The people united will never be defeated - ¡Proletarios del mundo, uníos!

viernes, 31 de agosto de 2018

Rebelión Educativa

| #1517

Una movilización de masas gana las calles para respaldar los reclamos de la docencia universitaria y de toda la comunidad educativa.

Sigue a un reguero similar en todo el país.

Por iniciativa de la AGD-UBA, el sindicato clasista de la docencia de la UBA e integrante de la Conadu Histórica, la marcha se dirigirá al centro político del país -la Plaza de Mayo. A la docencia universitaria se suman estudiantes de todos los niveles y contingentes de docentes en paro en la provincia de Buenos Aires.

El gobierno pretende condenar a la docencia superior a un aumento del 15% y en cuotas, ante una inflación del 35% o más.

Es claro que la devaluación y la carestía resultante es un brutal mecanismo de licuación de los salarios y jubilaciones. Los universitarios lo han puesto de manifiesto. Su lucha, por lo tanto, deja dos grandes conclusiones.

Saca a la luz el brutal vaciamiento educativo, que quienes gobiernan -y quienes lo hicieron con CFK o Scioli- perpetraron a costa de ajustes presupuestarios, derrumbe de la infraestructura edilicia y privatización de los claustros. En la lucha de los universitarios, palpita toda la educación pública.

Pero se trata, también, de la primera gran pulseada contra el acuerdo de miseria social entre Macri y el FMI, que los gobernadores seudo-opositores se aprestan a refrendar con el Presupuesto 2019.

Una victoria de esta lucha abre paso, por lo tanto, a todas las aspiraciones obreras y populares que el plan fondomonetarista pretende frustrar.

¡Viva la rebelión educativa! Apoyando la lucha universitaria reforzamos a todos los trabajadores por una salida propia a la crisis. El camino que la burocracia sindical y sus jefes políticos han buscado frenar.

Con esta convicción, salimos a preparar, con asambleas y plenarios, el paro activo nacional de 36 horas y la movilización del 24 y 25 de setiembre próximos. Derrotemos el plan de guerra de Macri, de los gobernadores y el FMI.
 


 

jueves, 30 de agosto de 2018

En las vísperas

| #1517


Cuando este número de Prensa Obrera salga a la calle, estará comenzando la gran marcha educativa en apoyo a la huelga de 190.000 docentes universitarios en todo el país. La marcha a Plaza de Mayo, con réplica en las provincias, fue precedida por tomas de facultades y colegios, marchas en el interior y, principalmente, una huelga que tronó con fuerza en todas las universidades nacionales. La pulseada de los universitarios apunta al corazón del ajuste oficial-o sea, la pretensión de salvar a los especuladores de la deuda argentina perpetrando una masacre social contra trabajadores, jubilados, la educación y la salud públicas. Días atrás, los obreros del Astillero Río Santiago protagonizaron movilizaciones masivas. En esta misma semana, la docencia bonaerense, motorizada por los Suteba combativos, desarrollaba tres jornadas de paro. Los trabajadores comienzan a abrirse paso en la crisis política planteada por el derrumbe del programa económico oficial. Es en este cuadro que la burocracia de la CGT ha anunciado un paro general para el próximo 25, que las CTA y el moyanismo acompañarán con una movilización en el día previo.

Rescate de los especuladores…

La jornada de este miércoles tuvo otro componente decisivo. El presidente Macri despertó al país con un breve e improvisado discurso, donde anunció un adelanto de fondos por parte del FMI para asegurar el “programa financiero” oficial. Pero las palabras de Macri, que apuntaban a frenar la corrida cambiaria y la fuga de capitales, fueron brutalmente desautorizadas por los especuladores: en sólo una jornada, la moneda nacional se devaluó en un 10%, llegando a 34 pesos el dólar. Es indudable que este traspié tendrá consecuencias políticas en el gabinete nacional: la base social capitalista del macrismo desconfía de la proclamada consistencia financiera oficial, y la dolarización sigue su marcha. Las razones son claras: el gobierno carece de cualquier financiamiento adicional al del Fondo. La caída de los bonos con vencimiento a 2019 ha elevado su rendimiento al 9-10% anual, una tasa de quebranto -una confesión de que los números no cierran y el Estado ni siquiera tiene cubiertos los compromisos del año que viene. De diciembre hasta hoy, los seguros contra un defol de la deuda argentina a cinco años casi triplicaron su valor. Por otra parte, las cuentas oficiales sobre el “financiamiento 2019” no contemplan las necesidades de divisas que emergen de la deuda privada, del comercio exterior y de la incesante fuga de capitales, todo lo cual puede añadir otros 30.000 millones de dólares que deberán ser provistos por el Banco Central.

A esta mochila, se añade la bomba explosiva de las Lebacs y de los títulos creados para reemplazarlas, cuya renovación no está de ningún modo garantizada (hace diez días, el gobierno sólo pudo renovar el 54% de un vencimiento de Letras del Tesoro). La frazada es demasiado corta. Si el “adelanto” del FMI se consume en rescatar a los títulos que no se renuevan -o sea, abastecer con dólares a los especuladores que dejan la deuda- la perspectiva de una cesación de pagos se acentúa. Por el lado del Tesoro, y a pesar de los brutales recortes en marcha contra trabajadores,jubilados, educación y salud públicas, el acuerdo con el Fondo también se encuentra cuestionado: en este caso, por la caída en picada de la actividad económica, que compromete la recaudación. La impotencia oficial para contener la crisis es manifiesta.

El ajuste -que funciona para golpear a los educadores y a toda la clase obrera- no rige a la hora de rescatar a los capitalistas involucrados en la causa de los cuadernos, y que conforman -de Techint a Roggio- la “crema” de la burguesía argentina. El mismo gobierno que devalúa salarios y jubilaciones no tuvo empacho en blindar a los contratistas de la obra pública -todos arrepentidos ante el juez Bonadio- con un costoso esquema de garantías bancarias y fondos públicos, con el Banco Nación a la cabeza. Este operativo se completa con la decisión del juez Bonadio de limitar sus investigaciones al año 2008. De ese modo, se pretende salvar de cualquier imputación al grupo Macri, que transfirió en ese año la empresa IECSA -involucrada en las coimas de Odebrecht por el soterramiento del Sarmiento y al grupo Techint y su CEO, Paolo Rocca por sobornos realizados por la empresa en 2007. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones ha resuelto extender esta investigación al año 2005, cuando comenzaron las maniobras en torno de esta obra millonaria. La crisis de los cuadernos recién comienza, en sus alcances e implicancias.

Crisis política y maniobras

El derrumbe económico y la crisis de Estado planteada en torno del cuadernogate ha desatado una intensa deliberación al interior de los partidos capitalistas y del propio gobierno. Ha llegado a circular la versión de un adelantamiento electoral -para plebiscitar la gestión macrista antes de un mayor agravamiento de la crisis. Los que rechazan estos “extremos” admiten, en cambio, un adelantamiento en distritos cruciales -¡Buenos Aires!- para salvar a Vidal de ser arrastrada a una elección presidencial desfavorable. Varios gobernadores pejotistas quieren acoplarse a la variante del adelantamiento y reclaman la venia del gobierno a cambio de su voto por el Presupuesto de ajuste 2019. Duhalde ha lanzado la candidatura de Lavagna. Apunta a abrir la “grieta” en la patronal industrial, en medio de la recesión galopante y la competencia importadora que no ha cesado con la devaluación. La crisis de los cuadernos ha acentuado la dependencia del kirchnerismo a la unidad pejotista-Bonadio ha convertido a CFK en una rehén del Senado de Pichetto y, por supuesto, del Vaticano.

