Del “terror” de Macri a las andanzas de Bonadío.
Los políticos “que supimos conseguir” han perdido el sentido del humor. Lo demuestra, sin el menor atenuante, la atención a la propuesta de “acuerdo” que Macri y sus mentores sacaron de las gavetas, acuciados, según Santiago Fioritti, de Clarín, nada menos que por “el terror”. Sobre los “diez puntos” de ese acuerdo no abrieron el pico.
Un cero para los “diez puntos”
Desde el punto 1, el texto macrista deja al desnudo una previsible confusión conceptual. Pretende “Lograr y mantener (sic) el equilibrio fiscal”, incluso cuando sabe que el déficit financiero, por el pago de los intereses de la deuda pública, oscila entre los u$s35/40 mil millones al año – y que acabará llegando al 10% del PBI. El “equilibrio” macrista ignora esta hipoteca y parece remitirse al déficit que le dibuja al FMI. Desafortunadamente, está muy lejos también de eliminar este déficit. El gobierno ha metido el bisturí en la inversión pública, por un lado y, por el otro en la poda de gastos corrientes sin proceder antes a una reorganización de la gestión estatal – insostenibles incluso en el corto plazo. La alternativa de financiar las obras de infraestructura con el sistema Público-Privado, aumentaría la deuda externa y por lo tanto la carga financiera del estado con el capital internacional. El corte a los salarios de los trabajadores del Estado, que en número enorme revisten como contratados y por eso no reciben los aportes a la seguridad social y a la salud, ya constituye una manifiesta irregularidad administrativa y legal, y no alcanzaría nunca para reducir el déficit. Apuntar contra el sistema previsional para llegar al “equilibrio fiscal” carece por completo de ‘racionalidad’, como se dice ahora, de un lado porque el 70% de los pensionados cobra ya una mínima que no cubre la canasta de alimentos, y porque el gobierno pretende una “reforma laboral” que exime a las patronales de cualquier contribución previsional. El estado, por otro lado, es deudor de los jubilados que no aceptaron la extorsión de la “reparación histórica” por centenares de miles de millones de pesos. Para sanear las finanzas públicas en forma real es necesario poner fin a una deuda pública financiera que es manifiestamente ilegal, porque es el resultado de la acumulación de intereses que no se podían pagar, y que el Código tipifica como delito de anatocismo. También es necesario terminar con los subsidios a los capitales petroleros, que empezaron con Kicillof y aumentaron con MM, y lo mismo con las energéticas, cuyas tarifas no guardan ninguna relación con los costos de producción. Lo mismo ocurre con los bancos que, entre Lebacs y Lelics y operaciones de cambio futuro, reciben un descomunal subsidio del Banco Central. Dicho esto queda lo principal: Argentina tiene cuatro millones de desocupados que el capital es incapaz de explotar rentablemente, con la consecuente pérdida de riqueza potencial y recaudación fiscal. El derrumbe del régimen social no es la consecuencia de bancarrota fiscal, como insisten los gurúes, sino al revés – esta bancarrota es la expresión y el resultado de la inviabilidad del aquél. Los déficits fiscales crecen en todo el mundo, y el financiamiento de ellos explica la formación de una masa gigantesca de capital ficticio que reclama una parte creciente del excedente económico. Los cuatro principales bancos centrales del planeta tienen en sus activos hasta un 30% acciones de empresas privadas cotizantes.
¿Alguien puede tomarse en serio en punto 2, que reclama un “Banco Central independiente”? Se van a cumplir dos décadas desde la última vez que un presidente del Central consiguió el acuerdo del Senado. Los presidentes del macrismo, puestos a dedo, malversaron el patrimonio del Banco, del Tesoro y de la sociedad, por medio del manejo de las corridas bancarias. Operaron para los grandes bancos y los fondos de cobertura norteamericanos. ¡Hoy es simplemente una oficina del FMI! Un banco central independiente debería responder enteramente al parlamento, que es la institución electa por la ciudadanía. Incluso si fuera así, el banco central no sería independiente del capital, pues debe operar en función un sistema de bancos privado, financiar la circulación y acumulación del capital y garantizar la cotización de los títulos del Estado. Una independencia de los bancos centrales de la clase capitalista dominante es una quimera que la propaganda convierte en embuste. En una sociedad en transición al socialismo, el banco central sería una cámara de redistribución de los excedentes y los faltantes financieros de las unidades económicas, esto en función de objetivos de inversión establecidos en forma democrática por los trabajadores.
