Logramos media sanción para la expropiación de Donnelley
Vetos y palos de Vidal
Una de las primeras medidas de María Eugenia Vidal fue el veto a la expropiación de Petinari votada en 2015. Los trabajadores habían sido despedidos en masa como parte de una maniobra para cambiar de razón social; en ese marco, la empresa acumuló 50 millones de pesos de deuda con los obreros. Pretendían limpiar un plantel que había protagonizado conflictos contra despidos arbitrarios. Los obreros enfrentaron los despidos, impidieron que se los desaloje y el retiro de las máquinas, y conformaron la cooperativa Acoplados del Oeste. El veto de Vidal expresa la impugnación a toda la línea de fábricas recuperadas, y el entusiasmo expreso en el gobierno por el “modelo” de Cresta Roja para resolver conflictos de vaciamiento. Allí, represión mediante, los trabajadores renunciaron a puestos de trabajo, salarios y estabilidad laboral como condición planteada por los funcionarios del gobierno al ingreso de nuevos inversores.
Esto va en línea con numerosos procesos de vaciamiento en la provincia, como Tecplata, Germaiz o Cinpal de Tandil, donde el gobierno provincial ha gestionado la continuidad de los grupos patronales luego de largos meses de incumplimiento de salarios. Los trabajadores pierden los salarios caídos y son usados como prenda de negociación para maniobras de los vaciadores.
La ofensiva se mantuvo con el desalojo y represión a los trabajadores de la cooperativa metalúrgica RB de Martínez, a pesar de tener una ley de expropiación vigente que favorecía a los trabajadores. Ambas situaciones terminaron en un compromiso en la Legislatura, donde se votaron proyectos que suspenden por 90 días toda acción judicial. Estas leyes impiden nuevos desalojos en RB y Petinari, sin resolver la cuestión de fondo.
El saldo de Scioli y los K
La crisis actual en las empresas recuperadas no se limita a la situación descripta. Las cooperativas han sido golpeadas duramente por el tarifazo, junto a los efectos más generales de la recesión industrial. Esto ha colocado a muchas muy lejos del salario de convenio en términos de retiros, y varias recuperadas dicen que podrían tener que cerrar sus puertas.
Un ejemplo de ello es la cooperativa gráfica formada en 2014, WorldColor, que entregó su planta a cambio del pago en maquinaria a un sector de trabajadores y el alquiler de un galpón para montar una cooperativa.
Sin embargo, no ha predominado una lucha frente al Estado para garantizar la continuidad laboral, salvo una marcha aislada pidiendo una tarifa diferenciada. Estamos ante la demostración del fracaso de las expropiaciones en la etapa kirchnerista. Estas expropiaciones han impedido temporalmente los desalojos, pero han abandonado a cada grupo de trabajadores a su suerte, a merced del mercado de créditos, de la subordinación a los grandes grupos económicos de cada rubro y obligados a pagos onerosos en las quiebras. Las propias expropiaciones, en la medida en que no han sido ejecutadas por los sucesivos gobiernos de Solá y Scioli, no han pasado de ser tenencias precarias, que deben ser renovadas con nuevas leyes cada 5 años o se caen.
A pesar de la propaganda estatal y paraestatal sobre las fábricas recuperadas y la autogestión, no ha habido plan económico alguno desde el Estado para sostener la capacidad industrial de las empresas quebradas. Las orientaciones de autogestión y cooperativismo, que intentaron salvar a cada recuperada como emprendimiento económico capitalista viable y no como parte de una lucha más general del movimiento obrero, han hecho escuela, aislando y dejando entregados a los trabajadores a condiciones de explotación que, en algunos casos, son peores que en la industria privada.
Vamos por la expropiación de Donnelley
Donnelley es una de las fábricas que enfrentan una dura crisis y situaciones de penuria. Los trabajadores sólo pueden realizar retiros mensuales de entre 5.000 y 6.000 pesos, lejos del convenio gráfico. Muchos se ausentan de la empresa para hacer changas complementarias. La falta de una expropiación legal les permite a los clientes empresarios extorsionarlos por la supuesta falta de previsibilidad e imponer precios más baratos. Embistiendo contra los trabajadores en este momento complejo, el juzgado a cargo de la quiebra ha decidido no renovar el contrato de alquiler que los obreros venían pagando por el uso de la planta. Desde la banca del Frente de Izquierda hemos vuelto a presentar la ley este año, ya que fue votada en 2014 en la Cámara de Diputados bonaerense, pero cajoneada en el Senado hasta que perdiera estado parlamentario. Luego de una importante pelea, conseguimos que se vote nuevamente la Ley de expropiación en diputados.
Revueltas contra los burócratas kirchneristas
Otra cara de la crisis de las empresas recuperadas se expresa en los frigoríficos Incob y Sadowa, de Bahía Blanca y Mar del Plata respectivamente. En ambas, los presidentes de las cooperativas, fuertemente ligados a funcionarios kirchneristas, se erigieron en verdaderos patrones de las empresas, haciendo jugosos negocios con los subsidios estatales, desviando fondos de las cooperativas y aportes de los trabajadores y separando a quienes los cuestionaran. Solo han podido hacer esto porque los funcionarios de Nación y Provincia de diversas áreas los ampararon bajo el gobierno K.
En Sadowa siguen trabajando 25 obreros al mando del puntero Carlos Vega y hay un movimiento de despedidos que nuclean a 35 trabajadores despedidos de la cooperativa. Por eso nos hemos opuesto a que se adjudique a la actual cooperativa una nueva ley de expropiación, exigiendo que se cite a los despedidos a la legislatura.
Otra situación es la de Incob. Allí el año pasado los trabajadores han expulsado al estafador Enrique Garaggiola, presidente de la cooperativa, vinculado a Gabriel Mariotto e impulsor de un fantasmagórico Mercosur Obrero, poniendo al descubierto una enorme estafa de desvío de fondos a lo largo de una década.
Lo de Incob ha sido una verdadera revuelta antiburocrática contra la casta de administradores corrompidos instalados por el kirchnerismo en las recuperadas. Como tal no se ha limitado a reestablecer las asambleas de trabajadores y la transparencia en el manejo de las cuentas, sino que ha colocado a los trabajadores de Incob como parte de todas las manifestaciones obreras combativas de Bahía Blanca. En este camino hemos presentado un proyecto de ley en la Legislatura para eximirlos de la deuda incurrida con el Estado, que fue armada en connivencia con funcionarios estatales. La movilización de los trabajadores arrancó pronunciamientos en apoyo a esta ley de la bancada de Guillermo Kane por parte del municipio y el Concejo Deliberante de Bahía Blanca.
Luchemos juntos por el trabajo
Reforcemos la lucha por que se haga ley la expropiación de Donnelley y la eximición de la deuda de Incob. Impulsemos que el conjunto de las fábricas recuperadas tomen en sus manos estas peleas y promovamos que se organice un plan de lucha único, que comprenda la movilización para reclamar al Estado la: Estatización de toda fábrica que cierre o vacíe, bajo control de sus trabajadores y sin carga onerosa para estos. Financiamiento estatal para las recuperadas y uso de estas como proveedoras privilegiadas. Garantía estatal del salario de convenio, derechos sindicales plenos para los obreros de las recuperadas. Que ni el Inaes ni cualquier otro organismo se entrometa en el reconocimiento de los representantes libremente elegidos por cada fábrica.
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1430/sindicales/por-un-movimiento-de-lucha-ante-la-crisis-de-las-empresas-recuperadas
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