Los delfines de Cristina -como Rossi o Kicillof- ya han adelantado su “respeto” al acuerdo con el FMI. La unidad opositora se postula para gestionar el tendal del macrismo en términos de un sacrosanto respeto de los usureros internacionales. Pero la crisis se acelera y obligará a todas las clases sociales a intervenir bastante antes que lo dispone el calendario electoral de 2019. Ello no excluye, desde luego, a la izquierda. La descomposición económica, que se descarga brutalmente sobre los explotados, plantea la necesidad de una gran acción colectiva de los trabajadores para derrotar este plan de guerra, para que la crisis la paguen los capitalistas. De Techint a Roggio, de CFK-De Vido a los Macri, los responsables del derrumbe están a la vista: ¡Fuera Macri y el régimen corrupto que comparte con pejotistas y kirchneristas! Llamamos a luchar por una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que reemplace al actual poder político y ejecute las medidas elementales para poner fin al saqueo del país y de sus trabajadores: satisfacción de las reivindicaciones obreras inmediatas, repudio de la deuda usuraria, que la devaluación ha tornado aún más gravosa; nacionalización de la banca y el comercio exterior; separación de la Iglesia del Estado, para terminar con la sujeción al oscurantismo y a los enemigos del aborto legal.

Hay que abrirle paso a esta perspectiva luchando para que los trabajadores irrumpan en el escenario nacional. Después de una nueva “tregua” al gobierno, e incluso de haberse reunido con el FMI, las burocracias de la CGT y las CTA han convocado a un paro nacional. La burocracia maniobra ante la “temperatura en ascenso” y teme que la olla de indignación popular que se cuece al compás de los despidos, las suspensiones y la caída del salario termine por estallar al margen de ella. Al mismo tiempo, busca empalmar con las primeras fisuras de la clase patronal. El paro es para sus convocantes un episodio aislado y sin continuidad. Pero es también la confesión de que todos los antagonismos sociales se abren paso al compás de la crisis económica y política. Es necesario intervenir a fondo, desarrollando un programa y reclamando asambleas y plenarios de delegados para imprimirle un carácter activo en todos los sindicatos -o sea, de 36 horas y con movilización, en la perspectiva de la huelga general contra el “plan de guerra”. Así, le abrimos paso a la lucha por una salida política de los trabajadores a la crisis.
 

miércoles, 29 de agosto de 2018

Se viene un gran Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras

| #1516


1° de septiembre, en Buenos Aires


Por Valeria Lobos



El ascendente movimiento de mujeres ha adoptado los métodos históricos de la clase obrera

Foto: Juan Diez

Bajo la consigna “Por la organización socialista de las mujeres trabajadoras y la juventud”, el 1° de septiembre sesionará el primer Congreso Nacional de la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras, con contingentes y delegadas de todas las provincias del país. Esta instancia se plantea deliberar y trazar las tareas centrales de nuestra organización para la próxima etapa, signada por una extraordinaria movilización por el aborto legal y en el contexto de un agudo ataque a la clase obrera.

Contexto y oportunidades

El plan de guerra de Macri y los gobernadores contra los trabajadores encuentra como aliadas a la burocracia sindical y a la Iglesia, pilares de la contención social de los explotados y probadas enemigas de los derechos de las mujeres.

El ascendente movimiento de mujeres ha adoptado los métodos históricos de la clase obrera, como el paro, y ha protagonizado las movilizaciones más masivas en la historia del país por el aborto legal. La frustración de este derecho en el Senado evidenció el dominio del clero en el Parlamento y el conjunto de los bloques patronales, y potenció el reclamo por la separación de la Iglesia del Estado.

La enorme adhesión popular en favor del aborto legal habilita la posibilidad de una consulta popular vinculante para continuar la lucha hasta conquistar la ley. Se opone por el vértice a quienes nos quieren convencer de esperar al 2019, para frustrar y desactivar un movimiento que cuestiona resortes fundamentales del régimen de explotación social.

La vigencia programática y las tareas socialistas
La caracterización actual del movimiento de mujeres en el país, sus posiciones generales como sus tensiones internas, producto de las distintas vertientes políticas y orientaciones que conviven en él, van a ser elementos importantes de análisis en nuestro congreso. Las ilusiones de reformar el Estado haciéndolo menos patriarcal, colocando la lucha política contra la opresión de las mujeres exclusivamente en el terreno cultural, atraviesan de lleno al feminismo y delinean una estrategia de conciliación de clases que alientan los partidos y corrientes capitalistas que actúan en sus seno.

Nacido hace veinte años para organizar a las mujeres trabajadoras y la juventud en la lucha socialista por su emancipación, el Plenario de Trabajadoras se planteó como objetivo estratégico la construcción de un movimiento de mujeres independiente de la Iglesia, el Estado y sus partidos, y aliado de la clase obrera en la lucha por la transformación socialista de la sociedad.

El congreso deliberará respecto de la situación de las trabajadoras en nuestro país, caracterizada por un retroceso material y social de magnitud en los últimos 35 años, que explica la distancia brutal entre las condiciones materiales de vida de las trabajadoras y los pretendidos avances en el terreno político, como la paridad de género. Las burocracias sindicales de la CGT y la CTA, que no repudian el acuerdo con el FMI y firman paritarias a la baja, mucho menos convocan asambleas para luchar por ampliación de licencias, por igual salario por igual trabajo, por el derecho al aborto legal. La lucha contra la opresión de las mujeres trabajadoras es indisoluble de la lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero.

En el terreno de la juventud, que protagonizó las movilizaciones más masivas y decididas por el aborto legal -con tomas de colegios y facultades-, se abrió un rumbo de lucha por la conquista de la educación sexual laica y científica.

Las disidencias sexuales incorporarán a este congreso las reivindicaciones de los sectores más oprimidos que se organizan contra travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio, contra la criminalización y persecución, y por el cupo laboral trans.
En sus dos décadas de desarrollo, el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero dieron la batalla por organizar al movimiento piquetero con el programa de la mujer trabajadora y contra el clientelismo de las organizaciones ligadas al clero, que hacen culto de la precarización laboral que sufren millones de trabajadoras. La presencia de las compañeras del Polo Obrero en este congreso le imprime pasado y presente de lucha por la conquista de las mujeres de las barriadas, agrupadas en la lucha por la vivienda, el trabajo genuino y contra la desaparición de niñas y mujeres en manos de redes de trata, a una organización socialista. Una lucha que libran allí donde la Iglesia y sus agentes despliegan sus poderosos recursos para cumplir su tarea de contención social.

Por último, la organización cotidiana contra todas las formas de violencia y los femicidios, que tuvo su pico de ascenso con el masivo Ni Una Menos de 2015, pero que no cesa, nos encontró diciendo que frente a cada crimen cometido: “el Estado es responsable”, no con la expectativa de un mejoramiento de éste en su carácter asistencial, sino conscientes de la necesaria unidad de las y los trabajadores contra el régimen social capitalista, su Estado y la violencia que emana de él.

