Macri sobre la vivienda
Los anuncios realizados por Macri sobre la cuestión de la vivienda se redujeron a una serie de medidas improvisadas, destinadas a dejar atrás una semana en la que el gobierno volvió a sufrir el impacto de la crisis, tanto por la cuestión tarifaria como por los choques internos con Carrió. Sin embargo, la improvisación no modificó el sentido general de la política del gobierno sobre la cuestión habitacional, que no es otra que actuar como un agente directo de los bancos y del capital inmobiliario.
Macri comenzó su discurso admitiendo que la crisis ha planteado el peligro de que las familias que tomaron los créditos hipotecarios bajo el sistema UVA no puedan afrontar la cuota. Aunque la función de los anuncios sería “brindar seguridad a los deudores”, el contenido de estos estuvo lejos de cumplir esa finalidad. Los créditos UVA actualizan la cuota según el índice de inflación. Pero como las paritarias han cerrado aproximadamente 10 puntos por debajo del aumento de los precios, la capacidad de pago de los deudores se ha resentido fuertemente. Los anuncios presidenciales no cambian en lo sustancial la situación actual, sino que se limitan a establecer que la cuota no puede aumentar más que 10 puntos por encima del índice que mide la variación de los salarios. Es decir, convalida un crecimiento de la cuota de 10% por encima de salario. Y para el caso de que el índice de precios supere en más de 10 puntos el índice de salarios, los bancos extenderán el plazo del crédito. De esta forma los bancos se aseguran cobrar la totalidad del capital prestado, más sus respectivos intereses atados al índice inflacionario. Así, los bancos se aseguran la cláusula gatillo que se le niega a los trabajadores en la negociación paritaria.
En relación con el plan Procrear, Macri anunció una línea de 500.000 créditos financiados por el Fondo de Garantía de la Anses. Acá hay mucho de verso, porque el Fondo de Garantía ha perdido claramente su capacidad de actuar como agente financiero. En lo que va del año lleva perdido 20.000 millones de dólares, lo que equivale a un tercio de su stock. Seguir metiendo la mano en este Fondo lleva directamente a su vaciamiento. Ya en la propuesta de Presupuesto 2019 el gobierno incorporó la cláusula de que la Reparación Histórica pase a ser financiada también por la Anses, cuando originalmente los fondos iban a surgir del blanqueo de capitales. El anuncio, por lo tanto, carece de consistencia por el simple motivo que el financista está quebrado. Casi dos tercios de su stock está compuesto por títulos de deuda del propio gobierno, es decir que debería vender los bonos para hacerse de fondos. Esto llevaría, claro, a un nuevo salto del riesgo país.
Los anuncios de Macri también contuvieron ´propuestas´ para los inquilinos, sólo que en este caso no pasaron de cuestiones ya repetidas referidas a las garantías y al pago de comisiones. El establecer por ley que los gastos los pagará el propietario, o que la inmobiliaria no puede cobrar más de un mes en concepto de comisiones choca con lo que sucede realmente en el mercado, donde la relación entre el inquilino, el propietario y la inmobiliaria está lejos de ser de iguales o equivalente. Las inmobiliarias imponen sus condiciones de cobrar por encima de lo que marca la ley o en su defecto no toman las propiedades para alquilar. Y el propietario hace otro tanto en relación con el pago de los gastos con el inquilino. De hecho, en la Ciudad de Buenos Aires ya hay disposiciones similares y no se cumplen en la realidad.
La cuestión de fondo que afecta a los inquilinos pasa porque los alquileres le resultan impagables con los ingresos que poseé. Esto se debe a que la relación entre el salario y el valor de la propiedad (que termina determinando el precio de los alquileres) está en su máxima apertura histórica, y se ha agravado sustancialmente con la última devaluación. Las propiedades se miden en dólares y los salarios en pesos, sumado al hecho de que la política de copamiento de la tierra existente por el capital inmobiliario ha creado una burbuja de precios en las grandes ciudades, incrementando aún más el precio de las viviendas. Así, el trabajador sufre una doble confiscación: por parte de su patrón que se queda con la mayor parte del producto de su trabajo, y por el capital inmobiliario y bancario para acceder a una vivienda.
La incapacidad del gobierno para afrontar la crisis habitacional se puso en evidencia en el propio discurso de Macri, cuando anunció con mucha pompa que el año que viene se entregarán 20.000 viviendas. Se trata de una cifra irrisoria en un país donde el déficit habitacional ronda los 3 millones de viviendas y se incrementa a un ritmo de 36.000 por año.
La salida a la crisis habitacional requiere una política opuesta a la del gobierno. Debe partir de un plan de construcción de 200.000 viviendas por año financiado sobre la base de impuestos al gran capital y el establecimiento de una banca única que centralice el ahorro nacional y evite la fuga de capitales; el armado de un banco de tierras protegidas para la construcción de vivienda social; y la recuperación del ingreso de los trabajadores, estableciendo un salario mínimo equivalente a la canasta familiar, cuyo costo debe ser determinado por las organizaciones obreras junto con técnicos y especialistas.
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