Liberalismo y autarquía
El punto 3 llama a “incrementar exportaciones”, precisamente cuando el comercio mundial sufre un marcado retroceso relativo como consecuencia de todo el derrumbe económico en curso – incluida la guerra comercial. El planteo mismo carece, sin embargo, de seriedad cuando hay una tendencia declinante en el comercio mundial, como bien lo perciben dos potencias exportadoras: China y Alemania. Bajo el rubro “mayor integración al mundo” hay en realidad un planteo de autarquía, que ignora el condicionamiento de las economías naciones a la economía mundial y, por otro lado, que el mercado opera como un regulador ciego de la producción, con ciclos de escasez y altos precios seguidos de sobreproducción y desplome del comercio, sucesivamente. Ahora mismo, la tonelada de soja cotiza en Chicago a u$s302 la tonelada, muy lejos de los u$s600 que orilló en 2018, y podría caer a niveles peores si persiste el conflicto agropecuario entre Trump y Xi, y si cae además la demanda de granos gruesos para la cría de porcinos en China.
El punto 4, sobre “respeto a contratos, la ley y derechos adquiridos”, sólo puede haberlo escrito alguien deshonesto. En materia de salarios, jubilaciones, trabajo en negro – todo es una violación de esas normas y de contratos. Las pendencias fundamentales se tramitan en los tribunales de Nueva York, no en Buenos Aires, y en organismos extra-jurisdiccionales (el Ciadi, por ejemplo). El espionaje de la AFI, el freno a la investigación del affaire Odebrecht, los arrepentidos que se arrepienten de su arrepentimiento, las coimas de los contratistas de obras públicas – todo esto convierte en un hazmerreir a este punto ‘republicano’.
"La creación de empleo mediante una legislación laboral moderna”, el punto 5, deja al desnudo la ausencia completa de ‘política de empleo’ – porque, como acaba de repetir el mayor magnate del capital, Warren Buffet, el capital invierte donde hay demanda, mercado y rentabilidad, sin importarle leyes ni impuestos. La enorme rebaja impositiva que decretó Trump el año pasado no detuvo la caída de la inversión privada ni de la productividad en Estados Unidos – sólo infló los balances y elevó la cotización de las acciones. El reclamo de establecer “una legislación laboral moderna” oculta que las patronales y el estado están violando hoy la legislación establecida y los contratos.
En el punto siguiente llama la atención el planteo de reducir solamente los impuestos “distorsivos”, a sabiendas que no hay la menor intención de suprimir el IVA, ni garantizar que ello redunde en una caída equivalente de los precios de las mercancías. Para el macrismo y sus acólitos peronistas, K y no K, el impuesto al salario, por ejemplo, no sería “distorsivo”, porque grava un ingreso y no una transacción. Si lo sería las retenciones a los exportadores, que el texto llama a suprimir cuando el gobierno los acaba de restablecer para contener el déficit fiscal. En síntesis, el planteo es mentiroso y confiscatorio porque no rechaza el impuesto ‘distorsivo’ al consumo, mientras proponer reforzar la carga impositiva a la fuerza de trabajo y liberar la carga al capital.
Federalismo de unitarios
El punto 8 suena emancipador, porque se propone, dice, terminar con la “discrecionalidad destinada al disciplinamiento de las provincias”. Lo que intenta en realidad es, sin embargo, liberar al estado nacional del financiamiento de obras públicas en las provincias, para destinar ese dinero al pago de la deuda externa. No es un planteo “federal” sino anti-federal, porque exige aplicar una mayor presión impositiva sobre los trabajadores de las provincias. Es lo que ha venido ocurriendo con la transferencia del gasto en educación y salud desde Martínez de Hoz. Los estados provinciales usarán el mismo método para transferir gastos a los municipios. El país entero trabajará para pagar la deuda usuraria – la mitad de la cual está en poder de la burguesía nacional. La clase social que el kirchnerismo pinta como aliada de la clase obrera es la más interesada en que la deuda externa sea ‘honrada’ por la fuerza de trabajo. Por todo esto, el punto siguiente reclama claridad estadística, ya que esa deuda está compuesta por títulos que se ajustan a determinados indicadores. El planteo culmina con la exigencia de “Cumplir con las obligaciones con nuestros acreedores”, que son precisamente quienes redactaron estos diez puntos y dicen apoyar el “acuerdo”. El texto no aclara, sin embargo, si ese “cumplimiento” de las obligaciones incluye a los fondos buitres que están litigando contra Argentina en Nueva York por una deuda derivada de la semi-estatizaciónde YPF, ni si es necesaria una reestructuración de la deuda para evitar un ‘defol’. Los ‘diez puntos’ resumen, con toda claridad la inconsistencia política de cuatro años de macrismo.
