmobiliaria.
El Frente Amplio lleva adelante un ajuste
contra el movimiento obrero, rebajando sueldos y jubilaciones,
aumentando las tarifas y los impuestos al salario, y recortando el gasto
estatal en salud y educación. El intento de prohibición de huelgas en
la enseñanza (medida que ya había aplicado Mujica contra los
municipales) provocó una rebelión de las bases de los sindicatos, al
mismo tiempo que reforzó la integración de la burocracia sindical al
Estado. La dirección de la central obrera ha advertido que el ajuste
podría llevar a una ruptura del frente policlasista: por un lado, la
derecha del FA yendo a un gobierno de ‘unidad nacional’, del otro lado
las masas en la búsqueda de un nuevo polo político de carácter
anti-capitalista. La tesis del ala izquierda del FA y en especial del
partido comunista, de que los gobiernos frenteamplistas no son gobiernos
del capital sino 'gobiernos en disputa' es una justificación para
continuar su labor de furgón de cola del imperialismo y neutralizar las
protestas populares hacia una puja interna dentro del Frente Amplio y
del propio gobierno
En Uruguay, de todos modos, se desenvuelve
una crisis similar a la que puso fin al gobierno patronal encabezado por
el PT, en Brasil, incluida la pretensión de Vázquez de desarrollar,
como lo intentó Roussef, un ajuste económico y social sin tener que
proceder, primero, a un cambio de alianzas y régimen político. En
oposición a las corrientes frenteamplistas o que ya han roto con el FA
(Asamblea Popular) de recomponer “el FA de los orígenes” o remedar un
chavismo a la uruguaya, el PT de Uruguay convoca a los obreros avanzados
a construir un partido revolucionario.
Chavismo
11.
Otro elemento que sobresale para el posicionamiento de la izquierda en
esta nueva etapa, es la experiencia del nacionalismo bolivariano como
movimiento popular o de masas. El chavismo ha realizado la mayor
transferencia de ingresos de la renta petrolera hacia emprendimientos
sociales (vivienda, educación, salud), posiblemente de toda la historia
latinoamericana. Esta agenda fue el punto sobresaliente de su programa.
Ahora descubre, tardíamente, los límites de hierro de una economía
rentista, cuya bonanza había calculado para un siglo; el pueblo de
Venezuela asiste, no ya la discontinuidad de esos planes sociales sino a
la incertidumbre de la preservación de lo realizado y a la posibilidad
de su reversión. Esto se manifiesta en la disputa abierta acerca de la
titularización de la propiedad de las viviendas construidas, debido a la
inseguridad jurídica creada por la crisis y a la incapacidad del Estado
para asegurar toda la infraestructura de mantenimiento y refacción, que
quedaría en manos de las familias adjudicatarias.
Este gigantesco
emprendimiento social fue llevado adelante por una organización paralela
al Estado, las llamadas “misiones”. El chavismo, con un planteo en
principio movilizador, ‘puenteó’ al Estado, en lugar de destruir el
aparato burocrático de ese Estado y convertirlo en una maquinaria
gestionada por órganos de poder de las masas. Apuntó, de este modo, a la
descalificación y precarización de los trabajadores y servicios
públicos de ese Estado, lo cual explica la oposición que generó en la
salud y la educación. Lo mismo ocurrió con las cooperativas que
reemplazaron a las empresas que se sumaron al sabotaje petrolero de
2002/3. Es también lo que hizo el kirchnerismo, en versión sainete con
las cooperativas de empleo o las de viviendas regenteadas por la
camarilla de Shocklender y Milagro Salas, entre otros. Apuntó, de
conjunto, a una cooptación y regimentación de movimientos populares. La
empresa capitalista, en Venezuela, no fue sustituida por emprendimientos
de gestión obrera bajo un plan económico único y el desarrollo de una
legislación laboral más avanzada. Las grandes empresas estatizadas
vegetan bajo la incuria y corrupción de una burocracia oficial. El
resultado de la gestión bolivariana no ha sido la consolidación del
proletariado sino una atomización de gran alcance. Este es un rasgo
fundamental de la desintegración económica que tiene lugar en la
actualidad.
