8 de septiembre de 2016
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#Prensa Obrera 1427
| Por Gabriel Solano
El fallo de la Corte Suprema, avalando el tarifazo del servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires, tiene un sentido político de alcance nacional. Así lo entendió la Bolsa de Comercio, que festejó la decisión con una suba generalizada de las acciones de las empresas eléctricas. A nadie se le pasó por alto que la Corte dejó de lado el ‘gradualismo’ para autorizar un aumento que, en muchos casos, supera el 500%. Como yapa, el fallo plantea un cuestionamiento a las medidas cautelares, restringiendo el universo de quienes pueden presentarse en representación colectiva de los usuarios. Para la Corte, a la vez, es una forma de encuadrar a las instancias inferiores del Poder Judicial.
Del mismo modo que ha quedado habilitado el tarifazo eléctrico, la Justicia se ha negado sistemáticamente a tratar los amparos presentados por el aumento al servicio de agua. Diversas asociaciones de consumidores presentaron amparos contra AySa y el Estado nacional sin obtener respuestas.
El momento elegido por la Corte Suprema para dar a conocer el fallo tampoco ha sido casual. Coincide con la presentación del nuevo esquema tarifario del gobierno para el gas, de cara a la audiencia pública del próximo 16 de septiembre. Como malla de contención, Macri y Aranguren han buscado el respaldo de los gobernadores del FpV y de los bloques parlamentarios de la oposición, lo que incluye al massismo y al pejotismo. La autorización de la Corte al aumento de las tarifas eléctricas de Edesur y Edenor en la provincia de Buenos Aires debe ser entendida como la contribución de la Justicia a la santa alianza del tarifazo.
Dolarización
El nuevo esquema presentado por Aranguren para el aumento del gas persigue un objetivo de fondo: volver a la dolarización de las tarifas qu e rigió en Argentina durante la década del ’90 y que colapsó junto con la convertibilidad a fines de 2001. Como la vuelta será ‘gradual’, el esquema menemista se combinará con una buena dosis de kirchnerismo, manteniendo e incluso incrementado los subsidios a las petroleras y empresas transportadoras y distribuidoras de gas. Después de todo, el menemismo y el kirchnerismo fueron diferentes modalidades de asegurar los beneficios extraordinarios de los Repsol, Metrogas, Edesur y Edenor.
El eje de la propuesta consiste en pagarle por el gas a boca de pozo a las petroleras un precio superior al internacional. La mayor parte de los usuarios deberá pagar, en octubre, un aumento por el gas en boca de pozo del 317%, y luego recibirá aumentos semestrales del 21% en dólares hasta octubre de 2019. Los aumentos diferirán según las categorías pero, en todos los casos, se establece que al final del proceso todos pagarán 6,78 dólares la unidad calórica, siendo que en Estados Unidos el valor se ubica en 2,50 dólares. Aunque el discurso oficial bate el parche contra los subsidios, este sobreprecio, de casi el 200%, mantiene un régimen de subsidios de los consumidores a las petroleras.
La característica arbitraria del tarifazo salta a la vista. Con el argumento de la previsibilidad, se establece un aumento hasta 2019 con independencia del precio internacional que tenga el gas en ese momento. A la vez, como el aumento será del 21% en dólares, el precio final que terminen pagando los consumidores dependerá del tipo de cambio. Si el lobby devaluacionista logra su cometido, el tarifazo en pesos será aún más grave. Al mismo tiempo, queda planteada una contradicción flagrante: el tarifazo se hace en nombre de aumentar la producción local de gas y petróleo. Pero, si esto ocurriera, el costo del gas debiera reducirse por la disminución o el cese de la importación, y sus costos debieran estar determinados por el peso y no por el dólar, pues los principales gastos deben afrontarse en moneda local Con el tarifazo, las supuestas “inversiones” futuras quedan a cargo de los usuarios, y por ellas las petroleras no ponen un peso. Pero no se advierte motivo por el cual esas inversiones ocurrirían: en los 20 años precedentes, las empresas giraron utilidades al exterior, desinvirtieron y hasta compraron acciones de YPF con las ganancias de la empresa (grupo Eskenazi). Se trata de una superganancia dictada por la extorsión de no seguir operando. Ni qué decir que este esquema de sobreprecios eleva el costo de producción local: los massistas o pejotistas que baten el parche de la “competitividad” (entendida como presión a la baja de los salarios) nada dicen de este monumental bloqueo a la industrialización. Como mucho, plantean “promediar” el valor del gas en boca de pozo con el costo de importación, lo que asegura la cesión completa de la renta petrolera a los monopolios.
