Por segunda vez, y en sesión exprés, debatido en comisiones 24 horas antes, un “decreto de necesidad y urgencia” (DNU) de vastas consecuencias, pasa por Diputados. En este caso, bajo la forma de tres leyes. El antecedente fue el robo de 100 mil millones de pesos a los jubilados y el conjunto de la reforma antiprevisional y tributaria, que el gobierno había amenazado con darle forma de DNU después del fracaso de la sesión del 14 de diciembre y luego de una feroz represión a decenas de miles de manifestantes. Otra vez, como el 18D, las leyes pasan con la complicidad del PJ.
La novedad es que las leyes no incluyen la autorización de embargo de la totalidad de las cuentas sueldo y tampoco la autorización para que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses opere como actor financiero. Esos objetivos, como la reforma laboral en su conjunto, no están descartados, sino que quedan para más adelante. Tras las jornadas de diciembre, echaron lastre de los aspectos más polémicos de este decretazo que, de alguna manera, da comienzo a la reforma laboral.
Es lo que ocurre, por ejemplo, con la reducción de las sanciones a las empresas por infracciones cometidas en el ámbito laboral. Al mismo tiempo, se reduce a sólo 30 días la exposición en el registro de infractores, lo que le impide a esas empresas acceder a contratos con el Estado, subsidios y ventajas impositivas.
En nombre de una supuesta “desburocratización”, estas leyes despejan el camino para el latrocinio del presupuesto y los recursos públicos a los grupos económicos: la “revolución de los cielos” de las low cost inseguras y precarizadas, la eliminación de controles licitatorios estatales en el régimen de Participación Pública Privada -uno de los grandes negociados de la etapa, hoy trabado por los costos del financiamiento privado internacional-, la habilitación de los camiones bitrenes que reducen choferes destruyendo rutas y agravando el peligro vial, al tiempo que da la vía libre para el cierre de Ferrobaires.
La aprobación de estas leyes nacidas del “megaDNU” es un campo de ensayo para reconstruir la coalición parlamentaria con el PJ y a su turno con la CGT colaboracionista en recauchutaje, con vistas a la reforma laboral prevista para fines del primer semestre. Desde luego, el voto positivo lo da el Bloque Federal de los gobernadores, que controla el Senado de Pichetto, y 32 diputados. Pero hay otra complicidad por parte del Frente Renovador y el kirchnerismo: todos se opusieron a convocar a la sesión especial para derogar el megaDNU que propuso Romina Del Plá. Eso hubiera puesto en evidencia al PJ. Macri sigue gobernando con los gobernadores del PJ y con la complicidad activa y pasiva de las distintas alas del peronismo.
Nuestra acción parlamentaria e iniciativa política está al servicio de que la clase obrera enfrente en todos los terrenos la ofensiva capitalista, en las fábricas y reparticiones contra los despidos, con el paro activo nacional y el plan de lucha, mediante un congreso de bases de los trabajadores y enfrentando el operativo de “unidad opositora 2019” colocando a la izquierda obrera y socialista como alternativa política.
Fuente: http://www.po.org.ar/prensaObrera/1495/politicas/las-leyes-del-megadnu-chantaje-consentido
Entradas
No hay comentarios:
Publicar un comentario