El proceso bolivariano penetró profundamente en la
izquierda de Venezuela, que se convirtió en un alero del chavismo,
pretextando que éste desenvolvía un proceso revolucionario, por ejemplo
el Ccura y Marea Socialista. El llamado maoísmo se convirtió en
“escuálido” al igual que algunos ex lambertistas. En ocasión de los
eventos electorales, la izquierda ha participado, en diversas
localidades, de frentes dispares y sin principios determinados por
cálculos ventajistas ocasionales.
Es con este bagaje que ingresa a
una nueva etapa extraordinaria, que anuncia cambios radicales de
régimen, en un cuadro de crisis que involucra a todas las clases
sociales y a todos los estamentos de Estado, incluidas las fuerzas
armadas. Envuelve directamente al imperialismo yanqui, así como a Cuba y
a la vecina Colombia, al conjunto de América Latina y a gran parte de
la Unión Europea. Los países ‘aliados’ de Unasur, hayan cambiado de
signo político, se han pasado al campo diplomático que presiona por un
cambio de régimen en Venezuela, como lo ilustra la posición de Uruguay.
El macrismo argentino ha trocado su violencia inicial por una posición
favorable a una transición pactada, como reclama el gobierno de Obama.
12. En Venezuela se procesa una regresión política importante. El
régimen plebiscitario de Chávez, que reivindicaba para si la masividad
del voto popular, se ha convertido en un régimen de facto, que gobierna
por decreto, violentando la soberanía de la Asamblea Nacional ganada por
la derecha en forma abrumadora en las últimas elecciones. Este gobierno
por decreto se sostiene por el apoyo de la cúpula militar, en el marco
de un rechazo mayoritario de la población, según indican los sondeos que
no son cuestionados. Las fuerzas armadas se han hecho cargo de la
distribución de los alimentos. Del lado económico se encuentra en marcha
un plan de ajuste y de devaluación externa del bolívar, que busca
asegurar el pago de la abultada deuda externa del Tesoro y de Pdvsa.
Circulan propuestas, en el gobierno, para vender activos estatales para
pagar la deuda externa y mejorar la capacidad de importación del país.
Lo que queda del capital extranjero se retira de Venezuela.
La
“guerra económica” que denuncia el chavismo se desenvuelve en el marco
de esta desorganización económica y de privilegiar el pago de la deuda
externa. El cierre de las cuentas de bancos privados y del Banco
Central, por parte del Citibank, es, por un lado, una expresión del
estado de cesación de pagos de Venezuela y, por el otro, traduce la
presión de un sector del capital financiero para acelerar el desenlace
de la crisis política. El capital internacional se siente incentivado
por la victoria del macrismo en Argentina, el golpe de estado en Brasil y
el giro anti-chavista del gobierno frenteamplista de Uruguay. Los
trabajadores son llamados a ocupar fábricas que se encuentran vaciadas o
no cuentan con financiación. La militarización creciente del Estado,
incluso si es una militarización ‘bolivariana’, no es progresiva sino
reaccionaria. Históricamente, estos gobiernos de facto han presidido las
transiciones entre regímenes políticos e incluso sociales, mediando
entre las fuerzas en disputa. Recordamos el golpe ‘comunista’ de
Jaruzelsky, en Polonia, que contó con el apoyo del Vaticano y sirvió a
la transición hacia un nuevo régimen político. Precisamente por esto,
sectores cada vez más vociferantes de la derecha venezolana reclaman un
golpe militar contra Maduro, a las fuerzas armadas chavistas.
