Iglesia y Estado, asuntos separados
El bloque de diputados del Partido Obrero en Salta presentó un proyecto para que la Iglesia pague los impuestos inmobiliarios y de sellos de los que está exenta.
La Iglesia tiene 212 propiedades en Salta: 15 de ellas rurales, por 400 hectáreas, y el resto urbanas, por 800 mil metros cuadrados. La mayoría de estos inmuebles fueron donados por el Estado: 32 bajo la dictadura, 35 en el romerismo y 40 durante los gobiernos de Juan Manuel Urtubey.
El valor actual de las propiedades urbanas es de 14 mil millones de pesos. En el caso de las rurales, que tienen una tasación más variable, se destacan las 130 hectáreas del Potrero de Linares, dadas al clero por Urtubey en 2015, que, según estimaciones, ronda los 380 millones.
A esto hay que sumar que la Iglesia realiza actividades lucrativas, como la educación: acapara carreras como Psicología, Asistente social y Abogacía, dictadas en la Universidad Católica con cuotas que superan los 6.000 mensuales y el beneficio de subsidios estatales para el salario docente. A su vez, en el mismo Potrero de Linares han puesto en pie un centro de rehabilitación para adictos con cuotas elevadas.
Ante la trascendencia de la iniciativa del PO, el vicario de la arquidiócesis de Salta, monseñor Dante Bernaki, ha salido a respondernos con el argumento de que la Iglesia sólo realiza actividades sociales y caritativas. Peor aún: se animó a chantajear a la población señalando que si se le cobrara a la Iglesia “no podríamos sostener nuestra actividad social”. Bernaki no dice nada de los impuestazos que durante años vienen soportando los trabajadores sobre la vivienda única, pero defiende a su Iglesia con el argumento de que ellos, una organización de 212 propiedades por más de 14 mil millones y diferentes actividades lucrativas, no podrían pagar lo que cualquier vecino sí paga.
La Iglesia acusa recibo porque su victoria en la votación del Senado se logró a duras penas, bajo enorme presión del Vaticano sobre los bloques políticos responsables de haber perpetuado la alianza del Estado con el clero, mientras la movilización popular por el aborto legal ganó por mucho el apoyo social. El clero, golpeado y desacreditado ante la sociedad, se empeña en volver a ganar terreno sobre la base del enorme apoyo del Estado. Nuestro proyecto confluye con la necesaria lucha por separar Iglesia y Estado y se suma a nuestras propuestas de incluir las carreras universitarias acaparadas por la Iglesia en la universidad pública, imponer la educación sexual científica y laica en la escuela y rescindir los convenios con Abel Albino, entre otras iniciativas.
Abramos un debate amplio en las escuelas, barrios y lugares de trabajo sobre cómo impulsar esta campaña crucial. Iglesia y Estado, asuntos separados.
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