28 de agosto de 2016
| Por Claudia Ferrero
Muchos medios señalaron que la novedad del juicio de La Perla fue que el fallo “dejó una puerta abierta para que se investigue las responsabilidades del gobierno democrático de Isabel Perón” (La Nación, 25/8) respecto a crímenes de lesa humanidad anteriores al golpe de marzo del 76.
El tribunal consideró “crímenes de Estado” los cometidos por el Comando Libertadores de América, que integraban Barreiro y otros represores desde 1975. Hasta ahora, la categoría de “terrorismo de Estado” sólo había sido aplicada a los crímenes cometidos a partir del 24 de marzo de 1976. Habrá que ver qué ocurre en instancias superiores. Como antecedente, las condenas dictadas por la Masacre de Capilla del Rosario -el fusilamiento de 14 militantes del ERP a manos del Ejército, ocurrido en agosto de 1974, en Catamarca- fueron anuladas por la Cámara de Casación en junio pasado bajo la consideración de que los fusiladores "actuaron en defensa del gobierno constitucional" y consideraron el caso prescripto.
Mucho antes de la sentencia de La Perla, la justicia declaró imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad, que definió como aquellos cometidos con la “aquiescencia de funcionarios estatales” (Corte Suprema, fallo “Arancibia Clavel”, de julio de 2010). Es decir, no del poder político. Siguiendo este criterio, en abril de este año, la jueza Servini de Cubria condenó a cuatro integrantes de la Triple A por haber formado parte de una “asociación ilícita”, encabezada por el ex ministro de Bienestar Social, José López Rega, de la cual deslindó de responsabilidades a Perón y a su esposa.
La categoría “crímenes de Estado” abre la brecha para llegar a Isabelita, pero no será sencillo que una causa judicial avance en ese sentido. Como bien recoge el diario citado, “expertos en derecho constitucional indicaron que, en ese camino (el juzgamiento de Isabel Perón) es clave la disposición política que exista para avanzar (La Nación, ídem)”. La Conadep tiene registrados mil denuncias no investigadas por desaparición forzadas durante el tercer gobierno peronista. Una investigación a fondo chocaría con el aparato del justicialismo y con la burocracia sindical, cuya complicidad con los crímenes parapoliciales fue absoluta. El kirchnerismo fue muy cuidadoso de transigir ese límite (por el contrario, selló la reconciliación con la Juventud Sindical en un acto moyanista, en River, donde Cristina se puso la gorra de la Juventud Sindical poco antes del crimen de Mariano Ferreyra). En medio del rearme de las fuerzas armadas, impulsado por Macri, para su intervención en la crisis social interna, es predecible que el gobierno no tenga ninguna pretensión de agitar el tema.
Antecedentes
Vale citar que otros casos de crímenes cometidos antes del golpe fueron considerados imprescriptibles y juzgados, con diversos desenlaces.
En el juicio contra el Fuerza de Tareas Nº 5 (FT5) se incluyeron casos de enero de 1976. Los crímenes cometidos por los fascistas de la CNU en Mar del Plata –a la que estuvo vinculado Hugo Moyano en su juventud- están siendo juzgados en estos meses. Próximamente, comenzarán a ser juzgados los crímenes también cometidos por la misma banda pero en la ciudad de La Plata.
La sentencia de La Perla refleja la presión de las masas cordobesas, que sufrieron duramente las represalias del levantamiento obrero de 1969 a manos del Navarrazo, el golpe policial digitado por Juan Domingo Perón que abriría las puertas del infierno.
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