Una
parte representativa de la oposición escuálida ha completado un programa
propio a la crisis. Mendoza, el dueño de la principal empresa nacional,
Polar, ha planteado un programa de acentuado carácter ‘macrista’:
eliminación del control de los cambios y de los precios regulados,
sostenido por una ‘ayuda’ o socorro financiero internacional, cuyas
fuentes no determinó. El impacto de este ‘rodrigazo’ sería, en
Venezuela, considerablemente más catastrófico que el del macrismo – el
cual, dicho sea de paso, cuenta con el apoyo de todo el arco político,
en especial del peronismo y del PJ. La transición política marcha a toda
velocidad, aunque en la superficie prime el inmovilismo.
Entendemos
que la izquierda venezolana debería arribar a un acuerdo práctico en
torno a una reivindicación política de conjunto. Es la condición para
que pueda intervenir como protagonista político independiente en esta
crisis; podría reagrupar a los sectores que han roto con el Psuv con
planteos progresistas. Debería abrir esa discusión con toda urgencia. En
oposición al gobierno militarizado de facto, por un lado, y a un
revocatorio de contenido derechista, que además luce incompatible con el
ritmo acelerado de la crisis, nuestra propuesta tentativa es la
convocatoria de una Asamblea Constituyente libre y soberana. El planteo
debería servir para reunir asambleas populares que puedan postularse,
eventualmente, como convocantes de esa Constituyente. Un planteo de este
tipo serviría, en cualquier caso, para que la izquierda aparezca como
una candidatura autónoma al poder, que le permita intervenir en las
diversas fases por las que atravesará esta crisis, que promete ser
explosiva y prolongada.
Crisis mundial
13. La crisis que se ha
abierto en América Latina no es un simple emergente de limitaciones
políticas subjetivas, es decir de clase, programa y estrategia de la
diversidad de gobiernos de tipo nacionalista. Es, antes que nada, una
crisis de conjunto de sus estructuras sociales y políticas, enmarcada en
una bancarrota capitalista de carácter mundial. El derrumbe de los
fenómenos nacionalistas opera como un accidente histórico que pone al
descubierto la declinación capitalista y la gravedad de la crisis en
curso. Precisamente esto condiciona y contamina los procesos políticos
de recambio que encabeza la derecha. La tentativa ‘restauradora’ de la
derecha, abre una etapa de mayor potencial revolucionario. No inaugura
una etapa de repliegue de la lucha de clases, sino de acentuación de esa
lucha. Parte de la ruptura del equilibrio político precedente e inicia
un período de desequilibrios políticos mayores.
Esta etapa, en
América Latina, tiene lugar en una marco internacional concreto. La
ruptura de la Unión Europea, con la salida de Gran Bretaña, constituye
un salto en calidad en la bancarrota capitalista. La UE fue el
emprendimiento contrarrevolucionario político más destacado de la
burguesía mundial luego de la segunda guerra. Es un bloque económico,
político y militar – en esto último como sucursal de la Otan. Fue un
instrumento de disciplinamiento del proletariado y el arma política más
relevante para apuntalar la restauración capitalista en la ex Unión
Soviética, encarada por la burocracia de cuño staliniano. Un cuarto de
siglo después de la disolución de la URSS, se despliega la
desintegración de su sepulturero. Las contradicciones violentas del
capitalismo se han impuesto por sobre los reveses y derrotas del
proletariado.
El llamado Brexit ha expuesto la vulnerabilidad del
mercado internacional de capitales más importante del mundo. Obliga al
estado a operar un segundo rescate del capital en el centro nervioso del
capital financiero, cuando no se han cerrado aún las grietas
financieras dejadas por el rescate de 2008 – incluso las han superado.
Se conjuga con la bancarrota declarada de la banca italiana; la corrida
bancaria parcial en España; y por sobre todo la insolvencia de los dos
principales bancos de Alemania. En toda la eurozona se desenvuelve un
proceso de desintegración, crisis políticas y luchas obreras – como
ocurre en Grecia y Francia, por un lado, y Europa central, por el otro.
