La suerte del gobierno Bolsonaro está atada al desenlace de su ofensiva contra las masas
“El nuevo gobierno de Brasil tendrá una pequeña oportunidad de aprobar reformas fiscales urgentes y, si no la aprovecha, corre el riesgo de enfrentar de nuevo recesión y disturbios sociales”, declaró Eduardo Guardia, el actual ministro de Finanzas de Temer, a Financial Times (Cronista, 13/11). Los márgenes del nuevo mandatario son muy estrechos. “Será un camino escabroso y corto, porque no tiene mucho tiempo (ídem).
Brasil enfenta una crisis económica mayúscula. Viene de un retroceso histórico de su PBI. Este año, la producción apenas se ha recuperado de la recesión de 2015-16 y sólo crecería un 1,4 %. Un tercio de la población económicamente activa está desocupada o subocupada. La deuda pública orilla el billón de dólares, y sigue aumentando.
La burguesía quiere abordar este estado de situación por medio de un ajuste sin precedentes. Su punto central es la reforma del sistema jubilatorio. Las propuestas de reforma, ya presentadas por el gobierno Temer, implican aumentos de la edad jubilatoria y recortes que podrían oscilar entre el 8 y 10% del PBI. El capital financiero pretende liquidar el régimen público de reaparto por otro de capitalización, de modo de convertir los fondos privados en fuente financiera barata.
La reforma jubilatoria es un pulseada estratégica para el nuevo gobierno. Temer no la pudo hacer pasar y se estrelló con una gran reacción popular. Bolsonaro tendrá que enfrentar a su propia base de votantes, que se oponen a las reformas sobre las que el ex capitán de navío evitó hablar durante la campaña electoral.
La agenda de Bolsonaro incluye otra medidas antipopulares como la tentativa de profundizar aún más la reforma laboral y legitimar los contratos individuales, dándole un golpe de gracia a los convenios colectivos.
Del mismo modo, están en la gatera las privatizaciones. Paulo Guedes, futuro ministro de Economía, quiere recaudar por esa vía 200.000 millones de dólares, para atenuar el déficit fiscal y darle tranquilidad a los acreedores de la deuda externa. En los planes, figura la venta de decenas de empresas públicas, entre ellas, Electrobras, Embraer y hasta la propia Petrobras. Temer se ha hecho cargo de parte del “trabajo sucio” al firmar un decreto que facilita el despido de empleados de empresas públicas “en extinción”, producto de la política de su gobierno. El decreto determina que las empresas mantengan sólo el 5% de su actual cuadro de personal.
El frente de ataque se extiende a los derechos de la mujer. El Ministerio “de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos” quedará en manos de la pastora evangelista Damares Alves, con un largo historial de militancia contra el derecho al aborto y en contra de la educación sexual. Asimismo, cuestiona la educación publica y le reserva un papel protagónico en la función educativa a la Iglesia. Esta línea está en sintonía con la reforma educativa por la que aboga Bolsonaro, que plantea una mayor injerencia clerical e introduce una regimentación ideológica sobre la docencia.
Ofensiva
Del desenlace de esta ofensiva contra los trabajadores depende la suerte del gobierno Bolsonaro. Esta escalada ya ha disparado choques en la heterogénea coalición gobernante, en la que conviven una minoría fascista junto a banqueros, militares y sectores evangélicos.
La reforma jubilatoria ha despertado reparos de algunos sectores militares, considerando que puede afectar sus propias cajas de pensiones y comprometer el manejo reservados de los fondos que usufructúan.
Lo mismo vale para las privatizaciones. El que ha puesto un límite en lo que se refiere a Petrobras fue el vicepresidente electo de Brasil, el general de reserva del Ejército Hamilton Mourão, quien aclaró que las áreas que pueden ser privatizadas son las subsidiarias para actividades como distribución o refinación de combustibles, pero no la producción. Marca los intereses de la cúpula del Ejército de mantener el control sobre la empresa petrolera.