Con estos lineamientos generales nos preparamos para el primer Congreso Nacional del PdT, con la organización de plenarios en cada barrio y en cada ciudad, de norte a sur del país, una extensión nacional excepcional entre las organizaciones que intervienen en el movimiento de mujeres. Los plenarios abordarán éstos y nuevos elementos que se incorporen como conclusiones de la deliberación colectiva, así como la continuidad de la lucha por el aborto legal de la mano de la consulta popular vinculante, por educación sexual laica y científica en todos los niveles educativos, y por la separación de la Iglesia y el Estado.
¡Vamos por un gran Congreso del Plenario de Trabajadoras!




Fuente: https://prensaobrera.com/mujer/43823-se-viene-un-gran-congreso-nacional-del-plenario-de-trabajadoras-2

martes, 28 de agosto de 2018

Salta: El PO presentó un proyecto para que la Iglesia pague impuestos

| #1516

Iglesia y Estado, asuntos separados


El bloque de diputados del Partido Obrero en Salta presentó un proyecto para que la Iglesia pague los impuestos inmobiliarios y de sellos de los que está exenta.

La Iglesia tiene 212 propiedades en Salta: 15 de ellas rurales, por 400 hectáreas, y el resto urbanas, por 800 mil metros cuadrados. La mayoría de estos inmuebles fueron donados por el Estado: 32 bajo la dictadura, 35 en el romerismo y 40 durante los gobiernos de Juan Manuel Urtubey.

El valor actual de las propiedades urbanas es de 14 mil millones de pesos. En el caso de las rurales, que tienen una tasación más variable, se destacan las 130 hectáreas del Potrero de Linares, dadas al clero por Urtubey en 2015, que, según estimaciones, ronda los 380 millones.

A esto hay que sumar que la Iglesia realiza actividades lucrativas, como la educación: acapara carreras como Psicología, Asistente social y Abogacía, dictadas en la Universidad Católica con cuotas que superan los 6.000 mensuales y el beneficio de subsidios estatales para el salario docente. A su vez, en el mismo Potrero de Linares han puesto en pie un centro de rehabilitación para adictos con cuotas elevadas.

Ante la trascendencia de la iniciativa del PO, el vicario de la arquidiócesis de Salta, monseñor Dante Bernaki, ha salido a respondernos con el argumento de que la Iglesia sólo realiza actividades sociales y caritativas. Peor aún: se animó a chantajear a la población señalando que si se le cobrara a la Iglesia “no podríamos sostener nuestra actividad social”. Bernaki no dice nada de los impuestazos que durante años vienen soportando los trabajadores sobre la vivienda única, pero defiende a su Iglesia con el argumento de que ellos, una organización de 212 propiedades por más de 14 mil millones y diferentes actividades lucrativas, no podrían pagar lo que cualquier vecino sí paga.

La Iglesia acusa recibo porque su victoria en la votación del Senado se logró a duras penas, bajo enorme presión del Vaticano sobre los bloques políticos responsables de haber perpetuado la alianza del Estado con el clero, mientras la movilización popular por el aborto legal ganó por mucho el apoyo social. El clero, golpeado y desacreditado ante la sociedad, se empeña en volver a ganar terreno sobre la base del enorme apoyo del Estado. Nuestro proyecto confluye con la necesaria lucha por separar Iglesia y Estado y se suma a nuestras propuestas de incluir las carreras universitarias acaparadas por la Iglesia en la universidad pública, imponer la educación sexual científica y laica en la escuela y rescindir los convenios con Abel Albino, entre otras iniciativas.

Abramos un debate amplio en las escuelas, barrios y lugares de trabajo sobre cómo impulsar esta campaña crucial. Iglesia y Estado, asuntos separados.
 

lunes, 27 de agosto de 2018

Venezuela: Maduronazo

| #1516




El giro económico protagonizado por el régimen puede significar un salvavidas de plomo

Venezuela está sacudida por el paquetazo puesto en marcha por el régimen bolivariano. El gobierno de Maduro ha dispuesto otra brutal devaluación del ¡96%! La medida se produjo un día después de la reconversión del “bolívar fuerte” al “bolívar soberano”, con la entrada en circulación de nuevos billetes que restaron cinco ceros a la moneda local. Estas medidas van acompañadas por la activación de un nuevo mercado cambiario que operará con una tasa única atada a la criptomoneda venezolana petro, cuya cotización estará determinada por el precio internacional del petróleo. De modo que un petro vale 60 dólares, el actual valor del precio del barril de crudo. Esto eleva el tipo de cambio de 2,48 a 60 bolívares soberanos.

Estas medidas implican un enorme mazazo al pueblo, empezando por una desvalorización sensible de los salarios. Simultáneamente, Maduro anunció un aumento del salario mínimo a 1.600 “bolívares soberanos”, un valor 35 veces superior al actual. Pero que equivale a 45 dólares, un ingreso de indigencia.

Dolarización

El paquetazo apunta a una virtual dolarización de la economía, que va de la mano de una liberación de los precios. El gobierno dice que los precios no se deberían disparar porque los empresarios han remarcado sus productos antes de la devaluación. Lo cierto es que la estampida ya se está produciendo, licuando el magro aumento de salario mínimo. Por lo pronto, la nafta va a ser llevada, por primera vez en las dos décadas de gestión bolivariana, a precios internacionales. El combustible en Venezuela es el más barato del mundo, y su liberación lo multiplicará más de mil veces. Maduro ya había autorizado antes el incremento de los servicios públicos, a lo que se agrega una reforma tributaria para elevar del 12 a 16% el IVA.

A sabiendas de este salto en la miseria popular, el régimen ha empezado a pagar a diez millones de venezolanos registrados en el “carnet de la patria” (plan asistencial) un bono de 600 bolívares soberanos. En el nuevo esquema económico, esa suma equivale… a 10 litros de nafta.

Al mismo tiempo, anunció una lista de precios de los bienes de consumo con la nueva denominación monetaria. Los analistas advierten contra el riesgo de un nuevo “control de precios”, lo que da cuenta de las contradicciones de la política oficial.

Plan precario

El gobierno señala que este plan le permitirá reunir al Estado los ingresos que necesita, ponerle fin al financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central y, por esta vía, acabar con la hiperinflación. Pero el pretendido equilibrio de las cuentas públicas está lejos, y el gobierno no va prescindir de los subsidios. Al “carnet de la patria” a la población carenciada se le agrega una gran subvención a la burguesía nacional: el Estado se haría cargo, por los aumentos salariales anunciados, del diferencial en la nomina salarial de las pequeñas y medianas empresas privadas por 90 días. Pero ya hay quienes anticipan que deberá extenderse en el tiempo. Por otra parte, el aumento de los ingresos que se proyectan será contrarrestado por un caída de la actividad y, por lo tanto, de la recaudación cuando se pronostica una retroceso superior al 15% en la producción.

Además, y desde principios de agosto, se exoneró del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISLR) a la petrolera estatal PDVSA y sus filiales, así como para las transnacionales asociadas a aquélla a través de la figura de las empresas mixtas. La exoneración se aplicará por todo el año 2018. Para que se vea el impacto de esta medida, basta decir que en 2016, sólo PDVSA pagó al fisco 723 millones de dólares por este impuesto, pero la mayor parte de la producción petrolera corresponde a las empresas mixtas.

Como lo denuncia el secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV), José Bodas, esta medida implica un gran beneficio para “las grandes transnacionales petroleras como Chevron, Repsol, Statoil, ENI y Total, asociadas al gobierno nacional”.

