El gobierno ha fijado un salario mínimo legal de 8.864 pesos hasta el año que viene.
Seis mil pesos menos de lo que necesita hoy una familia para no ser pobre.
Los planes sociales, que son la mitad, se incrementan en 400 pesos hasta diciembre inclusive.
Los dirigentes de la CGT y la CTA fingieron indignación.
Pero el 20% de aumento que decretó el gobierno sobre el mínimo, ¿no se acerca acaso a los porcentajes de miseria que esos mismos burócratas aceptaron para sus paritarias?
Después de los enojos, los Daer, Moyano y compañía anticiparon que no harán olas por este “salario de pobreza”.
Seguirán respetando la larga tregua que le han concedido a Macri y a su gobierno.
Frente a esa pasividad, el movimiento obrero empuja por una salida de lucha.
Es la que reclaman los 600 obreros de Pepsico, que ocupan su planta contra los despidos.
La que piden también los compañeros despedidos de Atucha o del Walmart de Avellaneda.
Y la multitud que se movilizó por el salario mínimo este martes 27.
En todos los sindicatos y lugares de trabajo impulsemos plenarios y asambleas por el 35% de aumento; por paritarios electos; ningún despido, ocupación de toda planta que cierre o despida; plan de lucha.
Los Massa, Cristina y otros suelen lamentar la “pobreza”, pero miran para otro lado ante las luchas obreras, mientras nuestros candidatos se ponen al frente.
También por esta reivindicación elemental, tenemos que convocar a la adhesión activa y al voto al Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
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