La crisis mundial
El gobierno de Bolsonaro esta condicionado por la crisis capitalista mundial y la guerra comercial. Estados Unidos está embarcado en una escalada dirigida a consagrar una hegemonía económica (que se extiende al plano político y militar) en la región y en especial en Brasil.
El secretario de Seguridad estadounidense, en una reciente visita al país vecino, reclamó a Bolsonaro privilegiar a los inversores norteamericanos en detrimento de China. Un giro de esta naturaleza choca con los intereses de un importante sector de la burguesía brasileña que tiene como principal socio comercial y hasta financiero al gigante asiático, empezando por el de los agro negocios. Por otra parte, la búsqueda de un acuerdo bilateral con la Casa Blanca puede terminar de enterrar el Mercosur y acentuar las tensiones con sus otros socios latinmericanos. Por lo pronto, Macri no estará presente en la asunción de Bolsonaro.
El alineamiento con Estados Unidos, sin embargo, está lejos de asegurarle un desahogo económico y financiero. Para ello, basta mirar la experiencia argentina. La bancarrota capitalista viene haciendo su trabajo implacable de topo: el desplome de Wall Street arrastra a los títulos y acciones latinoamericanas y de los países “emergentes”. Una salida de capitales que hoy están invertidos en la Bolsa brasileña podría ser letal y pondría en jaque la nueva transición política.
La posibilidad de un ascenso fascista es todavía un asunto del futuro -que se será determinada por la crisis económica y la lucha de clases entre el capital y el Estado, de un lado, y los trabajadores del otro. Obligado por las condiciones políticas objetivas a establecer un régimen de arbitraje con características autoritarias, Bolsonaro debería conquistar una autonomía respecto a sus mandantes, el ejército y el capital financiero. Se trata de un desenlace incierto, pavimentado de crisis políticas de diversa naturaleza.
Perspectiva
La convocatoria del PT a una batalla “democrática” y parlamentaria es una estafa. A nadie se le escapa que la “resistencia” rumbo al 2022 es una impostura, con un Parlamento dominado mayoritariamente, y mas allá de los enrolados directamente con Bolsonaro, por los diputados de las 3B (la Biblia, la bala y los bueyes) que están distribuidos en distintos bloques (evangélicos, militares, ruralistas). A esto se agrega quienes, como Ciro Gomes y partidos como el PSDB, han conformado un nuevo “centro” político. La llamada democracia y sus partidos fueron quienes votaron la destitución de Dilma y terminaron alineándose con Bolsonaro. Esto mismo es extensivo a la justicia, que ofició de vehículo del golpismo. La confianza en los mecanismos institucionales y la espera de una nueva contienda electoral lleva a una frustración.
Estamos en presencia de una gran adaptación por parte del PT y las burocracias sindicales a la nueva situación, incluido el avance militar. La vuelta al status quo previo al desenlace actual es imposible. No hay lugar para un proyecto progresista y distribucioncita cuando vienen abriéndose paso y causando estragos las tendencias disolventes de la crisis mundial capitalista. El PSOL, y la izquierda que integra sus filas, es incapaz de ofrecer una alternativa, porque ha renunciado a una estrategia de independencia de clase y ha terminado haciendo seguidismo al PT. Ni qué hablar que esta estrategia institucional es la excusa para un freno de la acción directa y lleva a la parálisis a las organizaciones obreras y populares, lo que en definitiva, termina abriendo el paso a la derecha y al golpismo.
En estas condiciones, la convocatoria a una deliberación de la clase obrera, por medio de asambleas y congresos de delegados electos, ocupa un lugar estratégico, porque introduce la necesidad de discutir un programa de conjunto y un plan de lucha debidamente preparado, en consonancia con el desafío que ha quedado planteado. La lucha victoriosa contra el fascismo y la derecha, sólo puede provenir del lado de la clase obrera, de sus métodos de lucha y de un accionar independiente. Lo que está en juego no es un retorno a un pasado agotado sino preparar el terreno para una salida de los trabajadores.