Con el paquetazo, el régimen apuesta a restablecer una corriente de ingresos de dólares cuando se han ido cerrando todas las fuentes de financiamiento. Trump ha bloqueado la posibilidad de refinanciar el pago de la deuda externa del país, aunque el Estado venezolano venía pagando tasas usurarias por ella. China interrumpió la entrega de préstamos frente a los incumplimientos, y cuando una importante parte de la exportación venezolana se encuentra hipotecada al pago de una elevada deuda con el gigante asiático. El apoyo de Rusia es también muy limitado, por la propia crisis que atraviesa el régimen putiniano.

El giro económico de Maduro apunta a una salida capitalista “clásica”. La estabilización de la nueva moneda plantea respaldar al bolívar con las reservas petroleras -o sea, privatizar o subastar la cuenca petrolera del Orinoco. Sería el plan que estarían dispuestos a respaldar Putin y Xi Jinping, para seguir apoyando al chavismo venezolano en ruinas y sortear las presiones de Trump.

Importa señalar que la Casa Blanca continúa su cerco económico. Una Corte en Estados Unidos acaba de aprobar una solicitud de la minera canadiense Crystallex para tomar acciones de una filial estadounidense de PDVSA, que controla indirectamente a la refinería Citgo. Crystallex busca cobrar una indemnización de 1.400 millones de dólares tras una disputa de una década, luego de que su filial en el país sudamericano fue nacionalizada en 2008. El juez suspendió el mandato judicial con una orden de confiscación, mientras se entablan negociaciones con el Estado venezolano. Lo cierto es que se activa la posibilidad de un embargo sobre los activos externos de Venezuela.

La devaluación y las garantías que ofrece Maduro no aseguran una “libertad de mercado”. El gobierno adelantó que no establecerá restricciones para la oferta de divisas, pero sí mantendrá controles en la demanda de personas y empresas. O sea que persiste el cepo, un esquema endeble y muy probablemente llamado al fracaso.

Clase obrera e izquierda

El giro económico protagonizado por el régimen, dirigido a la perpetuación de la camarilla madurista, puede significar un salvavidas de plomo y acelerar el proceso inverso -un mayor descalabro económico y una explosión social.

Esta semana tuvo lugar una protesta por el “maduronazo”. El llamado fue lanzado por los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular y Causa Radical, que integran la coalición Mesa de Unidad Democrática (MUD). Se trata de un paro “ciudadano” y “cívico”, que cuenta con el apoyo de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) y de otras cámaras empresarias. A la protesta se sumaron algunos sindicatos y organizaciones obreras, pero el liderazgo de la convocatoria estuvo en manos de la oposición patronal. La jornada tuvo una adhesión parcial, más revelante en los comercios y profesionales que entre los trabajadores. Puso de relieve los límites de la oposición. Por un lado, en el plano institucional, donde las posibilidades de cambio han quedado alejadas en el tiempo; por el otro, en el plano social, ya que no se observa que capitalice el descontento con el gobierno por el agravamiento de las condiciones de vida. En las próximas semanas será posible hacer una evaluación más nítida de la reacción popular a las medidas.

La prensa de la izquierda en Venezuela da cuenta de luchas constantes de la clase obrera contra el descalabro económico. En Valencia han tenido lugar protestas en la que han confluido trabajadores de la salud, profesores universitarios y el sector eléctrico. Está ausente, sin embargo, una unidad política y un planteo político común de la izquierda y las organizaciones sindicales combativas. La izquierda debe tomar la iniciativa y unirse en un polo político junto al movimiento obrero combativo, y empeñarse para que los trabajadores irrumpan en la crisis en forma independiente. Es necesario denunciar la escalada del imperialismo, generalizar la lucha por la derrota de paquetazo e impulsar un programa obrero y socialista de salida al actual derrumbe económico y social. El punto de partida es la más absoluta independencia política respecto al gobierno y la oposición derechista.
 
Mientras tanto se fueron ya 2 millones de Venezolanos como si hubiera una verdadera guerra civil para semejante desplazamiento 

domingo, 26 de agosto de 2018

Rebelión en la universidad

| #1516


Crece la huelga general docente en todo el país

Por Antonio Rosselló Candidato a secretario general por la Lista 6 Multicolor Conadu Histórica


La docencia universitaria lleva 34 días de paro desde el inicio del año. En el segundo semestre no se han iniciado las clases y vamos por la tercera semana de cese total de actividades. La lucha crece en todo el país. Al cierre de estas líneas, 40.000 docentes y estudiantes se movilizaban en Córdoba.

El ajuste es brutal. Desde noviembre del año pasado sólo hemos cobrado un 5% de incremento en mayo y se impondrá un 5,8% en agosto, ambos en forma unilateral ante el rechazo a tal despojo por parte de los docentes. Un docente de hasta cinco años de antigüedad cobra por cargo la ínfima suma de 6.000 pesos. El 5,8% son, con suerte, dos pizzas, como le gusta decir a Marcos Peña.

La bronca y el hartazgo ante esta provocación han puesto a la docencia de las 57 universidades y los 100 colegios preuniversitarios de pie contra este plan de guerra contra los trabajadores y la educación pública.

Un ataque contra todo el pueblo


La defensa de esta “pauta salarial” de miseria es inseparable de los planes fondomonetaristas de supuesta “reducción del gasto”. Pero en verdad, cada peso arrancado a los docentes alimenta otro gasto -el del pago de la creciente deuda usuraria.

En la universidad, el 90% del presupuesto se dedica a los salarios docentes y no docentes. El derrumbe salarial que pretende el gobierno le significa un ahorro de más de 15.000 millones de pesos. Un aporte directo de los trabajadores al ajuste del FMI, Macri y los gobernadores.

Pero los organismos multilaterales imperialistas y la burguesía exigen más. Literalmente: Vidal manifestó que sobran universidades en la provincia de Buenos Aires. Al igual que con Atucha II, Conicet, Arsat y otros, piden el desmantelamiento del complejo científico tecnológico y su privatización. En la universidad se realiza alrededor de dos tercios de la investigación del país y, contrariamente a lo que sucede en Chille o Brasil, el 70% de los estudiantes cursa en la universidad estatal, que es no arancelada.

El recorte presupuestario de más de 4.000 millones de pesos y el atraso de más de tres meses en el pago de insumos médicos de investigación, de becas o incluso del gas y luz completan el cuadro de ataque al sistema universitario.

Un choque de fondo contra el ajuste


Los métodos de la asamblea general y los congresos con mandato, y el haber anunciado el paro con un mes de preparación hicieron que, desde el comienzo, la huelga contara con más del 80% de adhesión. La evaluación semanal de su continuidad puso a todos los trabajadores en constante deliberación. Cuando las burocracias sindicales de la Conadu, la Ctera, Fedun, UDA y Fagdut llamaron a la tregua durante una semana a la espera de una “oferta superadora”, hubo una verdadera rebelión. Más de siete sindicatos nucleados en la Conadu kirchnerista de Yasky y miles de docentes desconocieron la resolución de las burocracias y se mantuvieron en paro, tal como había determinado la Conadu Histórica por unanimidad.

