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viernes, 17 de agosto de 2018

[Editorial] Fuera los vaciadores

| #1515



El escenario actual pone al rojo vivo el reclamo a las centrales obreras de un paro activo de 36 horas y un plan de lucha. 
 
Foto: Juan Diez.

A menos de dos meses de que el FMI aprobara el acuerdo con la Argentina, asistimos a una nueva corrida que ha llevado el riesgo país arriba de los 700 puntos, al dólar por encima de los 30 pesos y a la tasa de interés de referencia del Banco Central al 45 por ciento. Como ya lo advertimos, de entrada, desde las páginas de Prensa Obrera, los 50.000 millones del préstamo del Fondo, incluso si se desembolsaran en su totalidad, están muy lejos de cubrir las necesidades de financiamiento del país, que enfrenta una quiebra múltiple de sus cuentas externas y de la quiebra fiscal del Estado. Las tasas de interés usurarias no sirvieron para evitar la dolarización creciente de la economía, pero sí provocaron una caída pronunciada de la industria y de la construcción. El gobierno tampoco logró reducir significativamente la bola de nieve de las Lebacs, mientras fue creando otra bola de nieve con las Letes, que son más explosivas porque están nominadas en dólares y su vencimiento también es a corto plazo.

Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno, en acuerdo con la misión del Fondo Monetario, acelerarán el proceso devaluatorio, por un lado, y el ajustazo, por el otro. La reducción del stock de Lebac dejará una masa de pesos que en las condiciones actuales irán inevitablemente al dólar. Esto va de la mano con una nueva vuelta de tuerca en los planes de austeridad y ataque al bolsillo popular que están en marcha. Una nueva disparada del dólar impactará sobre las tarifas y las naftas, y, más en general, sobre el conjunto de los precios, acelerando aún más el proceso inflacionario que ya supera el 30% anual.

Estamos frente a un nuevo capítulo de la ofensiva gubernamental, mediante la reducción de salarios y jubilaciones, y por una fuerte reducción de fondos girados a las provincias que impacta sobre la salud y la educación. La suspensión de las rebajas de retenciones sobre algunos derivados de la soja, sólo disimulan un nuevo golpe a las provincias al eliminar el Fondo Federal Solidario, que reparte 26.500 millones de pesos entre las provincias. Está en la gatera, asimismo, el intento de avanzar en una nueva reforma previsional y de reflotar la reforma laboral mediante un pacto con la CGT.

La guerra comercial entre las principales potencias y los choques políticos que se derivan de ella son, a su turno, un factor que acelera la crisis argentina. La devaluación de la lira turca y la fuga de capitales que sufre el gobierno de Erdogán se agravaron como resultado de las sanciones comerciales anunciadas por Trump a Turquía. Los efectos de esta guerra comercial han llevado a la caída del precio de la soja. La reducción del déficit comercial de estos dos últimos meses se debe a la recesión económica, que ha impactado negativamente sobre las importaciones y no a un auge de las exportaciones, en momentos en que se cierran mercados y se multiplican las barreras proteccionistas a nivel global.

El acuerdo con el FMI produjo choques al interior de la clase capitalista por ver quién paga la crisis. Macri buscó preservar un margen de autonomía al evitar volver sobre sus pasos en la reducción de impuestos otorgada a la clase capitalista, sea del agro con las retenciones o a la burguesía industrial con la rebaja progresiva de los aportes patronales. Pero las nuevas condiciones que impuso el FMI para renovar el acuerdo lo obligaron a retroceder parcialmente en este terreno, aún al costo de chocar con su base social. La suspensión de la rebaja de retenciones al capital agrario e industrial ha generado la protesta de los sectores afectados y muestra de una manera nítida la naturaleza de la disputa en marcha, que se resume en la imposición del capital norteamericano de una mayor dominación de la economía doméstica a costa del capital nacional. Estos choques colocan en el corazón de la situación política la cuestión de la ofensiva contra las masas, porque es la forma de ‘compensarle’ a las patronales el recorte de otros beneficios.

Los cuadernos
La división al interior de la clase capitalista ha tenido un salto con la aparición de la causa de los cuadernos de la corrupción kirchnerista. En lo que parece ser una gran operación armada por los servicios de inteligencia, se revela una despiadada lucha por el manejo de los negocios vinculados con la obra pública. Han quedado en el banquillo de los acusados los principales grupos económicos del país, de Techint para abajo. La patria contratista que gobernó con el kirchnerismo tiene fuertes vínculos con la camarilla macrista, como lo revela la afectación de la empresa familiar IECSA o el llamado a declarar a Benito Roggio, con quien Macri en la Ciudad armó el negocio del subte y también de la basura. De fondo, la cuestión de los cuadernos plantea una ofensiva del imperialismo por desplazar a grupos económicos locales del manejo de la obra pública y acaparar el negocio. El imperialismo ha salido en auxilio del gobierno macrista, al que está interesado en sostener tanto por razones económicas como políticas -como parte de una consolidación de la derecha en la región-, pero no se priva de extorsionarlo y de hacerle pagar un precio por ese rescate. Acá aparecen similitudes y diferencias con el Lava Jato de Brasil. Allí fue utilizado para voltear al gobierno del PT por parte de la oposición derechista, incluso la que estaba dentro del gobierno de Dilma Russef; acá, en cambio, apunta especialmente al gobierno anterior y a su principal referente política, CFK. Pero tanto en Brasil como en la Argentina podrían tener el mismo efecto recesivo sobre el conjunto de la economía, en momentos donde se agudiza la crisis mundial. ( Pero vale la pena igual que sigan desfilando los empresarios y los gobiernos asociados por tribunales y que se vaya Macri y Cristina no vuelva mas y vaya presa junto con Menem )