“El nuevo gobierno de Brasil tendrá una pequeña oportunidad de aprobar reformas fiscales urgentes y, si no la aprovecha, corre el riesgo de enfrentar de nuevo recesión y disturbios sociales”, declaró Eduardo Guardia, el actual ministro de Finanzas de Temer, a Financial Times (Cronista, 13/11). Los márgenes del nuevo mandatario son muy estrechos. “Será un camino escabroso y corto, porque no tiene mucho tiempo (ídem).
Brasil enfenta una crisis económica mayúscula. Viene de un retroceso histórico de su PBI. Este año, la producción apenas se ha recuperado de la recesión de 2015-16 y sólo crecería un 1,4 %. Un tercio de la población económicamente activa está desocupada o subocupada. La deuda pública orilla el billón de dólares, y sigue aumentando.
La burguesía quiere abordar este estado de situación por medio de un ajuste sin precedentes. Su punto central es la reforma del sistema jubilatorio. Las propuestas de reforma, ya presentadas por el gobierno Temer, implican aumentos de la edad jubilatoria y recortes que podrían oscilar entre el 8 y 10% del PBI. El capital financiero pretende liquidar el régimen público de reaparto por otro de capitalización, de modo de convertir los fondos privados en fuente financiera barata.
La reforma jubilatoria es un pulseada estratégica para el nuevo gobierno. Temer no la pudo hacer pasar y se estrelló con una gran reacción popular. Bolsonaro tendrá que enfrentar a su propia base de votantes, que se oponen a las reformas sobre las que el ex capitán de navío evitó hablar durante la campaña electoral.
La agenda de Bolsonaro incluye otra medidas antipopulares como la tentativa de profundizar aún más la reforma laboral y legitimar los contratos individuales, dándole un golpe de gracia a los convenios colectivos.
Del mismo modo, están en la gatera las privatizaciones. Paulo Guedes, futuro ministro de Economía, quiere recaudar por esa vía 200.000 millones de dólares, para atenuar el déficit fiscal y darle tranquilidad a los acreedores de la deuda externa. En los planes, figura la venta de decenas de empresas públicas, entre ellas, Electrobras, Embraer y hasta la propia Petrobras. Temer se ha hecho cargo de parte del “trabajo sucio” al firmar un decreto que facilita el despido de empleados de empresas públicas “en extinción”, producto de la política de su gobierno. El decreto determina que las empresas mantengan sólo el 5% de su actual cuadro de personal.
El frente de ataque se extiende a los derechos de la mujer. El Ministerio “de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos” quedará en manos de la pastora evangelista Damares Alves, con un largo historial de militancia contra el derecho al aborto y en contra de la educación sexual. Asimismo, cuestiona la educación publica y le reserva un papel protagónico en la función educativa a la Iglesia. Esta línea está en sintonía con la reforma educativa por la que aboga Bolsonaro, que plantea una mayor injerencia clerical e introduce una regimentación ideológica sobre la docencia.
Ofensiva
Del desenlace de esta ofensiva contra los trabajadores depende la suerte del gobierno Bolsonaro. Esta escalada ya ha disparado choques en la heterogénea coalición gobernante, en la que conviven una minoría fascista junto a banqueros, militares y sectores evangélicos.
La reforma jubilatoria ha despertado reparos de algunos sectores militares, considerando que puede afectar sus propias cajas de pensiones y comprometer el manejo reservados de los fondos que usufructúan.
Lo mismo vale para las privatizaciones. El que ha puesto un límite en lo que se refiere a Petrobras fue el vicepresidente electo de Brasil, el general de reserva del Ejército Hamilton Mourão, quien aclaró que las áreas que pueden ser privatizadas son las subsidiarias para actividades como distribución o refinación de combustibles, pero no la producción. Marca los intereses de la cúpula del Ejército de mantener el control sobre la empresa petrolera.