La deuda nacional de estos países, a fuerza de rescates bancarios,
orilla el 300% del PBI. Un termómetro contundente del impasse económico
es la deuda pública colocada a tasas de interés negativa, que pasó entre
enero y junio últimos de u$s 1.3 billones a u$s 13.5 billones. Implica
una amenaza al sistema bancario y a las compañías de seguros, y
constituye un registro inapelable de la tendencia a la deflación
monetaria y a la depresión económica. El retiro de Gran Bretaña y la
crisis de la zona euro pueden llevar, alternativamente, a una
desintegración de esos espacios, o a su transformación en un espacio
colonial de Alemania secundada por Francia. En Estados Unidos, la
victoria de Trump en la interna republicana, pone en evidencia una
tendencia chovinista, que responde un crecimiento de la rivalidad
económica e incluso militar entre las potencias capitalistas, que se
manifiesta en el mar de China, en Ucrania y en las agresiones
imperialistas en Medio Oriente y el norte de África.
Este cuadro
mundial condiciona los recursos a disposición de las burguesías
latinoamericanas para salir de las experiencias nacionalistas en sus
propios términos. La enorme sobreproducción de mercancías y capitales
explica que el frente nacionalista internacional de los llamados Brics
pasara a mejor vida, pues todos sus integrantes enfrentan amenazas de
bancarrota. La alianza de Brasil con China ha dado paso a un reclamo de
ruptura comercial de parte de la industria siderúrgica instalada en
Brasil.
La crisis mundial tiene un desarrollo desigual, al igual que
lo que ocurre con el capitalismo y la historia en general. China, por
ejemplo, contrarrestó con un gasto público enorme el impacto de la
crisis mundial en su economía, lo que llevó a un ‘boom’ de los precios
internacionales de las materias primas. Las derivaciones de ese gasto
fueron responsables del 30% del PBI de los países productores de esas
mercaderías (Martin Wolf, “The Shifts and the Shocks”). China enfrenta
ahora una hipoteca de deuda fenomenal y, por primera vez, ha autorizado
procedimientos de quiebra. En los meses recientes, la acentuación de la
caída de las tasas de interés en los mercados internacionales de deuda
pública, ha producido un retorno parcial de los capitales de corto plazo
a América Latina, por sus tasas de interés elevadas. La bancarrota
económica, asimismo, produce sus propios negocios: la venta de activos
por parte de Petrobras le ha reabierto, aunque en forma precaria, el
mercado de deuda extranjera. Esta volatilidad producto de la crisis no
debe confundirse con el financiamiento de una expansión económica que
por ahora no tiene fundamentos. Argentina ha expandido su deuda pública
en u$s 25 mil millones, en los últimos meses, para pagar a los fondos
buitres y financiar la salida de utilidades y dividendos. Un nuevo ciclo
de endeudamiento internacional tiene bases más restringidas que en el
pasado y consecuencias más explosivas.
Si la experiencia macrista
sirve de guía de ruta para las tentativas similares que se pergeñan en
América Latina, el balance provisorio es claro: un aumento fenomenal de
la inflación, un crecimiento del elevado déficit fiscal heredado, una
suba descomunal de las tasas de interés y una acentuada recesión
económica. Los pergaminos democrático-electorales y el apoyo masivo de
la oposición patronal a sus medidas más decisivas, no le han evitado
enfrentar una resistencia, que ya es masiva, al ‘rodrigazo’ tarifario.
El macrism ha sido puesto a la defensiva, en su corto período de
gobierno por una rebelión popular contra el tarifazo, que además ha
provocado un principio de fractura en el aparato estatal (amparo
judicial a favor de los usuarios). Se perfila, además, un nuevo ciclo de
reclamos salariales, a pesar del apoyo de la burocracia sindical a la
nueva gestión. El gobierno macrista aún tiene que reunir los recursos
económicos y políticos para su política de ajustes, y luego imponerlos
por medio de una severa lucha de clases. Es un régimen dividido entre
camarillas capitalistas, sin base parlamentaria propia, condicionado en
el gobierno por la exigencia de ganar las elecciones parlamentarias del
año próximo.
