Fruto de la
crisis abierta con el aumento de tarifas, el país asiste a un vuelco
político que ha borrado de un plumazo los fastos del Bicentenario.
A esta altura, en la provincia de Buenos Aires funciona un virtual
acuerdo de gobernabilidad entre Cambiemos y el Frente Renovador (FR).
Ambas fuerzas controlan de común acuerdo la Cámara de Diputados -el FR
tiene la presidencia- y participan en varios directorios, entre ellos el
del estratégico Banco Provincia. El pacto se ha extendido al Senado,
donde el gobierno de Vidal acaba de ceder la secretaría de Relaciones
Institucionales, reservada para la UCR, al Frente de Massa. El mismo
gobierno nombró en la cartera de Producción a Joaquín de la Torre, ex FR
que se suma al gabinete como parte de un operativo más amplio que se
extiende al Congreso Nacional y a los intendentes que están emigrando
del Frente para la Victoria y del peronismo. La gobernadora ha
incorporado al intendente de Azul y al de San Nicolás (ex K) al elenco
de Cambiemos y a otros dos independientes que supieron coquetear con el
anterior oficialismo, como parte de un operativo de captación que
algunos llegan a estimar en cincuenta intendentes. intento llega a
las organizaciones sociales, a las que se les ha ofrecido construir
v Eliviendas en competencia con el resto de la patria contratista, una
decisión saludada por el Movimiento Evita y otras corrientes filo K. Con
esta política habría logrado hasta el respaldo del Papa, que rescataría
“su inclinación a colaborar con propios y ajenos en conflictos que se
profundizan” (Clarín, 12/6).
Este proceso político habría obligado a Massa a tratar de
diferenciarse, anunciando oficiosamente la fórmula Margarita
Stolbizer-Roberto Lavagna para las elecciones en 2017 y es el origen de
otra crisis, la provocada por las denuncias de Carrió contra el jefe de
la Policía Bonaerense y el actual secretario de Seguridad, Cristian
Ritondo. Este ex duhaldista es uno de los organizadores de la
integración del peronismo a la coalición gobernante y sostén del actual
jefe de la policía provincial, un hombre que viene del sciolismo. Nadie
se ha preguntado hasta qué punto la ausencia de Scioli de los tribunales
no tiene que ver con este pacto de gobernabilidad que funciona en la
provincia y lo tiene como protagonista.
Pero la búsqueda de la “pata peronista” excede a Buenos Aires. El
gobierno está explotando la disgregación del peronismo, proponiendo
armar listas comunes con los gobernadores de ese palo en varias
provincias -Salta, Entre Ríos, Tucumán, Chaco, Tierra del Fuego, Chubut y
la lista puede ser más extensa.
Crisis a dos bandas
Es este intento de reconfiguración política lo que explica la reacción
de la UCR. La convención reunida en Tucumán obligó a decir al jefe del
partido: “no dejemos que se suban los oportunistas” y a pedir
“protagonismo” en las listas de 2017.
El gobierno se sirve de la descomposición política acelerada del
peronismo. El Frente Ciudadano de CFK murió antes de nacer, y la
conducción del PJ que alimentó la expectativa de un “peronismo sin
aditamentos” como base de una reconstrucción está a la deriva. Pero en
la base de la disgregación no están sólo los negociados con la patria
contratista, que unen a los José López y a los Calcaterra. El fraude de
la “década ganada” es un capítulo de la declinación histórica del
peronismo. El desfile por tribunales no corresponde a un gobierno sino a
un régimen social que vació los fondos públicos para intentar un
rescate capitalista que fracasó, como lo revela el capítulo pendiente de
la quiebra de las empresas de servicios públicos -que acaba de estallar
con el tarifazo.
Aunque la búsqueda de la “pata peronista” se presente como una gesta
por la “unidad nacional”, sólo puede expresar la destrucción de los
partidos políticos que han sido responsables de sucesivos ajustes, la
coincidencia de los restos de estos partidos en torno a un mismo
programa -el pacto con los buitres, el blanqueo de los capitales
fugados, la destrucción del sistema de jubilaciones, validado por la
propia CFK- y el agotamiento irreversible del nacionalismo burgués.
Fruto de la crisis abierta con el aumento de tarifas, el país asiste a
un vuelco político que ha borrado de un plumazo los fastos del
Bicentenario. Sin embargo hace 200 años la emergencia de las Provincias
Unidas fue parida por una crisis mundial excepcional y levantamientos
populares en las colonias y en la metrópoli. Hoy, en medio de una crisis
mundial mucho más grande, el lugar del “bajo pueblo” de entonces lo
debe ocupar la clase obrera.
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