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viernes, 1 de noviembre de 2013

"Clarín tiene derecho a reclamar"



Martín Becerra, docente e investigador en Comunicación de la Universidad de Quilmes, UBA y CONICET, analiza el fallo de la corte suprema sobre la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El fallo de cuatrocientas páginas elaborado por la Corte Suprema de Justicia incluye apreciaciones sobre la teoría de la democracia, el rol de los grupos concentrados y la necesidad de ampliar voces y de generar debates públicos que requieren más regulación. En dialogo con los programas radiales Con el pie izquierdo (Radio Sur FM 88.3) y Llévalo puesto (FM La Tribu 88.7), Becerra marca los avances, limitaciones y conflictos del fallo.

-¿Qué destaca del fallo?

-En primer lugar que la Corte Suprema consiguió una mayoría clara que respalda la validez y la constitucionalidad de la ley, y es una pésima noticia para el grupo Clarín que va a tener que adecuarse. Sobre todo porque no esta acostumbrado a que simultáneamente el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo lo digan en sintonía que tiene que adecuarse a una norma que va a implicar un proceso de desinversión.

En segundo lugar que la Corte fue muy clara en cuanto que la ley no afecta de ninguna manera el derecho a la libertad de expresión, todo lo contrario. Según los jueces el espíritu de la ley intenta ampliar voces y no es objeto de la Corte juzgar si tal y como esta redactado el artículo 45, que es el que habla de concentración de la propiedad y de propiedad cruzada, va a ser eficaz, eso es una función que tiene el congreso nacional. Es decir que no es un fallo a favor del contenido de la ley, sino que dice lo que tiene que decir la Corte Suprema que es si se ajusta o no a la constitucionalidad.

-¿Qué implica la adecuación?


-Clarín es en dos ciudades, la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Córdoba, simultáneamente operador de cable y tiene televisión abierta, la ley dice que eso no puede ocurrir. En segundo lugar Clarín es el mayor operador de televisión por cable de argentina que a la vez es la mayor fuente de ingresos del grupo, con la empresa Cablevisión. La ley dice que Cablevisión debe tener 24 licencias y actualmente tiene arriba de 160, con lo cual se tiene que desprender de una enorme cantidad. Es cierto que muchas son en localidades pequeñas por lo que aunque el número sea grande, si Clarín conserva Cablevisión en Buenos Aires, Rosario y Córdoba, por ejemplo, no es tanta la afectación en los ingresos.

-¿Qué particularidades se prevén para este proceso?


-La propia Corte dice que Clarín tendrá seguramente la posibilidad de iniciar litigios sobre el proceso de adecuación. Cuando se conoció el fallo, el presidente de AFSCA, Martin Sabbatella, afirmó que a Clarín le corresponde que se le aplique un proceso de adecuación de oficio. Esto significa que es la propia autoridad de aplicación quien define qué medios tienen que ponerse a la venta, por lo que el grupo no tendría la misma injerencia que otros, que presentaron procesos de adecuación. Clarín no lo había hecho porque tenía esta causa pendiente de la definición de la Corte. Entonces ya esa definición de quien decide de qué desprenderse y a quién se lo transfieren, va a ser objeto de una enorme controversia judicial.

A partir de ahí se abre la posibilidad de un eventual trato discrecional, es decir un trato que no sea justo por parte del Estado hacia los distintos grupos concentrados o en términos de la cuestión indemnizatoria. La corte le dice a Clarín textualmente que podrá reclamar por daños y perjuicios.

-¿Esto podría retardar más la aplicación de la ley al Grupo Clarín? 

-Lo que se viene ahora es un proceso que no tiene la dimensión de la impugnación de la constitucionalidad, que era una causa genérica que apuntaba al texto de la ley, sino que con la adecuación comienza un proceso que va a ser muy controvertido en términos administrativos, políticos y judiciales con causas posiblemente mas pequeñas.
Yo creo que este proceso no va a ser de cuatro años, pero va a tener su tiempo de tramitación. Sí es posible y probable que Clarín obtenga alguna cautelar en relación específica al plan de desinversión, y que eso demore la efectiva adecuación a la ley. El fallo de ayer no le pone punto final al conflicto, Clarín tiene derecho a reclamar si considera que no tiene un trato justo por parte del Estado o si considera que se lo discrimina. Los abogados son hábiles en ganar tiempo y me parece que ese es el objetivo hasta 2015, donde supongo que espera encontrarse con un poder ejecutivo menos adverso que el que ha tenido a partir del año 2008.
-¿Cuáles son los pasos que debería dar la autoridad oficial para la implementación total de la ley de la que todavía hay una serie de cuestiones pendientes?
-El fallo de la Corte dice que la autoridad de aplicación ha sido muy poco activa a la hora de poner en marcha el resto de la ley que estaba vigente. No hay reserva de espectro para las organizaciones sin fines de lucro, no hay tarifa social en los cable operadores, los medios públicos son gubernamentales en lugar de ser plurales y diversos, las cuotas de producción federal que se estipulaban no se cumplen. Es decir, capítulos centrales de la ley estaban vigentes y no se cumplían.

Viéndolo con una perspectiva optimista, el fallo podría reactivar la necesidad de que el Estado tenga una aplicación de la ley pareja hacia todos los actores, pero los antecedentes en estos cuatro años no habilitan a ser muy optimistas en este sentido. La excusa de que si el grupo más grande no se adecuaba no se le podía exigir lo mismo a grupos mas pequeños se termina con el fallo. La actitud que tenga el Estado, y el gobierno en particular, frente a los distintos grupos de medios concentrados y a los actores de la sociedad civil que no accedieron hasta ahora de modo legal a la titularidad de licencias va a ser fundamental para que tengamos un indicio de que es lo que puede cambiar efectivamente o no.
En cuanto a los medios sin fines de lucro, ¿Cómo se garantiza el 33% del espectro?
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-En teoría la reserva de ese espectro debería comenzar con la elaboración de un plan técnico que permita saber cuales son las frecuencias que hoy están disponibles y reservarlas para hacer concursos específicamente entre medios sin fines de lucro. En una segunda etapa listar cuales son las licencias comerciales que van a tener caducidad en los próximos años, que hay muchas, y definir cuales de ellas van a ser de uso privado comercial como tradicionalmente ocurre y cuales van a ser reservadas para los actores sin fines de lucro.

Con lo que ha hecho el gobierno en política de comunicación audiovisual en los últimos cuatro años, nada autoriza a pensar que esta desinversión eventual que realice Clarín, y que tienen que hacer otros grupos, va a saldar esa deuda.

De hecho, el fallo de la Corte, demorado y todo, se conoce antes que el plan técnico de frecuencias que debería haber confeccionado la autoridad de aplicación y que es una exigencia.  

Los funcionarios del gobierno han dicho incluso que el sector sin fines de lucro no es una prioridad. Ese plan técnico es condición imprescindible para que estos medios puedan acceder legalmente a frecuencias.


Fuente : Marcha 
Foto final : Facebook

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