La izquierda en la nueva etapa
14. En Argentina y
también en América Latina, esta crisis de conjunto, plantea el desafío
de que la izquierda se convierta en una alternativa política de
conjunto, esta vez ya no bajo formas democratizantes, como en la década y
media pasada, sino obreras y socialistas. Lo haría en confrontación con
partidos patronales históricos en desintegración, burocracias
sindicales desprestigiadas y la venida a menos de las fuerzas
reformistas o democratizantes. Para eso es necesario un debate político y
una comprensión adecuada de la coyuntura presente.
En Argentina,
el Frente de Izquierda se ha convertido en un canal político de esa
alternativa, en especial en 2013, cuando alcanzó su mejor performance
electoral e incluso derrotó al peronismo - gobernante y opositor – en la
capital de Salta. Se ha seguido desarrollando en el movimiento obrero,
en especial entre delegados y comisiones internas. En mayo pasado, una
lista de izquierda y clasista. Encabezada en todo sentido por el Partido
Obrero, ganó el sindicato del Neumático (Pirelli, Firestone, Fate,
etc). Tuvo lugar enseguida después de la asunción del gobierno de Macri.
El programa del Frente de Izquierda plantea el desarrollo de la
independencia política de los trabajadores y el gobierno de la clase
obrera.
En contraste con esta perspectiva se ha desarrollado en
el Frente de Izquierda una tendencia hacia el kirchnerismo, por parte
del PTS. Es una repetición histórica degradada de la disolución la misma
corriente en el peronismo, en especial luego del golpe del 55; el apoyo
al regreso de Perón, en 1972; la incorporación de parte del peronismo
al Frente del Pueblo, en 1985. En cada encrucijada histórica esa
corriente posó su mirada en un frente con el peronismo y en la
adaptación política a la verborragia nacionalista. Tiene incluso en
marcha una revisión histórica favorable al foquismo montonero; combina
sin rubor el electoralismo y con una pose militariasta (En la campaña
electoral de 2011 reivindicaba en especial los escritos militares de Von
Clausewitz; en la de 2013, el desarrollo de la democracia mediante la
igualación del salario de los legisladores con los docentes). Esta
adaptación se manifiesta igualmente en Bolivia, donde se abstuvieron
sobre la reelección de Evo Morales, en lugar de rechazarla, o en el
apoyo, ya indicado a Luiza Erundina en las próximas municipales de San
Pablo.
En diversas tentativas de coordinación sindical, tanto el
PTS como IS rechazaron, como inoportuna, la reivindicación de la
independencia política de la clase obrera, con el argumento de la
necesidad de atender a ideología de los activistas peronistas. El
seguidismo es postulado como táctica política. En la lista Negra del
Neumático, sin embargo, hay activistas de primer nivel que siguen
vinculados románticamente al peronismo, que defienden esa independencia
política de los trabajadores. La ruptura del PTS con el FIT, en ocasión
del 1° de Mayo, se explica en esa línea. El pretexto pueril, a saber,
que IS no caracterizaba como golpe la movida contra Rousseff, obedeció a
la orientación de dar una señal de acercamiento al kirchnerismo – para
peor, con la perspectiva puesto en los resultados que podría brindar
para las elecciones de renovación parlamentaria de 2017. En pretexto de
la lucha contra el golpe en Brasil operó como una cortina de humo contra
el desarrollo de la alternativa política del FIT al gobierno de Macri y
sus apoyos políticos. La prensa digital del PTS apunta claramente en
esa dirección, pues se ha convertido en una tribuna para el
kirchnerismo, que es disimulada con entrevistas periodísticas a voceros
de la derecha. Las divergencias políticas, como ha ocurrido con la
posición de IS, deben discutirse con tiempo y método y la participación
activa del conjunto de los militantes. Las perspectivas políticas del
FIT requieren una delimitación clara del centrismo político de las
fuerzas que lo integran. El Partido Obrero se ha destacado por una
delimitación rigurosa y una crítica sin concesiones a la experiencia
autoproclamada “nacional y popular” – que constituye el contenido
principal del avance de la izquierda. Esto en contraste con la oposición
al kirchnerismo de la llamada “izquierda plural” (MST, Libres del Sur),
que no reparó en esa tarea con aliarse a la oligarquía agraria en el
conflicto de 2008, y formar listas electorales con representantes
políticos de la industria automotriz de Córdoba y también con secuaces
del macrismo.