Ante la “aparición” del ya comentado 5,8%, las universidades estallaron y comenzaron acciones de huelga y movilización en todo el país. El jueves 16 de agosto, desde Ushuaia a La Quiaca, en más de cuarenta ciudades y pueblos, los trabajadores de la universidad y la ciencia ganaron las calles. Realizaron asambleas interclaustro, cortes, movilizaciones, tomas de rectorados y más de 20.000 personas se movilizaron por sus salarios, sus fuentes de trabajo y lugares de estudio e investigación. Las burocracias tuvieron que reinstalar la medida y esta tercera semana todos los gremios docentes estamos de paro.

El 21 y 22 pasados, el paro trepó hasta el 90%. El 22 de agosto se realizaron actos y movilizaciones en 60 ciudades: un verdadero movimiento nacional en defensa de la universidad estatal, laica, científica y gratuita, con marchas de antorchas en Tucumán, movilizaciones masivas en Posadas, Bahía Blanca y otras 50 ciudades, mostrando que el movimiento se sostiene firme.

La crisis por arriba

Las camarillas universitarias vieron en este ataque hasta el temor a su propia continuidad. La parálisis absoluta de las obras hicieron desaparecer hospitales enteros, como el nuevo que les prometieron a Barbieri y Yacobitti en la UBA. Incluso se llegó al contrasentido de que en Neuquén, a pocos kilómetros de Vaca Muerta, se tuvieran que restringir los horarios de atención en la sede de la Universidad del Comahue por no contar con …conexión de gas.
Con el atraso en los pagos a los proveedores y el corte de los convenios con el Estado Nacional, las camarillas entraron en pánico. En la universidad Arturo Jauretche del rector pejotista Villanueva, la deuda salarial llega a seis meses para los docentes contratados y el presupuesto aguanta hasta octubre. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA se produjeron 400 despidos de no docentes contratados, al terminarse los denominados fondos propios con los que se pagaban sus salarios. Es que el Ministerio de Educación plantea terminar con la paritaria nacional en las universidades y concretar despidos (La Nación, 22/8).

Esto generó en los rectores, tanto de Cambiemos como de la oposición K o pejotista un movimiento para “abrazar” las universidades. Con lo que nadie contaba era con la irrupción de las poblaciones en estos “abrazos”: más de 7.000 personas participaron del abrazo en Florencio Varela, más de 5.000 en Quilmes, 2.500 en Neuquén, más de 1.000 en San Luis, cientos en Paraná, donde se decretó el paro estudiantil.

El paro de la docencia y la crisis de las camarillas provocaron una irrupción popular que lleva la huelga universitaria al centro de la situación política y abre un primer gran choque entre los trabajadores y el acuerdo con el FMI.

Podemos ganar

Para hacerlo, desde la Agrupación Naranja y La Multicolor de Conadu Histórica llamamos a que las asambleas de docentes con o sin afiliación y las asambleas interclaustro se mantengan en la huelga general y en la movilización general.

Las burocracias sindicales quieren levantar la huelga con la marcha del jueves 30 de agosto. Pretenden que sólo se dirija al Ministerio de Educación y no a Plaza de Mayo, para hacerle un guiño a Macri y a las camarillas universitarias que no van contra el régimen ajustador y se conforman con unas monedas más.

La defensa del salario docente y la universidad estatal requieren seguir con la huelga, marchar a Plaza de Mayo hasta alcanzar el 30% con cláusula gatillo, la devolución de los 4.000 millones de pesos recortados del presupuesto universitario y quebrar el ajuste. Desde esta huelga nacional, con 190 mil trabajadores en lucha, planteamos la urgencia de convocar a un paro activo de 36 horas, un plan de lucha y un Congreso de bases de todos los sindicatos y centrales para dar una salida de los trabajadores a la crisis y terminar con el régimen ajustador.


Fuente: https://prensaobrera.com/sindicales/43817-rebelion-en-la-universidad

sábado, 25 de agosto de 2018

Super rodrigazo en Venezuela





Un sismo de grado 7.3 desplazó, hasta cierto punto, la atención internacional hacia un paquetazo económico sin precedentes del chavismo, incluso en la convulsionada historia de Venezuela. Los terremotos, sin embargo, están asociados a hecatombes políticas en ese país, empezando por la lucha por la independencia.

Ocurre que Nicolás Maduro anunció la semana pasada una devaluación que empareja la cotización del bolívar, ahora ‘soberano’, con la del mercado negro de divisas. Lo duplica, de 30 bolívares nuevos (antes tres millones) a b$s60. Más explosivo, si cabe, llevó el precio de la gasolina a precios internacionales, o sea a más de un dólar el litro, cuando su precio previo era inferior al medio sachet de leche –un porcentaje de aumento super-millonario. El tarifazo alcanza también a los servicios públicos. Estas medidas son aún más brutales que las aplicadas en junio de 1975, en Argentina, y que provocaron un caos económico que llevó, como por un tubo, a la dictadura militar. El salario mínimo fue aumentado, como no podía ser de otra manera, pero a b$s1.800, o u$s30 por mes –un dólar diario, que se cobrará a partir de septiembre, o sea después de la disparada de precios que provocarán la devaluación y el naftazo. El IVA sube del 12 al 16%, y se libera de impuestos a las importaciones; en resumen, estamos ante un plan de violento ajuste capitalista y de liquidación del proteccionismo ‘nacional y popular’, como el control de cambios, establecido en 2003 y la nacionalización parcial del petróleo.

Los comentaristas se preguntan cómo hará el gobierno para asegurar la estabilidad del nuevo tipo de cambio, cuando las reservas internacionales de Venezuela no superan los u$s8.500 millones. Maduro anunció subastas semanales de una divisa sui géneris, el Petro, que equivale a un barril de petróleo de 60 dólares. Se trata, en realidad, de un título público emitido por un Estado insolvente. La garantía del barril de petróleo solamente compromete a Pdvsa. Este procedimiento ya se utilizó con China, que entregó un préstamo en dólares a cambio de la entrega de la materia prima; ahora supone la entrega de stocks y reservas de la empresa estatal, o sea su privatización, que no fue anunciada por el momento. Esto explicaría el naftazo y todo el ajuste, porque revaloriza las reservas comprobadas y potenciales de petróleo. De no ser así, Maduro habría construido un castillo de naipes, que se desplomará enseguida. El nuevo planteo consolida el ‘ajuste’ anti-popular promovido en forma consciente por medio de la hiperinflación. El movimiento bolivariano ha tomado el camino de la entrega directa. El nacionalismo militar no puede construir ninguna clase de socialismo, sea del siglo que fuere; es una tarea histórica insustituible del proletariado.

Es llamativo que, en forma paralela, Maduro haya llegado a acuerdos con empresas que han litigado contra Venezuela en tribunales extranjeros; ha reconocido, por ejemplo, una indemnización de u$s2.000 millones a la petrolera norteamericana Conoco. En otros litigios ha comprometido a la refinería Citgo, que opera en Estados Unidos, y cuya adquisición aspira la rusa Rosfnet. El Petro podría convertirse en la garantía de un préstamo internacional para sostener el nuevo tipo de cambio, que iguala al del mercado negro, con derecho a las reservas de petróleo.

El super rodrigazo de Maduro asume el propósito de lograr el equilibrio fiscal y cortar la financiación inflacionaria del Tesoro. Pero su primer resultado será, como en el rodrigazo argentino, producir una suba aun mayor de los precios, seguida de una depresión provocada por la caída del poder adquisitivo del consumo. Sería sorprendente que este ‘plan’ cuente con el visto bueno de todos los estamentos del régimen político. El gobierno ha encarcelado a toda clase de opositores, incluidos aquellos que se encuentran en actividad. La camarilla oficial se encuentra fragmentada; el fracaso del ‘plan’, por la resistencia popular o por la inconsistencia de sus apoyos internacionales, podría enfrentarla.