Potencial de lucha

Para hacer pasar este ajuste, el gobierno mantiene el pacto con la burocracia sindical, que ha reforzado los mecanismos de contención. La multa millonaria impuesta al sindicato camionero es un ataque directo al derecho de huelga, que debió ser respondido por una acción de conjunto de los sindicatos. Tampoco Baradel reaccionó ante un ataque similar por el paro de 48 horas durante la conciliación en provincia. El paro del 25 de junio, aún masivo, fue manejado por la burocracia en función de descomprimir y darle una nueva vuelta de tuerca a su política de tregua, dejando pasar la ofensiva antiobrera. Han naufragado los intentos del moyanismo de armar una alianza para disputar la CGT y no pudo sostener unido el bloque que convocó al #21F. El triunvirato de la CGT ha sido reflotado, incluida la presencia de Schmid, que abandonó a Moyano. Esto vale para la CTA, sobre todo la de mayor peso que es la yaskista, donde asistimos a un bloqueo a la lucha docente en todo el país.

Esta política de tregua de la burocracia sindical ha afectado la capacidad de respuesta de los trabajadores a la ofensiva capitalista en curso. Con más fuerza esto se siente en la industria, con un reguero de despidos y suspensiones antes precisado. Por el momento, las luchas del período han sufrido este corsé. Pero la disposición y potencial de lucha se puso de manifiesto en varias oportunidades, como sucedió con el paro masivo del 25 de junio o las recientes movilizaciones y paros de la docencia (especialmente Neuquén), y en las distintas luchas que se logró poner en pie, aun derrotadas como el Inti, el Posadas, ahora Télam y en su momento el Turbio.

Derrotar el plan de guerra

Este disposición de lucha está presente por sobre todas las cosas en la gigantesca movilización por el aborto legal. Durante la jornada del 8 de agosto ganaron la calle en el país más de un millón de mujeres. La movilización superó ampliamente la marcha de aparato del clero, que se empeñó en mover a sus huestes. El rechazo en el Senado implicó un giro de los partidos del régimen. El peronismo operó dividido y sucedió lo mismo con el kirchnerismo que, a último momento, puso a una de sus senadoras en el campo del clero. El gobierno decidió cambiar la política llevada adelante en Diputados y se jugó al voto negativo. Prefirió mantener sus vínculos con el clero y valerse de sus servicios en medio de una crisis social que se agudiza, aún sabiendo que pagaba un costo político con un sector de las masas que esperaba la aprobación del aborto legal. Pesó, sin dudas, el hecho de que un triunfo de la mujer, en medio de una ofensiva capitalista, tonificaba al movimiento de las masas para las batallas que tiene por delante.

El entusiasmo que se vivió en la calle da cuenta de un movimiento que lejos está de sentirse derrotado. Se puso en cuestión la naturaleza reaccionaria del régimen político y sus instituciones y, de una manera aún más aguda, el entrelazamiento del Estado con la Iglesia.
Esto pone sobre el tapete el debate sobre la continuidad de la lucha por el aborto legal y, en ese marco, la iniciativa de la convocatoria a una consulta popular.

El escenario aquí señalado plantea la necesidad de una respuesta obrera y popular de conjunto para hacer frente a dicha ofensiva y derrotarla. Ni qué hablar que el desarrollo del movimiento de la mujer puede operar como una palanca para alentar esta respuesta. Una acción de conjunto debe enarbolar un programa integral de salida de los trabajadores frente a la crisis nacional. Este programa debe plantear la reapertura de paritarias, el reparto de las horas de trabajo para enfrentar los despidos y las suspensiones, y un plan de obras públicas dirigido y controlado por los trabajadores, el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la eliminación de los impuestos al consumo y su reemplazo por tributos progresivos sobre el capital, la nacionalización de los recursos naturales (petroleros, gasíferos, etc.) y de transporte y distribución de energía. Este programa debe concluir con el planteo estratégico del gobierno de los trabajadores, porque sólo él puede llevar adelante un plan económico y político para que la crisis la paguen los capitalistas. El escenario actual pone al rojo vivo el reclamo a las centrales obreras de un paro activo de 36 horas y un plan de lucha, así como la convocatoria a un congreso de delegados de base. Con este planteo nos dirigimos también al Frente de Izquierda para realizar una campaña común.
 
 

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Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Politica Obrera