La nueva etapa encuentra al FIT en una encrucijada.
La adaptación al kirchnerismo de parte del PTS – lo ha llevado a una la
ruptura política, como ha ocurrido con el boicot al acto del 1 de Mayo
(existe desde hace tiempo una ruptura de los acuerdos de cogestión de
las representaciones parlamentarias y, por lo tanto, una usurpación
política de las bancas conquistadas). En oposición a esta adaptación y a
las tendencias democratizanes en presencia, el PO caracteriza que la
etapa política presente ofrece una posibilidad considerablemente mayor
para que la izquierda revolucionaria se postule como una alternativa
política al derrumbe capitalista y al agotamiento e incluso disgregación
de los partidos patronales de Argentina. La lucha por independencia de
clase del proletariado es el peldaño político para establecer un
gobierno socialista de la clase obrera.
15. El balance general
revela la definitiva y completa bancarrota del llamado Foro de San
Pablo, cuyos gobiernos se hunden como consecuencia de sus limitaciones
políticas e incluso su colaboración con el imperialismo.
La
izquierda latinoamericana aborda la nueva etapa de bancarrotas
capitalistas y de regímenes políticos en América Latina, delimitada
en tres bloques. Por un lado una derecha que reivindica el frentismo
‘plural’ y democratizante y que se esfuerza en borrar toda distinción
entre la clase obrera y los explotados, de un lado, y la burguesía, del
otro, y que se manifiesta en el apoyo y en la promoción de candidatos
patronales. Por otro lado, una izquierda centrista, que oscila entre el
frentismo democratizante y en especial en la adaptación al nacionalismo o
democratismo burgués (como ocurre en Bolivia, Brasil y Argentina).
Finalmente un polo revolucionario, el cual defiende el principio de los
acuerdos prácticos con todas las corrientes en presencia cuando se trata
de impulsar una lucha de masas, pero trabaja por la independencia del
proletariado como labor preparatoria para un gobierno de la clase
obrera. La estrategia de esta última corriente está resumida en la
consigna de los Estados Unidos Socialistas de América Latina, incluido
Puerto Rico.
Parlamentarismo, sindicatos
16. Las últimas décadas
se han caracterizado por el lugar histórico inédito de los procesos
electorales, resultado de un cruce de procesos históricos
latinoamericanos e internacionales. Sea como fuere, dio lugar a un
protagonismo electoral, también inédito, de la izquierda y en particular
de la trotskista. En algunos países llevó a organizaciones trotskistas a
los Congresos o Asambleas nacionales. Esta circunstancia puso a prueba
la capacidad de estas organizaciones para desarrollar una actividad
revolucionaria en el campo electoral y en el parlamento. Como es obvio,
la capacidad para satisfacer este propósito depende, en primer lugar, de
los programas y de las estrategias de las fuerzas de izquierda en
presencia, que son, en su mayoría, democratizantes, o sea electoralistas
y reformistas. Según se ha denunciado en la prensa de izquierda de
Brasil, el Psol ha aceptado aportes de grandes empresas para sus
campañas electorales y el mismo Psol ha justificado esta aceptación. Las
oportunidades de reconocimiento político que ofrecen los procesos
electorales para corrientes confinadas a una actividad sindical o
marginalizadas en la lucha política, cuando no directamente sectarias,
han operado como un poderoso factor de presión para la adaptación
electorera a los prejuicios de la llamada ‘opinión pública’. Es el caso
ya mencionado del planteo de igualar el salario de los legisladores a
los docentes para acabar con “la casta política” y hacer “avanzar la
democracia”. No es más que la charlatanería del Podemos de España. Al
igualar con esta ‘casta política’ la persistencia de los dirigentes
socialistas más antiguos, el palabrerío democrático fue convertido en
contrarrevolucionario.
