5 de febrero de 2019
El proyecto de reforma laboral que el gobierno impulsa para la industria textil, concebido como un modo de reconquistar el entusiasmo empresario en medio de la recesión y el derrumbe de la actividad industrial, entró en crisis como resultado de la oposición de un sector de las mismas patronales. Detrás de este empantanamiento, asoma la crisis económica y política, y los choques resultantes entre el macrismo y su base social empresarial.
Ante la imposibilidad de hacer pasar de un golpe a la reforma laboral, el gobierno se dio la política de introducir modificaciones a la baja por sector, algo que logró en petroleros y lácteos con el apoyo de sus conducciones sindicales. Muchos observan que las reformas ultraflexibilizadoras en algunos gremios (el gobierno también está impulsando cambios en metalúrgicos) son señales al FMI.
En el caso de la actividad textil, en el proyecto flexibilizador figuran dos elementos del anteproyecto presentado por el gobierno en 2017. Por un lado, crea un banco de horas, lo que avasalla la jornada laboral de ocho horas y permite diagramarla a capricho de los capitalistas (un punto que se aprobó en la reforma laboral brasileña); por el otro, un fondo de cese laboral para el abaratamiento de las indemnizaciones. Además, la reforma que postula el oficialismo pretende consagrar por escrito la pérdida de derechos en el sector, posibilitando el pago en cuotas del aguinaldo y la segmentación forzada de las vacaciones.
Según los medios, la propuesta del gobierno provocó una división en la burguesía. “De un lado están las pymes y el resto de las empresas que operan mayoritariamente en el mercado interno y del otro lado, en conjunto con Sica [ministro de producción], las grandes firmas del sector y los distribuidores”, dice Tiempo Argentino (29/1). Entre estos últimos, los medios destacan a Daniel Awada, hermano mayor de la primera dama argentina y cuñado presidencial, de la marca Cheeky, sobre la que pesan todo tipo de denuncias por superexplotación y trabajo esclavo en talleres clandestinos.
Las patronales que rechazaron el acuerdo precarizador pusieron el acento en el derrumbe del sector, provocado por la apertura comercial, el desplome del consumo interno y las altas tasas de interés. Las cifras indican que “seis de cada diez máquinas disponibles en la industria están paralizadas ante la falta de demanda” (Página 12, 22/1). El impacto atañe también a lo que viene de afuera. “No se vende nada, ni nacional ni importado”, resumen algunos empresarios (El Cronista, 7/1). Naturalmente, lo que estas patronales no dicen es que ya han impuesto en sus talleres una precarización “de facto”, a través del desconocimiento del convenio.
Así las cosas, la crisis del acuerdo textil se asocia al escenario político y económico más general y muestra las fisuras que recorren a la burguesía ante la crisis del gobierno. La preocupación por el derrumbe industrial es lo que llevó a la UIA a presentar un programa de 35 puntos en el que se reclaman mayores exenciones impositivas y una rebaja en los aportes patronales. En la misma línea, empresarios textiles reunidos con el gobierno le reclamaron una agenda para “facilitar el crédito, reducir las tasas de interés, autorizar el pago de subsidios Repro y recrear el mercado interno mediante normas de aliento al consumo” (Ambito, 30/1). Sólo al calor de esta negativa patronal, la burocracia sindical textil salió a criticar la “flexibilidad laboral”.
El kirchnerismo ha saludado a esta convergencia obrero-patronal, en una clara operación de blanqueo de la patronal del sector. Los K quieren subir a la patronal textil y a la burocracia al carro del “hay 2019”.
Pero hace tiempo que esas patronales se han largado a la flexibilización, transfiriendo sistemáticamente la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Hubo 30 mil despidos en el sector (entre formales e informales) desde 2015 (El Cronista, íd). En muchos de estos casos, los trabajadores tienen enormes dificultades inclusive para cobrar sus indemnizaciones. Las burocracias textiles han sido cómplices de esta ofensiva, firmando acuerdos salariales a la baja y abandonando los conflictos obreros, como el de Sport Tech.
La burocracia sindical textil se servirá de este impasse en el acuerdo flexibilizador para postergar cualquier acción en defensa del convenio, los puestos de trabajo y los salarios en picada –ello, en nombre de que estamos “en el mismo barco” con las patronales. Pero si el gobierno afloja algunas prebendas a las patronales, todos volverán a sentarse para avanzar en la reforma laboral sectorial. Por eso, es necesario que el movimiento obrero textil adopte una política y un programa propios. Es necesaria la ocupación de las empresas que cierren, la prohibición de los despidos y el reparto de horas sin afectar el salario. Indexación del salario, salario igual a la canasta familiar y apertura de los libros de las empresas que alegan “pérdidas” para despedir. Intervengamos en la crisis del acuerdo flexibilizador con una política obrera e independiente de los explotadores.
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