La audiencia pública
El fallo de la Corte Suprema, avalando el tarifazo del servicio eléctrico en la provincia de Buenos Aires, tiene un sentido político de alcance nacional. Así lo entendió la Bolsa de Comercio, que festejó la decisión con una suba generalizada de las acciones de las empresas eléctricas. A nadie se le pasó por alto que la Corte dejó de lado el ‘gradualismo’ para autorizar un aumento que, en muchos casos, supera el 500%. Como yapa, el fallo plantea un cuestionamiento a las medidas cautelares, restringiendo el universo de quienes pueden presentarse en representación colectiva de los usuarios. Para la Corte, a la vez, es una forma de encuadrar a las instancias inferiores del Poder Judicial.
Del mismo modo que ha quedado habilitado el tarifazo eléctrico, la Justicia se ha negado sistemáticamente a tratar los amparos presentados por el aumento al servicio de agua. Diversas asociaciones de consumidores presentaron amparos contra AySa y el Estado nacional sin obtener respuestas.
El momento elegido por la Corte Suprema para dar a conocer el fallo tampoco ha sido casual. Coincide con la presentación del nuevo esquema tarifario del gobierno para el gas, de cara a la audiencia pública del próximo 16 de septiembre. Como malla de contención, Macri y Aranguren han buscado el respaldo de los gobernadores del FpV y de los bloques parlamentarios de la oposición, lo que incluye al massismo y al pejotismo. La autorización de la Corte al aumento de las tarifas eléctricas de Edesur y Edenor en la provincia de Buenos Aires debe ser entendida como la contribución de la Justicia a la santa alianza del tarifazo.
Dolarización
El nuevo esquema presentado por Aranguren para el aumento del gas persigue un objetivo de fondo: volver a la dolarización de las tarifas qu e rigió en Argentina durante la década del ’90 y que colapsó junto con la convertibilidad a fines de 2001. Como la vuelta será ‘gradual’, el esquema menemista se combinará con una buena dosis de kirchnerismo, manteniendo e incluso incrementado los subsidios a las petroleras y empresas transportadoras y distribuidoras de gas. Después de todo, el menemismo y el kirchnerismo fueron diferentes modalidades de asegurar los beneficios extraordinarios de los Repsol, Metrogas, Edesur y Edenor.
El eje de la propuesta consiste en pagarle por el gas a boca de pozo a las petroleras un precio superior al internacional. La mayor parte de los usuarios deberá pagar, en octubre, un aumento por el gas en boca de pozo del 317%, y luego recibirá aumentos semestrales del 21% en dólares hasta octubre de 2019. Los aumentos diferirán según las categorías pero, en todos los casos, se establece que al final del proceso todos pagarán 6,78 dólares la unidad calórica, siendo que en Estados Unidos el valor se ubica en 2,50 dólares. Aunque el discurso oficial bate el parche contra los subsidios, este sobreprecio, de casi el 200%, mantiene un régimen de subsidios de los consumidores a las petroleras.
La característica arbitraria del tarifazo salta a la vista. Con el argumento de la previsibilidad, se establece un aumento hasta 2019 con independencia del precio internacional que tenga el gas en ese momento. A la vez, como el aumento será del 21% en dólares, el precio final que terminen pagando los consumidores dependerá del tipo de cambio. Si el lobby devaluacionista logra su cometido, el tarifazo en pesos será aún más grave. Al mismo tiempo, queda planteada una contradicción flagrante: el tarifazo se hace en nombre de aumentar la producción local de gas y petróleo. Pero, si esto ocurriera, el costo del gas debiera reducirse por la disminución o el cese de la importación, y sus costos debieran estar determinados por el peso y no por el dólar, pues los principales gastos deben afrontarse en moneda local Con el tarifazo, las supuestas “inversiones” futuras quedan a cargo de los usuarios, y por ellas las petroleras no ponen un peso. Pero no se advierte motivo por el cual esas inversiones ocurrirían: en los 20 años precedentes, las empresas giraron utilidades al exterior, desinvirtieron y hasta compraron acciones de YPF con las ganancias de la empresa (grupo Eskenazi). Se trata de una superganancia dictada por la extorsión de no seguir operando. Ni qué decir que este esquema de sobreprecios eleva el costo de producción local: los massistas o pejotistas que baten el parche de la “competitividad” (entendida como presión a la baja de los salarios) nada dicen de este monumental bloqueo a la industrialización. Como mucho, plantean “promediar” el valor del gas en boca de pozo con el costo de importación, lo que asegura la cesión completa de la renta petrolera a los monopolios.
La audiencia pública
El vaciamiento de la audiencia pública no puede hacerse sin la colaboración activa de la oposición y la Justicia, ambas comprometidas hasta los tuétanos con el tarifazo. En oposición a esta política, el Partido Obrero se movilizará a la audiencia pública en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país para rechazar el tarifazo. Nuestros expositores defenderán el planteo de abrir las cuentas de las petroleras y empresas privatizadas, para determinar los costos de producción e investigar el destino dado a los subsidios millonarios. Para poner fin al saqueo, plantearemos la nacionalización integral de los recursos naturales y de la industria hidrocarburífera, como parte de un plan económico y político de los trabajadores.
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