TARIFAZO
Metrogas y GasBAN han reclamado aumentos de más del 600%
Las audiencias que se están realizando en estos días, en distintos
puntos del país, para establecer el porcentaje del aumento que recibirán
las empresas transportistas y distribuidoras de gas vienen a terminar
de convalidar un sistema de tarifazos permanentes, cuya aplicación
conlleva una confiscación de los usuarios en beneficio de un puñado de
empresas privatizadas.
En octubre pasado, el gobierno premió a las petroleras con un aumento
que osciló entre el 200 y el 400% para el gas en boca de pozo, sin haber
hecho públicos los verdaderos costos de extracción y tomando como
parámetro el precio de importación del mismo. Con ello, se estableció un
régimen de ajustes semestrales en función de un sendero de valores en
dólares hasta 2019.
Ahora, llegó el turno de premiar a las empresas transportadoras y
distribuidoras de gas, las otras dos partes que componen el precio final
de la boleta de gas. Las empresas que monopolizan el transporte (TGN y
TGS) han reclamado un aumento del 26,7%. A ello, debe sumársele la
distribución. Metrogas y GasBAN ha pedido aumentos en los cargos fijos y
variables.
Metrogas ha solicitado un aumento del cargo fijo del 566% y del cargo
variable del 27%. GasBAN ha solicitado un aumento del cargo fijo del
110% y del 33% del cargo variable. Este mega-aumento del cargo fijo será
para todos los usuarios, ya que aumenta independientemente del consumo.
Por ello, perjudica con mayor fuerza a los sectores con menos ingresos
que son quienes también menos consumo de gas realizan. El aumento del
cargo variable, por su parte, implica beneficios de más del 100% para
las empresas, siendo que la distribución representa aproximadamente un
cuarto del precio final de la factura.
Las distribuidoras y transportadoras también reclaman nuevos aumentos
para el año que viene. De aprobarse su propuesta, la tarifa del gas
sufriría durante 2017 los siguientes aumentos: en enero y en julio de
los montos solicitados hoy (de casi el 600%) y en abril y octubre del
que surja de la fórmula de ajuste decidida tras la audiencia pública de
septiembre que depende del tipo de cambio y que están autorizados a
aplicar automáticamente. Se trata de una seguidilla de aumentos que
supera por mucho la inflación del 17% planteada en el Presupuesto 2017.
El gobierno utiliza como criterio esta “inflación futura” para imponer
techo a las paritarias en un 20% pero las privatizadas ajustarán la
tarifa según la inflación acumulada.
Estos aumentos, ya de por sí confiscatorios, se agravarán si la
presión devaluacionista sobre el peso termina llevando el dólar a los 25
pesos, reclamados por los lobbistas de la Unión Industrial. Este
sistema de dolarización injustificado -porque los costos son en pesos y
no en dólares- ya colapsó en el pasado con la crisis de 2001. La
“emergencia económica” posterior compensó a las empresas con subsidios
millonarios, lo cual no fue obstáculo para que realicen juicios por
miles de millones de dólares en el Ciadi por incumplimiento de los
contratos. Estos juicios, que fueron reconocidos por el gobierno
anterior, engrosan la deuda externa del país.
Es evidente que la política del gobierno apunta a repetir la misma
experiencia que llevó al país a la bancarrota. Si la dolarización de
tarifas bajo un tipo de cambio fijo como la convertibilidad permitió
ganancias siderales, ni qué hablar de las que generará con un tipo de
cambio libre, en medio de presiones devaluatorias explícitas. El lobby
devaluador ganará nuevos adeptos, pues del nivel que tenga el tipo de
cambio dependerán las ganancias de las privatizadas y petroleras.
Es necesario pegar un viraje de 180 grados. En primer lugar, debe
anularse la dolarización de tarifas e investigarse el uso dado a los
subsidios millonarios que el Estado repartió sin control entre las
mismas empresas energéticas que hoy reclaman este tarifazo en nombre de
las inversiones que no realizaron en el pasado. Una auditoría
independiente debe establecer el verdadero costo de extracción,
transporte y distribución, única manera de determinar las tarifas. Un
programa de este tipo requiere la nacionalización integral del petróleo y
gas, y de las redes monopólicas de transporte y distribución.
Abajo el tarifazo! Ahora, frente a la audiencia pública por el precio del gas.
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