La crisis mundial
El gobierno de Bolsonaro esta condicionado por la crisis capitalista mundial y la guerra comercial. Estados Unidos está embarcado en una escalada dirigida a consagrar una hegemonía económica (que se extiende al plano político y militar) en la región y en especial en Brasil.
El secretario de Seguridad estadounidense, en una reciente visita al país vecino, reclamó a Bolsonaro privilegiar a los inversores norteamericanos en detrimento de China. Un giro de esta naturaleza choca con los intereses de un importante sector de la burguesía brasileña que tiene como principal socio comercial y hasta financiero al gigante asiático, empezando por el de los agro negocios. Por otra parte, la búsqueda de un acuerdo bilateral con la Casa Blanca puede terminar de enterrar el Mercosur y acentuar las tensiones con sus otros socios latinmericanos. Por lo pronto, Macri no estará presente en la asunción de Bolsonaro.
El alineamiento con Estados Unidos, sin embargo, está lejos de asegurarle un desahogo económico y financiero. Para ello, basta mirar la experiencia argentina. La bancarrota capitalista viene haciendo su trabajo implacable de topo: el desplome de Wall Street arrastra a los títulos y acciones latinoamericanas y de los países “emergentes”. Una salida de capitales que hoy están invertidos en la Bolsa brasileña podría ser letal y pondría en jaque la nueva transición política.
La posibilidad de un ascenso fascista es todavía un asunto del futuro -que se será determinada por la crisis económica y la lucha de clases entre el capital y el Estado, de un lado, y los trabajadores del otro. Obligado por las condiciones políticas objetivas a establecer un régimen de arbitraje con características autoritarias, Bolsonaro debería conquistar una autonomía respecto a sus mandantes, el ejército y el capital financiero. Se trata de un desenlace incierto, pavimentado de crisis políticas de diversa naturaleza.
Perspectiva
La convocatoria del PT a una batalla “democrática” y parlamentaria es una estafa. A nadie se le escapa que la “resistencia” rumbo al 2022 es una impostura, con un Parlamento dominado mayoritariamente, y mas allá de los enrolados directamente con Bolsonaro, por los diputados de las 3B (la Biblia, la bala y los bueyes) que están distribuidos en distintos bloques (evangélicos, militares, ruralistas). A esto se agrega quienes, como Ciro Gomes y partidos como el PSDB, han conformado un nuevo “centro” político. La llamada democracia y sus partidos fueron quienes votaron la destitución de Dilma y terminaron alineándose con Bolsonaro. Esto mismo es extensivo a la justicia, que ofició de vehículo del golpismo. La confianza en los mecanismos institucionales y la espera de una nueva contienda electoral lleva a una frustración.
Estamos en presencia de una gran adaptación por parte del PT y las burocracias sindicales a la nueva situación, incluido el avance militar. La vuelta al status quo previo al desenlace actual es imposible. No hay lugar para un proyecto progresista y distribucioncita cuando vienen abriéndose paso y causando estragos las tendencias disolventes de la crisis mundial capitalista. El PSOL, y la izquierda que integra sus filas, es incapaz de ofrecer una alternativa, porque ha renunciado a una estrategia de independencia de clase y ha terminado haciendo seguidismo al PT. Ni qué hablar que esta estrategia institucional es la excusa para un freno de la acción directa y lleva a la parálisis a las organizaciones obreras y populares, lo que en definitiva, termina abriendo el paso a la derecha y al golpismo.
En estas condiciones, la convocatoria a una deliberación de la clase obrera, por medio de asambleas y congresos de delegados electos, ocupa un lugar estratégico, porque introduce la necesidad de discutir un programa de conjunto y un plan de lucha debidamente preparado, en consonancia con el desafío que ha quedado planteado. La lucha victoriosa contra el fascismo y la derecha, sólo puede provenir del lado de la clase obrera, de sus métodos de lucha y de un accionar independiente. Lo que está en juego no es un retorno a un pasado agotado sino preparar el terreno para una salida de los trabajadores.
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