La oposición tradicional, que esta vez lleva como voz cantante al ex gobernador del Estado Bolívar y ex dirigente sindical, Andrés Velázquez, llamó a un paro de 48 horas, de cumplimento parcial. Por otro lado, la emigración se ha acentuado; en el estado brasileño de Roraima, se ha desatado un ataque fascistizante contra los refugiados venezolanos. La llegada de una nave-hospital del Pentágono a las costas de Colombia ha levantado la sospecha de que existiría un planteo de ocupación militar de Venezuela para el caso de una desintegración política del régimen, en especial ahora como una consecuencia del super-rodrigazo. El nuevo gobierno de Colombia no esconde su hostilidad hacia el plan de paz con las Farc y el ELN, y hacia Venezuela; los secuestros y asesinatos de líderes sociales, en Colombia, no cesa de crecer.

Los trabajadores y activistas de América Latina nos enfrentamos a una crisis continental de dimensiones variables y no menos explosivas; la crisis mundial reúne, en un mismo proceso, el derrumbe del nacionalismo militar y del pseudo progresismo, por un lado, con el del neoliberalismo a la Macri, Temer y Piñera, por el otro.
El impasse político de las masas, ante este cuadro, otorga un margen de acción a los francotiradores de derecha o filo-golpistas. La injerencia del imperialismo es más activa, simultáneamente a la división política creciente de la burguesía norteamericana y a las contradicciones cada vez mayores de la política internacional y el régimen de derecha de Trump.

Se impone una campaña continental por una salida obrera y socialista, por un plan de lucha contra el golpismo, por una acción de defensa común por las reivindicaciones de los trabajadores, por el apoyo a los trabajadores en lucha, por gobiernos de trabajadores, por la unidad socialista de América Latina.  
 

viernes, 24 de agosto de 2018

2019: un presupuesto de guerra

| #1516


En las febriles reuniones de Hacienda y en los salones de la Casa de Salta, donde se reúnen ministros de las provincias, de la Nación y -durante varios días- funcionarios del FMI-, se trama un verdadero Presupuesto de guerra para 2019. ¿Los enemigos en esta conflagración? Las provincias, la Anses, la Patagonia, las universidades, la obra pública de infraestructura en educación, salud, energía y red vial, salarios estatales y docentes, entre otros objetivos.

Alguien podría argumentar que los presupuestos igual no se cumplen. Es cierto, pero la importancia de este presupuesto fondomonetarista es que constituye una ruta económica y política de ataque a las masas, para financiar la crisis de deuda, la fuga de capitales, la desinversión, el rojo fiscal y el déficit del comercio exterior, es decir el completo fracaso de la política económica.
El primer capítulo se está escribiendo en 2018. Con el robo a los jubilados de la movilidad de marzo, el parate en la obra pública y los aumentos salariales por decreto a la mitad de la inflación anual, el déficit primario de julio se achicó un 35% a 14.280 millones de pesos, pero el déficit financiero trepó un ¡90,6%! a 62.380 millones de pesos. Todos los ajustes van a financiar el endeudamiento a tasas de defol, que ahoga por completo las cuentas públicas. Al punto que el préstamo del FMI no alcanza a cubrir el conjunto de las necesidades financieras de 28.000 millones de dólares en lo que resta de 2018 y de 50.000 millones para 2019 (Ambito, 20/8), esto, sin incluir los intereses de la llamada deuda intraestatal con el sector público (BCRA y Fondo de Garantía de la Anses).

El ajuste en marcha de 2018 no pudo evitar el desvío de las “metas de reducción del déficit”, porque el desplome de la actividad económica en el comienzo de recesión más brutal que hayamos tenido (8% de reducción del PBI en junio) ha repercutido en una caída de la recaudación a pesar de la inflación. Se proyecta que ésta será un 25% mayor que el año pasado, cuando la inflación será de un 35%/40 -o sea, que se trata de una caída en moneda constante. Por eso llegó la anulación anticipada del Fondo Federal Solidario, el llamado “fondo sojero”, que reparte el 30% de la recaudación por retenciones a la exportación entre las provincias y municipios, lo que ha desatado un revuelo en los gobernadores e intendentes pejotistas y hasta de Cambiemos. La suspensión por seis meses de los reembolsos a las exportaciones y a la rebaja de retenciones a derivados de la soja, apenas disimulan el verdadero blanco de las medidas.
Pero la madre de las batallas de esta saga de ajuste tras ajuste, será el Presupuesto que ingresa ahora al Parlamento. El FMI ha dejado sus instrucciones coloniales. En materia de energía y transporte, léase tarifas, el aumento deberá ser el doble de la inflación. Como la pauta de inflación prevista es del 17%, ello plantea un 34% en dos tarifazos, uno en el primer semestre, otro en el segundo. Para el gas en la Patagonia, zona de alto consumo por el frío, se propone la lisa y llana eliminación del actual diferencial, lo que significará la duplicación de las tarifas. Esto, en una canasta familiar altísima, contra salarios estatales congelados durante todo 2018 en la provincia de Santa Cruz, la más castigada de todas.

Los estudiantes de bajos recursos verán desaparecer sus becas del plan Progresar. Los jubilados verán un recorte de 10.000 millones de pesos en el Pami, cuyos servicios no relucen por su eficiencia. Los trabajadores de la Afip perderán el premio por recaudación, lo que significará una transferencia de sus bolsillos al erario público de 5.000 millones de pesos.

Contra los jubilados

No obstante, se ensañarán otra vez con el sistema previsional. Está prevista una reforma contra los “regímenes especiales” y se planea una “fuerte reducción” (Clarín, 21/8) en las pensiones no contributivas, de lo cual tuvimos un adelanto en el frustrado intento de arrasar con las pensiones por discapacidad hace un año. La cuestión de los regímenes especiales abarca a los docentes universitarios, a las cajas provinciales no “armonizadas”, a los trabajadores del transporte y la construcción y demás tareas insalubres. En estos rubros se planea un recorte de 25.000 millones de pesos, pero es incalculable en términos de futuro, porque implica conquistas estratégicas contra la condición de vida. También se plantean prolongar edades jubilatorias, lo que agravará aún más la desocupación.
Se trata de un presupuesto que semeja un barril sin fondo, porque establece un ajuste tras otro que van fracasando y agravando la situación de las mayorías trabajadoras. Muchos miran a Grecia, tras ocho años de depresión y ajuste sin fin de la “troika” capitaneada por el FMI. Macri, que dice mirar la tormenta de frente, nos lleva de frente al abismo del defol y de un nuevo descenso civilizatorio de hambre y desocupación.

Entre bambalinas, pejotistas y macristas pactaron no debatir el acuerdo con el FMI en el Congreso. Pero Wall Street está pendiente de la “gobernabilidad” del ajuste que con choques y crisis, hoy traman oficialismo y oposición alrededor del Presupuesto 2019. Agustín Rossi ya prometió que, si es presidente, pagará la deuda con el FMI.

El Plenario de Lanús ha decidido movilizar a fin de setiembre contra este plan de guerra contra los trabajadores, planteando la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda, junto a las reivindicaciones obreras salariales y contra los despidos. La enorme huelga universitaria en todo el país da cuenta de la disposición de lucha de los trabajadores, como ya ocurriera con los docentes bonaerenses y de otras provincias.