Para que los procesos democráticos puedan
ser aprovechados por la izquierda revolucionaria es necesario hacer de
ellos una caracterización adecuada. Lo mismo ocurre con el
parlamentarismo: son, por un lado, la oportunidad de llevar la
propaganda socialista a las grandes masas, pero al mismo tiempo un
mecanismo de legitimación del estado y una presión para sustituir la
lucha de clases por el arbitraje del sufragio y la representación
popular. En el campo de la burguesía, las fracciones democratizanes o
simplemente demagógicas, utilizan la labor legislativa para bloquear la
acción directa de los trabajadores, casi siempre instigada por la
burocracia de los sindicatos o con su colaboración. En Argentina, los
parlamentarios del PTS dieron su apoyo abierto a una legislación
‘anti-despidos’ que apuntaba a sustituir la lucha de los trabajadores
por el arbitraje de la justicia laboral y a justificar la inacción de
los sindicatos ante las suspensiones y despidos. Curiosamente, esta
corriente había combatido, en los inicios del FIT, las propuestas de
legislación, por parte de la izquierda, como puro electoralismo.
Ignoraba la labor legislativa del PO, en el ámbito de la Ciudad, que
logró la aprobación parlamentaria a la reducción de las horas de trabajo
en el subterráneo y que desató una enorme lucha de los trabajadores y
potenció el trabajo en la empresa para expulsar a la burocracia
sindical.
Los golpes de estado en diversos países, aunque no
directamente militares; las masacres en México y la alianza entre el
estado y el narcotráfico; las masacres de campesinos en Paraguay; los
paramilitares en Colombia; el asesinato de activistas de izquierda por
bandas patronales en Venezuela; las muertes de luchadores en Argentina,
por parte de patotas de la burocracia y la policía, y el gatillo fácil;
todo esto atestigua la fragilidad y la provisoriedad de la tan mentada
etapa democrática en América Latina. La política que tiene por base la
perspectiva de una durabilidad y profundización de los procesos
democratizantes, carece de sustento.17.
17. El ascenso de la
izquierda y de las corrientes trotskistas en América Latina se
manifiesta fuertemente en los sindicatos. Un progreso ulterior, sin
embargo, podría verse bloqueado por un agudo faccionalismo. Este
faccionalismo exacerbado es, por un lado, el reflejo de un prolongado
periodo de desarrollo marginal y sectario y, por el otro, de una
inmadurez que se caracteriza por la sustitución de la delimitación
política por la pelea de aparato. Esto ha impedido un desarrollo
sindical que podría haber sido más enérgico, en especial en Brasil, en
Argentina y en Venezuela. En la lucha contra este bloqueo propugnamos el
frente único de todas las tendencias combativas en los sindicatos.
La revolución cubana
18. En las últimas décadas, la revolución cubana ha quedado replegada
como foco de referencia para las masas de América Latina, incluso por la
aparición de nuevas experiencias políticas que desataron enormes
ilusiones políticas en los explotados. La razón principal, sin embargo,
ha sido el impasse completo que ha alcanzado el régimen político de la
Isla y su política de colaboración con las burguesías nacionales y el
propio imperialismo. Existe una tendencia a descalificar su resultado
histórico, sin embargo sigue representando una referencia para los
trabajadores de América Latina, en especial por su capacidad de
resistencia al mayor imperialismo de todos los tiempos – a noventa
millas de sus costas. Mantuvo, además, su peculiaridad histórica frente a
la restauración capitalista en la ex URSS y su entorno geopolítico y a
la vigorosa penetración del capitalismo en China y Viernam. La
aceptación, por parte de EEUU, de relaciones diplomáticas con Cuba,
constituye un recule político del imperialismo, luego de más de medio
siglo de bloqueo, con independencia de que tenga la misma finalidad de
reanudar la colonización capitalista de la Isla. El bloqueo sigue en
pie, aunque disminuido, como un arma de extorsión para imponerle al país
las pretensiones del imperialismo.