El lanzamiento de esta propuesta sin norte obedeció, según el periodista encargado de “seguir” al macrismo para Clarín, a la “desesperación” – lo cual no ha impedido que Clarín le diera crédito. Macri, en caída libre ante la opinión pública, incluida la propia, quiere atraer a su desgracia a sus amigos del Peronismo Federal y al massismo. No sorprende que el planteo esté condenado al fracaso, incluso después que seis entidades empresarias dieran apoyo a la maniobra. Un “frente nacional” improbable de este trío no constituiría ninguna garantía de que el electorado lo siga en una segunda vuelta electoral contra Cristina Kirchner. Todas las fuerzas patronales en disputa electoral son conscientes de que un segundo gobierno del macrismo es inviable en el marco del derrumbe económico actual.
Venezuela, Cuba, Argentina
El “acuerdo” ve la luz cuando falta un mes para la presentación de las candidaturas a las Paso que tendrán lugar en agosto. Ventila el interés por lograr una “unidad nacional” en las vísperas de las elecciones de Córdoba, cuando se espera que Schiaretti salga de ellas como un árbitro en la conformación de una alternativa que contrarreste el ascenso que se le otorga a CFK. Se espera, por un lado, que el cordobés ‘ordene’ el campo peronista no K y atraiga a una parte de la UCR y al centroizquierda a la candidatura de Lavagna, en el marco de un frente anti-K – no de oposición a Macri. El progreso de una candidatura de este tipo dejaría a Cambiemos, sin embargo, fuera de la segunda vuelta, y representaría un vaciamiento de la gestión macrista. Nada de esto elimina cuestión de la candidatura de CFK como factor de crisis política, aunque sus emisarios peregrinen para dar tranquilidad a los fondos internacionales. Massa se diferencia de Lavagna, coqueteando con el kirchnerismo. El “acuerdo” no tiene destino.
La crisis del proceso electoral se ahondaría debido al contexto internacional dominado por la crisis de Venezuela. El “grupo de Lima”, que opera para derrocar a Maduro mediante un golpe del alto mando chavista, acaba de invitar a Cuba a discutir una salida a la crisis venezolana; en otra línea se mueve el ofrecimiento de Trump a Putin. Este juego pone en la agenda el destino político-electoral de Argentina – como lo acaba de subrayar Bolsonaro, quien advirtió acerca del ‘peligro’ kirchnerista con un ojo puesto en un retorno de Lula. En relación a la crisis venezolana, CFK se ha pronunciado a favor del ‘grupo de contacto’ que integran México, Uruguay y algunos países europeos, que favorecen una salida ‘dialogada’ de Maduro – o sea el golpe blando. Precisamente, el “grupo de Lima” acaba de convocar al ‘grupo de contacto para organizar la salida de Maduro del gobierno y de Venezuela. El kirchnerismo atraviesa su propia crisis interna, oculto por el cacicazgo de CFK. Un sector que encabeza el chaqueño Mempo Giardinelli, propone suprimir, a través de una Constituyente limitada, el carácter vitalicio a la Justicia y privarla del control de constitucionalidad de los actos del Congreso.
La agudización del impasse político-electoral ha traído de vuelta al juez Bonadío y a su pedido de desafuero contra Cristina Kirchner. Para repetir, sin embargo, lo hecho por el juez Moro en Brasil con Lula, sería necesaria la complicidad del Senado. Las andanzas de Pichetto por Nueva York, entre muchas reuniones con bancos, y fondos de cobertura y de inversión, podrían marcar un giro a favor del desafuero de CFK. El ‘servilleta’ Bonadío no solamente enfrenta ahora el ascenso de Cristina Kirchner en las encuestas sino que se ha encontrado con el enjuiciamiento de su fiscal Stornelli, por parte del juez de Dolores, Ramos Padilla. Stornelli está implicado en operaciones de espionaje y armado de causas conjuntamente con los servicios de inteligencia. La crisis político-electoral tiene involucrada a la Justicia en un lugar destacado. La operación “acuerdo de diez puntos” es una cortina de humo para desenvolver un golpe judicial contra el proceso electoral que podría hacer saltar a la misma Corte Suprema.
Elecciones y método
Como se ve, no estamos ante una campaña electoral ‘habitual’, ni siquiera que merezca ese nombre, como tampoco lo fue la brasileña de hace un año. No están las agenda las propuestas acostumbradas de los candidatos sino la posición de unos y otros (y de los que operan desde afuera) acerca del manejo y el desenlace de la crisis política – que tiene por base una crisis económica colosal y un impacto también colosal sobre millones de trabajadores. El desarrollo de un liderazgo socialista y revolucionario en esta etapa plantea una campaña de propaganda y agitación en torno a la salida política y social de la crisis.
Fuera Macri, Asamblea Constituyente Soberana, Gobierno de Trabajadores.
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