No debe pasar el Presupuesto, no debe pasar el plan de guerra, por un paro activo nacional de 36 horas para derrotarlo con la huelga general.
No al colaboracionismo de la CGT. Al servicio de esta estrategia actuarán nuestros parlamentarios en la Nación y en cada provincia. Que la crisis la paguen los capitalistas, por una salida de los trabajadores a la crisis.  
 
 
El problema es que sino se aprueba queda el presupuesto del año anterior sin ajustes o sea al menos un ajuste del 35% menos al no actualizarse por inflacion nada y Macri puede manejar el ajuste a su antojo si no case su gobierno por la reaccion social
 

jueves, 23 de agosto de 2018

Frente a una crisis de fondo

| #1516


Derrotemos el plan de ajuste y miseria social de Macri, los gobernadores y el FMI
¡Fuera Macri y el régimen corrupto de kirchneristas, macristas y pejotistas!
Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder



Argentina está viviendo una crisis de fondo.
Por un lado, asistimos al derrumbe del régimen económico, que se traduce en devaluación de la moneda, crisis de deuda, fuga de capitales y una recesión feroz. Para los trabajadores y jubilados, eso significa una ofensiva contra sus condiciones de vida, con más despidos, mayor carestía y caída del salario.

Por el otro, el escándalo de los cuadernos coloca en el banquillo a los mayores exponentes de la clase capitalista, la misma que se benefició con un régimen de coimas con el kirchnerismo y que sostiene hoy el gobierno macrista.

Es muy clara la incapacidad del gobierno capitalista y sus partidos para darle una salida a las reivindicaciones obreras, democráticas y populares.

Los trabajadores tenemos que darle a esta crisis nuestra propia salida, y resolver una lucha y una acción para imponerla.

Que la crisis la paguen los capitalistas

La bancarrota económica de la Argentina es inseparable de una crisis capitalista de alcance internacional, que ingresa en una nueva y aguda fase. El hiperendeudamiento de los países emergentes -como Turquía, Argentina, Brasil y otros- ha terminado instalando el escenario de una cesación de pagos. Las devaluaciones monetarias en cadena no han servido para proteger a estos países de la guerra comercial que sacude a los grandes bloques -Estados Unidos, Unión Europea, China-, que se traduce en choques políticos e incluso en aprestos militares.

El gobierno Cambiemos apostó a un rescate económico de la mano de este quebrado capital internacional. En dos años y medio, el macrismo ha llevado la deuda pública al 80% de la economía. El carácter impagable de esta hipoteca ha desatado una fuga de capitales y la incesante devaluación de la moneda. El gobierno ha buscado al FMI para zafar del derrumbe.

Pero la situación se ha agravado: es que el Fondo sólo se ocupará de asegurar el pago de la deuda a los acreedores, a costa de un ajuste feroz. Como parte de éste, reclama una mayor devaluación de la moneda, lo que se traduce en mayor carestía y caída del poder adquisitivos de salarios, jubilaciones, y de los presupuestos destinados a salud, educación y el gasto social. Los pronósticos sobre inflación trepan hasta el 40% anual. El ajustazo nacional se replica en las provincias, donde los salarios de docentes y trabajadores del Estado tuvieron paritarias que cubren la mitad de la inflación. Los capitalistas se valen de la desorganización económica que genera la crisis para aplicar una catarata de despidos y suspensiones masivas en la industria, el comercio y la construcción. Quieren aprovechar la caída en la producción para avanzar en la reforma laboral de hecho, flexibilizando los convenios colectivos de trabajo y eliminando derechos laborales. A su turno y de la mano de la colaboración de la burocracia sindical, pretenden avanzar en las leyes de reforma antilaboral.

Frente a la tentativa de endosarle a los trabajadores esta quiebra, el Partido Obrero plantea: que la crisis la paguen los capitalistas. A la destrucción salarial en curso, le oponemos el reclamo de reapertura de todas las paritarias, la indexación mensual de los salarios y la duplicación del monto de los planes sociales y la asignación universal por hijo. Ante los despidos y suspensiones, planteamos el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la ocupación de toda fábrica y repartición que cierre o despida masivamente.

Al vaciamiento incesante del país en beneficio de los usureros internacionales, le oponemos el repudio a la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, la nacionalización de los recursos energéticos y naturales, y el control obrero general.

El pacto con el FMI ha reforzado la colaboración de las diferentes burocracias sindicales con el ajuste oficial. Ello vale para el triunvirato cegetista, socio mayor del colaboracionismo sindical. Pero también para los Moyano y Yasky, que han postergado cualquier medida de lucha para llamar a “votar bien” en 2019… ¡a los mismos partidos y gobernadores que le han votado más de 100 leyes a Macri! ¡O a los que están involucrados en las denuncias de corrupción en beneficio de los capitalistas! En aras de esa política, y después del masivo paro nacional del pasado 25 de junio, la burocracia se llamó a silencio y aísla luchas tenaces como las de los compañeros de Télam, de Luz y Fuerza de Córdoba, los estatales y docentes de diversas provincias y la docencia universitaria de todo el país.

En oposición a que la burocracia decida por nosotros, llamamos a luchar por un Congreso de delegados mandatados por asambleas de todos los sindicatos y centrales obreras, para resolver en lo inmediato un paro activo de 36 horas y un plan de lucha en la perspectiva de la huelga general hasta derrotar el plan de guerra oficial.

Junto a esta respuesta de lucha, un congreso de trabajadores así convocado debe discutir un programa y una salida de la clase obrera frente a la crisis, para elevarla como alternativa de poder.

Aborto legal, que el pueblo decida. Separación de la Iglesia del Estado

Este régimen corrompido es el mismo que acaba de negarle a las mujeres un derecho elemental, como es el aborto legal. La responsabilidad por este voto negativo alcanza a todos los partidos tradicionales. El kirchnerismo gobernó durante doce años oponiéndose al aborto legal y ahora hizo lo mismo el gobierno de Cambiemos. En el Congreso, diputados y senadores de todos los bloques se coaligaron para rechazar el reclamo de las mujeres. La gran lucha librada en las calles por las mujeres, la juventud y buena parte de la población permite sacar una conclusión de fondo: la incapacidad histórica del régimen y sus partidos -incluidos los que se dicen “republicanos”- en establecer un Estado laico. El aborto clandestino integra una larga cadena de oscurantismo que es sostenido económica y políticamente desde el Estado. Los partidos del régimen han entregado la reivindicación del aborto a cambio de la colaboración de la Iglesia en contener la reacción popular contra el ajuste.

Frente al rechazo del Senado y sus partidos al aborto legal, planteamos: ¡que el pueblo decida! consulta popular vinculante, que deberá ser precedida por una gran deliberación popular sobre la necesidad y urgencia del aborto legal, seguro y gratuito.