Con manifiestos zigzagueos, Cuba
ha encarado, una salida a su estancamiento económico por la vía de una
colaboración del capital internacional, y por una política de ajuste y
de mayor diferenciación social. No tiene la posibilidad, sin embargo, de
reproducir las características del camino de China hacia el
capitalismo, porque no tiene la posibilidad de ofrecer un mercado
interno al capital internacional, sino convertirse en una plataforma de
exportación y un paraíso turístico e inmobiliario. En última instancia,
convertiría a Cuba en una suerte de Republica Dominicana, Puerto Rico o
Haiti. Puerto Rico, la isla menor de las Antillas, enfrenta ahora un
defol económico generalizado que ha reducido a la nada su condición de
estado asociado de EEUU, pues ha pasado a ser gobernado por un comité de
supervisión financiera y fiscal, con el cometido de que pague su enorme
deuda externa. El camino chino ha conducido a la propia China a una
crisis de potencial monumental y al mismo tiempo a un desarrollo cada
vez más impetuoso de la lucha de clases de la clase obrera. La
bancarrota capitalista mundial opera, por un lado, como un factor de
presión para la apertura completa de Cuba al capital internacional y,
por otro lado, como un límite insalvable a sus posibilidades, porque
acentuará el impasse del régimen político y la lucha de los
trabajadores.
Cuba sigue siendo una sociedad en transición, con la
peculiaridad de que está gobernada por una fuerte burocracia estatal y
una tendencia interna cada vez más amplia, que favorece la privatización
de la propiedad pública. Esta condición le da al planteo de asociación
con el capital extranjero una fuerte connotación restauracionista. Un
régimen proletario buscaría atraer inversiones extranjeras, en
condiciones de aislamiento y crisis, en función de un fortalecimiento de
la dictadura del proletariado. Los grandes debates en el bolchevismo,
en los años 20, muestran el rechazo al esquematismo autárquico. Si el
proceso de China sirve de ejemplo, la perspectiva de una renovación
revolucionaria en Cuba pasa por la lucha por la organización
independiente de los sindicatos, el desarrollo de la autonomía política
de la clase obrera y la perspectiva de un gobierno de trabajadores.
Los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos constituyen los promotores
principales del llamado proceso de paz en Colombia, que cuenta con el
apoyo de la UE y de la ONU. El largo proceso guerrillero en Colombia ha
entrado hace mucho tiempo en una clara descomposición y ha sufrido
derrotas militares contundentes. Las negociaciones de paz apuntan a
integrarlo al régimen político y al Estado capitalista, el propósito
declarado de las propias Farc. El resultado, sin embargo, sigue incierto
debido al crecimiento vertiginoso del paramilitarismo y al agravamiento
de la cuestión agraria. Un acuerdo de paz no va a resolver ninguna de
las contradicciones explosivas de Colombia. Las nuevas condiciones
políticas deberían ser aprovechadas para convocar a la construcción de
un partido revolucionario.
Tareas
19. El propósito de estas
tesis y de la Conferencia sobre América Latina es que sirvan al debate
político y a la elaboración de un programa. No puede existir un partido
sin programa, sin embargo eso es lo que ocurre en América Latina. Los
asistentes a la Conferencia adoptarán un plan de trabajo de difusión de
las tesis y su discusión en la izquierda, el movimiento obrero y la
juventud.
Jorge Altamira
jueves, 21 de julio de 2016
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