En 1992, hace 24 años, la Cámara de Diputados aprobó la privatización
de Gas del Estado planteada por Menem. La sesión convirtió en popular,
de allí en más, el término diputrucho. Como los peronistas no lograban
el quórum necesario para tratar el punto -130 diputados- apelaron a un
impostor. Era Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Samid, hermano del
“rey de la Carne” e integrante de un núcleo de colaboradores “todo
servicio” de diputados justicialistas. La Cámara no sancionó ni al
impostor ni al diputado.
La anécdota viene a cuento del gran tema que estuvo ausente en la
interpelación al ministro de Energía: el fracaso de las privatizaciones
de YPF y Gas del Estado, consumadas en la década del ’90 por el gobierno
de Menem con la complicidad del entonces gobernador de Santa Cruz,
Néstor Kirchner.
Una de las razones del silencio es que los propios diputados presentes
en la interpelación fueron protagonistas de la venta a precio vil de los
activos del Estado: en aquel tiempo, “entre vítores, besos y abrazos
celebraron la votación (por la privatización de YPF) notables referentes
de la mayoría como Eduardo Amadeo, Eduardo Caamaño, Eduardo Fellner,
Juan González Gaviola, José Luis Gioja, Oscar Lamberto, Juan Carlos
Maqueda, Lorenzo Pepe, Carlos Ruckauf, Felipe Solá, Miguel Angel Toma y
Jorge Yoma, entre otros”1.
De todos modos, el debate sobrevoló el recinto. Cuando uno de aquellos
que celebraron la privatización de YPF, José Luis Gioja, actual cabeza
del PJ, le preguntó a Aranguren cuál era el costo de extracción en boca
de pozo del gas el ministro se negó a contestarle. La venta de YPF
significó convertir al costo de producción en boca de pozo en un secreto
de Estado, lo que no se alteró bajo el gobierno “nacional y popular”, y
mucho menos con el actual. Las empresas lo declaran bajo juramento, de
modo que el precio en boca de pozo es un valor fijado finalmente por las
petroleras. Más aún, la ley que rige no considera a ese tramo de la
producción un servicio público, por lo que no está sometido al mecanismo
de audiencia pública.
Tan importante es el secreto sobre el punto que el propio gobierno
formuló su alerta a la Corte Suprema. “Uno de los funcionarios de más
alto rango del gobierno definió qué es lo esencial que esperan del
fallo: “de mínima, lo que queremos es que confirme que el precio del gas
en boca de pozo, es decir lo que cobran las petroleras, no debe pasar
por las audiencias (...) ¿Quién pondría miles de millones de dólares
para que después el precio del gas, el retorno de su inversión, se
discuta públicamente en Audiencias?”, se preguntó el funcionario
(Clarín, 16/8).
¿Tiene importancia el punto? A las compañías que suministran el gas se
les paga un promedio de 4,7 dólares por el millón de BTU, el aumento más
importante en la tarifa de gas este año. Aunque el gas no es un bien
transable internacionalmente, a las compañías que suministran el gas se
les paga este importe, siendo que el precio de referencia en el mercado
norteamericano está en los 2,60, luego de caer en mayo a 1,80.
Recordemos que, fruto del gobierno “nacional y popular”, ya existía un
valor de 7,50 dólares el millón de BTU para el gas nuevo, es decir para
aquel que provenía de nuevas inversiones.
Cuando Aranguren se negó a responder la pregunta sobre el costo de
producción del gas en pozo, el diputado del PJ exhumó una investigación
reciente de la Fundación Bariloche, sobre la base de los balances
presentados por YPF a la Comisión de Mercados y Valores de Estados
Unidos (SEC), que determina que el costo de producción promedio del
billón de BTU de gas es de 1,9 dólares. Si fuera así, el Estado
garantiza a las gasíferas, al día de hoy, tres veces el costo de
producción.
La nacionalización: un acto de sentido común
Se trata sólo de un dato más, que muestra, a casi un cuarto de siglo de
producida, que la privatización ha revelado su absoluto fracaso. Ha
sido incapaz de garantizar el autoabastecimiento. Ha provocado el
descuartizamiento de YPF y Gas del Estado, al que siguió el de decenas
de usinas y represas hidroeléctricas, un remate en función del rescate
capitalista de empresas y grupos que no fue alterado por ninguno de los
gobiernos posteriores al riojano innombrable. Con la falsa estatización
de YPF el gobierno CFK, que promovió los giros de utilidades de Repsol
por mucho más que sus utilidades declaradas y le pagó más de 5.000
millones de dólares de indemnización, consumó una nueva operación de
vaciamiento. La YPF de mayoría estatal siguió el camino del tarifazo,
por lo que el consumidor argentino paga la nafta más cara del continente
(salvo Uruguay), sin conexión alguna con el costo de producción.
Se ha creado un régimen perverso, dislocado, parasitario, en función de
preservar o recomponer la tasa de ganancia de los grandes grupos. La
expropiación sin compensación de los pulpos de energía y servicios, bajo
control de los trabajadores, es un acto de sentido común.
1. Horacio Mantiñan, IADE, diciembre 2006.
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