Fuera Macri, los gobernadores y el FMI, Asamblea Constituyente

En medio del derrumbe económico, ha estallado el escándalo de los cuadernos. No se nos escapa que, como ocurriera en Brasil, esta crisis ha sido disparada por una lucha de monopolios. El imperialismo mete la mano y manipula al Estado y a sus jueces, tan corruptos como los propios enjuiciados, para quedarse con el botín de la obra pública. Pero sale a la luz un régimen putrefacto, que envuelve a las patronales, tanto nacionales como imperialistas (Siemens, Skanska). Que desnuda a kirchneristas y pejotistas, pero también al actual gobierno. El Partido Obrero denuncia la corruptela del kirchnerismo, resultado directo de su entrelazamiento con una burguesía nacional parásita que sólo ha podido sostenerse con sobreprecios y contratos amasados a costa de trabajadores y contribuyentes. El negociado ferroviario -uno de los capítulos de esta política de “reconstrucción de la burguesía nacional”- costó la vida de nuestro compañero Mariano Ferreyra, asesinado por una conspiración de los mismos burócratas, capitalistas y funcionarios que hoy son enjuiciados.

Pero los Roggio, Techint y otros son, al mismo tiempo, la apoyatura del gobierno actual, con el cual han sostenido y reforzado todos sus contratos. Por eso, los cuadernos son “K”, pero también “M” -cuestionan al conjunto del régimen, económico, político y sus partidos. El Partido Obrero denuncia el carácter amnistiador y encubridor del pretendido operativo “anticorrupción”, que sólo apunta a la corruptela K para salvar del banquillo a la clase capitalista, a sus gerentes “arrepentidos” y a sus lazos con el actual gobierno. Luchamos por la apertura de los libros de todos los contratos del Estado con grupos capitalistas y la nacionalización de la obra pública y de las empresas, empezando por las que están involucradas de manera directa en la corruptela denunciada, bajo control obrero.

El régimen de tarifazos, agravios a los trabajadores, corrupción, hipotecamiento nacional y sometimiento al clero es incompatible con las aspiraciones de la mayoría.

El Partido Obrero plantea: fuera Macri y todo el régimen corrupto de macristas, kirchneristas y pejotistas. Frente a su fracaso de décadas en sacar al país de la quiebra y el atraso, planteamos: por una Asamblea Constituyente libre, soberana y con poder, que encare medidas elementales y urgentes de reorganización social: entre otras, repudio de la deuda, establecimiento de una banca única, control obrero, separación de la Iglesia del Estado.

Llamamos la atención a los trabajadores sobre el carácter corrupto y parasitario del régimen capitalista y todos sus partidos, para reforzar la lucha por un gobierno responsable ante la mayoría laboriosa -un gobierno de trabajadores.

En base a estos planteos, el Partido Obrero convoca al Frente de Izquierda y sus partidos a una enérgica campaña política de alcance nacional.

La crisis económica y política augura nuevos episodios, que deben ser preparados con una acción política decidida y una intervención tenaz de frente único en las organizaciones obreras, para ponerlas de pie frente al plan de guerra oficial.

¡A la lucha, para que esta gran crisis nacional tenga una salida de los trabajadores!
 

miércoles, 22 de agosto de 2018

Elecciones en la CTA Yasky: El 6 de septiembre votá a la Lista 6 Multicolor

| #1515

Por una central dispuesta a luchar contra Macri-Vidal y los gobernadores

Por Corresponsal Coordinadora Sindical


Christian Paletti (Subte); Daniel Rapanelli (sec. gral. Suteba Ensenada); Lourdes Alfonso (opsición UTE)


Sindicatos, dirigentes y agrupaciones antiburocráticas hemos puesto en pie una gran lista para enfrentar a la directiva de Yasky, encabezada por Daniel Rapanelli, secretario general del Suteba Ensenada, como candidato a secretario general a nivel nacional, acompañado por Andrea Lanzette, Ariel Iglesias, Marina Alonso y Alfredo Cáceres, dirigentes de los Suteba multicolores, y Daniela Vergara, de Amsafe-Rosario. En Capital encabezan Claudio Dellecarbonara y Christian Paletti, del Subte; y en Buenos Aires, Graciela Calderón, del Suteba Matanza, y Juan Carlos Moya, del Suteba Quilmes. La Multicolor se presentó también en Río Negro, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y decenas de juntas regionales y locales de la provincia de Buenos Aires.

Del otro lado, la Lista 10 de la burocracia celeste está encabezada por Hugo Yasky, secundado por el entregador de los trabajadores estatales de la Ciudad de Buenos Aires, Daniel Catalano, de ATE Verde-Blanca; Roberto Pianelli, del Subte, de reciente visita por Roma para entrevistarse con el Papa, a días del ataque al derecho al aborto, y en el lugar número 12, Pedro Wasiejko, expulsado del Sutna por la Lista Negra antiburocrática, encabezada por Alejandro Crespo. Roberto Baradel encabeza en provincia de Buenos Aires y Eduardo López en Capital, responsable de la política de connivencia de UTE con el régimen macrista desde hace más de una década.

Son los que en nombre de “la unidad” han entregado las grandes luchas de todo el año: la reforma previsional, los despidos de a miles en el empleo público; adaptados a la burocracia de la CGT, boicotearon la continuidad del paro nacional y le quitaron el cuerpo a la lucha histórica por el aborto legal, en defensa de sus lazos con la Iglesia y el Papa.

El contexto de la elección

El gobierno de Macri-Vidal atraviesa la peor crisis desde su asunción: fuga de capitales, disparada del dólar, caída de la Bolsa, nuevas devaluaciones, parate de la industria, imposibilidad de cumplir las metas del pacto con el FMI, parálisis de la obra pública en medio del escándalo de los negociados de CFK y de Macri, etc.

El gobierno macrista, como única salida, se dispone a profundizar el ataque contra el movimiento obrero. A esta política se han plegado todos los sectores del pejotismo y la Iglesia, que ha cobrado sus servicios de contención social con el alineamiento de la mayoría de los senadores de todos los bloques del Senado, que votaron contra el aborto legal.

Contener la reacción popular que resulta de la explosividad del ajuste es la tarea sucia de la burocracia sindical. Esto vale para la CGT, pero también para todas las variantes de la CTA, incluida la encabezada por Hugo Yasky.

La CTA Yasky bloquea toda lucha contra el gobierno

El gobierno de Vidal hoy está entre la espada y la pared, como consecuencia de la rebelión educativa que emergió luego de la explosión de la Escuela 49 del distrito de Moreno, escenario del crimen contra la clase obrera que fueron las muertes de Sandra y de Rubén. Docentes, auxiliares de escuela, padres y estudiantes han salido de a miles a la calle. El Suteba de Baradel, sin embargo, hace lo imposible para evitar un plan de lucha que unifique esta rebelión educativa y quiebre el ajuste de Vidal.

En la Ciudad de Buenos Aires, es la misma dirección K que en el Subte ha abandonado todo plan de lucha para quebrar el ajuste de Rodríguez Larreta y el ataque contra la organización sindical de los trabajadores de Metrovías.

Esta CTA, pilar del bloque del 21F con Hugo Moyano, remarca la inviabilidad de luchar contra un gobierno al que pinta indestructible, y nos manda a “votar bien” en 2019 al kirchnersimo, sostén en el Parlamento y en las provincias de la misma política de ajuste antiobrero.
Por una nueva dirección en la CTA, clasista, antiburocrática, de lucha y con perspectiva de género, el 6 de setiembre votá por la Lista 6 Multicolor.



 

Fuente: https://prensaobrera.com/sindicales/43717-elecciones-en-la-cta-yasky-el-6-de-septiembre-vota-a-la-lista-6-multicolor

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Coordinadora Sindical Clasista - Partido Obrero

Politica Obrera